Los fondos provenientes de Suiza eran el fruto de la intermediación de Conde en la venta de Antibióticos y Laboratorios Abelló, según los informes del perito de la AEAT y de la Fiscalía de Ginebra, cosa que ha quedado probada; no procedían de Banesto.
La Fiscalía de la Comunidad de Madrid investiga cómo se filtró un documento del caso Conde desde Anticorrupción
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15/6/2017 05:00
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Actualizado: 15/6/2017 01:22
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Este caso, vaya por delante, es una «patata caliente» para la Fiscalía de la Comunidad de Madrid. Un «embolado» de muy difícil solución que tiene un nombre muy concreto: Elena Lorente, fiscal anticorrupción competente en el caso de Mario Conde, la cual se encuentra en el epicentro de las diligencias de investigación, ahora en marcha, por un supuesto delito de revelación de secretos.
El teniente fiscal de la Fiscalía de la Comunidad Madrileña, Carlos Luis de Alegría Madariaga, es quien está al frente del «embolado» que fue denunciado por el abogado Manuel Santaella, primero ante el titular del Juzgado Central de Instrucción 1, Santiago Pedraz, y luego ante el entonces fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, el 18 de mayo pasado.
Santaella es letrado de la secretaria de Mario Conde y es quien descubrió la filtración.
El supuesto delito de revelación de secretos se fundamenta en la publicación que el diario digital El Plural, realizó el 16 de junio de 2016, del informe elaborado por la fiscal Lorente en el que se oponía a la garantía hipotecaria de la fianza de 300.000 euros que el magistrado Pedraz había impuesto a Mario Conde.
Ese documento, según pudo comprobar Santaella, era el mismo que el que le había sido remitido a las partes desde el Central de Instrucción 1 por el letrado de la Administración de Justicia.
Pero tenía 4 diferencias fundamentales:
Primera, el documento publicado está en color y la copia que el letrado tenía en su poder -como el resto de las partes- en blanco y negro;
Segunda, el documento de El Plural tiene su origen en un archivo original mientras que el del Juzgado es una copia digitalizada de un fax de la Fiscalía Anticorrupción, desde el que se había mandado, en el que figuraba la fecha del envío -15 de junio de 2016- y el número de páginas, 4;
Tercera, el documento de El Plural está «limpio» -han incluido una marca de agua en todas las páginas con la leyenda «elplural.com, Periódico digital progresista»- mientras que la copia oficial del Juzgado tiene, en la parte superior izquierda, el sello de caucho en tinta de ese órgano judicial, es decir, la diligencia de constancia de que el fax entró en el día concreto, así como otro sello redondo de caucho de la Fiscalía Anticorrupción, en la parte derecha superior, con la fecha de salida, del día que se envió;
Y cuarta, el documento de El Plural no está firmado ni sellado en su última página mientras que el remitido por la fiscal anticorrupción sí lo está.
Moix envió la denuncia a la Fiscalía de la Comunidad de Madrid
Santaella envió por correo certificado a Manuel Moix la denuncia, en la que adjuntaba una copia del documento de El Plural y el oficial del caso.
El entonces jefe de la Fiscalía Anticorrupción, a la vista de los indicios aportados por el abogado, y teniendo en cuenta que la fiscal Elena Lorente es aforada, lo remitió, a su vez, a la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, para que se investigara, poniendo, así en marcha, la maquinaria fiscal.
El teniente fiscal De Alegría Madariaga, que ya está sobre el asunto -diligencias de investigación 193/2017-, dirigió el pasado 7 de junio un escrito a Pedraz pidiéndole que le informe de la providencia que le remitió a Santaella como respuesta al escrito que éste le hizo llegar el 16 de mayo pasado sobre el asunto, en el que informó al abogado que no era competente para llevar a cabo dicha investigación.
La investigación de la «notitia criminis» le corresponde legalmente a la Fiscalía de la Comunidad de Madrid.
Así lo entendió Moix y lo mismo paso con Pedraz.
Un caso único
Esta es una de las pocas veces en las que una «filtración de información a los medios de comunicación» se puede centrar en una persona en concreto, en este caso la fiscal anticorrupción Elena Lorente.
Porque ella fue la autora del informe que elaboró desde su ordenador y que luego, después de imprimirlo, firmó y selló en la primera y en la última página y ordenó que se enviara al Juzgado Central de Instrucción 6 por fax.
El teniente fiscal De Alegría Madariaga, en esta diligencia de investigación, tiene, por lógica, que interrogar a Lorente y determinar si ella envió la copia en pdf al periódico citado, si se la envió a una tercera persona que luego la remitió al medio de comunicación, o si un tercero podría haber entrado en su ordenador y haberlo mandado sin que ella lo supiera.
Sea como fuere, el desenlace de este «embolado» es problemático, porque podría desembocar en una querella por revelación de secretos.
No va a ser posible «enfriarlo» sino que precisa una resolución clara y precisa que de carpetazo al asunto.
Las consecuencias podrían ser muy graves, de ser probadas.
En una tesitura como esta, el castigo para cualquier juez, fiscal o letrado de la Administración de Justicia, podría ir desde una multa de 12 a 18 meses e inhabilitación espeical para empleo o cargo público por un periodo de tiempo de 1 a 3 años, según establece el artículo 417 del Código Penal.
Y si dicha revelación produjera un daño grave para la causa pública o para un tercero, la pena sería de prisión de 1 a 3 años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por un tiempo de 3 a 5 años.
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