Los diputados de la Asamblea de Madrid Alfonso Serrano (PP), Mónica González (PSOE) y Beatriz Gimeno (Podemos) acudirán próximamente al Congreso de los Diputados para debatir que se amplíe el derecho a voto a todas las personas con discapacidad.
Esta es una de las reivindicaciones históricas de los cerca de cuatro millones de ciudadanos que sufren alguna minusvalía en nuestro país.
Esta medida es consecuencia de la aprobación por unanimidad, este jueves en el Pleno de la Asamblea de Madrid, de una proposición de Ley de Iniciativa Legislativa ante el Congreso de los Diputados para la modificación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General con el fin de garantizar del derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad.
Esta iniciativa persigue otorgar el derecho de voto a todas las personas con discapacidad, en particular a los discapacitados intelectuales o psicosociales, de manera que se convertirá en el primer Parlamento regional en hacer uso de este mecanismo de modificación de una ley orgánica.
La iniciativa, presentada por el PSOE, recoge una reivindicación histórica del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) que propone la modificación del artículo 3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), con la suspensión de los dos apartados que establecen que carecen de derecho a sufragio «los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme», así como «los internados en un hospital psiquiátrico», siempre que se indique expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio.
La iniciativa aprobada incluye una disposición adicional que establece que «las personas a las que se les hubiere limitado o anulado su derecho de sufragio por razón de discapacidad quedan reintegradas plenamente en el mismo por ministerio de la Ley».
Reivindicación histórica no satisfecha: derecho universal al sufragio
Como recordarán nuestros lectores, la búsqueda del sufragio universal es una de las reivindicaciones de las personas con discapacidad.
De hecho desde CONFILEGAL nuestra publicación se ha ido haciendo eco de diferentes medidas de presión para lograr dicho derecho, como la manifestación que tuvo lugar delante del Tribunal Constitucional, este pasado mes de febrero, convocada por las principales organizaciones de la discapacidad, para defender ese derecho.
Todos los interlocutores consultados por esta publicación han señalado la necesidad de reformar la actual Ley Electoral mientras se espera que a ministra de Sanidad, Dolors Montserrrat, cumple su promesa de realizar dicha reforma para que para las cerca de 100.000 personas con discapacidad puedan ejercer su derecho a voto, tal y como señala la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Desde el Comité Española de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), su presidente, Luis Cayo Pérez, se ciñe a la propuesta de proposición de Ley que enviaron a principios del año pasado a todos los grupos parlamentarios con representación en Congreso y Senado.
En su exposición de motivos se basa en el artículo 14 de la Constitución que indica que todos los españoles son iguales ante la ley y en la citada Convención Internacional en su artículo doce donde también se recoge el derecho a la igualdad.
Por su parte, Plena Inclusión Madrid y su director general Javier Luengo advierte que “la reforma de la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de Régimen Electoral General (LOREG) es una demanda histórica del movimiento asociativo por lo que el anuncio hecho por la ministra es una buena noticia para nosotros que esperamos se lleve a cabo en el corto plazo, máxime cuando parece haber un consenso político bastante amplio en torno a esta cuestión y cuando existen recomendaciones del Comité de Naciones Unidas”.
Necesidad de cambiar artículo 3 de la actual Ley Electoral
Para estos expertos la cuestión se encuentra en la propia LOREG y en su artículo 3 que es el que solicitan que se reforme, tanto en los apartados b y c como en el punto 2.
El problema está en que este artículo obliga a que en la sentencia de modificación de la capacidad de obrar, lo que antes denominábamos incapacitación, se determine la capacidad para el ejercicio del derecho al voto.
En opinión de Agustín Matía, gerente de Down España subraya que la propia ministra Montserrat en las declaraciones realizadas “hablaba de una línea roja como es la capacidad de discernimiento que nos preocupa saber dónde sitúa la titular de Sanidad esa capacidad.”.
A su juicio estamos ante un planteamiento de derechos civiles donde la ONU y su dictamen último recomendó a España que modificase su ley electoral porque era discriminatoria”. Al mismo tiempo recuerda que nuestro país firmo la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, que es derecho positivo y que es de obligado cumplimiento.
Según datos que ha podido conocer CONFILEGAL desde la entrada en vigor en España de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, hace ocho años, el marco internacional que regula los derechos de estos ciudadanos y que nuestro país suscribió en su día, han sido doce los procesos electorales celebrados en nuestro país en los que más de 100.000 personas no han podido participar por tener una discapacidad.
