“Justicia para todos”, seguro que en numerosas ocasiones lo hemos escuchado, y es lógico que dado que la justicia emana del pueblo, se pretenda que esta sea accesible y ágil para el ciudadano. Sin embargo, podemos afirmar que entre el ciudadano que no tiene conocimientos en Derecho y el sistema judicial, hay un abismo que se plantea como insalvable, una gran brecha que se tiene que afrontar.
¿Cómo acercar a ambos? ¿Es posible reducir esa brecha?
Una de las respuestas la encontramos en el binomio compuesto por la innovación legal y la tecnología.
Es innegable que aprovechando la tecnología podemos mejorar la situación con las ventajas que plantea -siendo probablemente un handicap el que el jurista no reciba formación en este ámbito-.
Véanse como ejemplos el desarrollo de apps que permiten ejecutar medidas personales y patrimoniales posibilitando que las partes sean capaces de gestionar las mismas desde sus móviles (régimen de visitas, vacaciones, el pago de las pensiones, etc), el conocimiento de las subastas judiciales que se organizan teniendo la posibilidad de pujar en ellas, facilitar la comprensión de leyes para aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad o las que facilitan el funcionamiento y gestión de los turnos de asistencia jurídica gratuita, entre otras muchas.
Observamos la multitud de ventajas y utilidades que comportan, a la cual debemos añadir el hecho de poder ser uno de los recursos para lograr uno de los valores más importantes para el ciudadano: la transparencia.
El sujeto de Derecho, no solo demanda una accesibilidad a la justicia y que esta sea ágil, sino una gran transparencia en los procedimientos y medidas judiciales, que repercutirá sin lugar a duda en una mayor confianza en estos. Debemos ver así la tecnología no como un factor que sirva para polarizar posturas, la digital y la conservadora, todo lo contrario, debe ser un elemento de unión entre ambos sectores en pro de la persona y su relación con el mundo judicial.
Algunas posibles soluciones que se podrían adoptar, ya sea por parte del CGPJ o el Ministerio de Justicia podrían ser la creación de espacios de coworking entre profesionales del sector como jueces, fiscales, abogados del estado… y tecnólogos, ya que estos primeros pueden haber identificado problemas del sistema pero no tienen medios o conocimientos para poder darles soluciones reales y efectivas.
También se podrían crear, como de hecho es incipiente, proyectos a nivel nacional para fomentar lo que denominamos innovación de base tecnológica legal (ITBL), así como programas de ayudas a emprendedores o departamentos en los que se derive esta tarea específicamente.
Por si continúan existiendo algunos escépticos, Tony Judt decía “realmente una sociedad justa es aquella en la que la justicia se practica de forma habitual”, y dado que en España es más que habitual la práctica de ésta, con una media de 1.833.608 procesos tramitados ante los órganos jurisdiccionales, es esta gran cifra la que debe hacernos conscientes de la necesidad imperiosa de mejorarlos en todo lo posible, y que una de las herramientas para ello sea este binomio planteado, que no solo empieza a implementarse y estudiarse cara al ciudadano y Administración, sino también en los grandes despachos.
Prueba de ello la jornada organizada hace unos días en Esade Law School en colaboración con la Fundación Wolters Kluwer, en la que los socios directores de Garrigues, Uría Menéndez y Cuatrecasas, abordaban esta situación y analizaban los distintos retos a los que se enfrentaban en el sector legal privado respecto a la innovación tecnológica.
No hay duda que la tecnología, la inteligencia artificial, llegó hace tiempo y fue para quedarse, y que esta avanza inexorablemente, sin embargo el gran reto al que nos enfrentamos consiste en mejorar el sistema judicial con su adecuada gestión e implementación.
