El exgerente del PP, Luis Bárcenas, y el presidente de la Comisión de investigación sobre la supuesta financiación ilegal del PP, Pedro Quevedo, el pasado 26 de junio, cuando el primero compareció ante los diputados que la conforman. Congreso.
El CGPJ advierte a la Comisión que investiga la financiación del PP que no puede tener acceso indiscriminado a los sumarios en fase de instrucción
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02/7/2017 14:58
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Actualizado: 02/7/2017 14:59
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El Consejo General del Poder Judicial (CGP) ha advertido a la Comisión parlamentaria, que investiga la supuesta financiación ilegal del Partido Popular, que no puede disponer ni acceder a la información que contienen todos aquellos sumarios que se encuentran en fase de instrucción de forma general e indiscriminada.
Debe concretar de forma específica cada caso y los datos que se precisan.
Así se lo ha hecho saber el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, en una carta dirigida a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, fechada el pasado 20 de junio, en la que le dice que para que la citada Comisión pueda tener acceso a los distintos sumarios, «resulta imprescindible que se concreten e identifiquen de manera precisa los datos necesarios para ello, como son la identificación concreta del órgano judicial que está conociendo de los procesos en cuestión (clase de órgano, número, localidad…), número de procedimiento completo y el tipo de procedimiento de que se trate», según publica Agustín de Grado en Okdiario.
El presidente de la Comisión de investigación, Pedro Quevedo Iturbe, diputado de Nueva Canarias, ha tenido que enviar una nueva petición de documentación, identificando todos los procesos y casos que se pretenden investigar sobre la supuesta corrupción del PP, tal como se le ha requerido.
Aún en el caso de que la información requerida por Quevedo sea correcta, eso no significa que pueda ser entregada al Parlamento por los jueces.
De acuerdo con un informe elaborado por los servicios jurídicos del CGPJ, la decisión final es potestativa de cada juez instructor.
En principio, ninguna comisión parlamentaria puede interferir en el proceso judicial de un caso, y menos en la fase de instrucción.
Para empezar, hay que determinar si los casos están bajo secreto de sumario, cosa que imposibilitaría dicha entrega. Segundo, está el obstáculo del artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que dice que «Las diligencias del sumario serán reservadas y no tendrán carácter público hasta que se abra el juicio oral, con las excepciones determinadas en la presente Ley».
Sólo pueden tener acceso a las mismas las partes, y la Comisión Parlamentaria no es parte en cada uno de esos casos.
Además, cabe la posibilidad de que los documentos que se entregaran pudieran comprometer el curso de las investigaciones judiciales.
El informe fue elaborado ante las dudas que planteó la comisión de investigación sobre el exministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, y en el mismo se advierte que, para garantizar la independencia judicial, el juez encargado de cada procedimiento debe estudiar y concluir si las peticiones que reclaman sus señorías están o no sometidas al secreto del sumario, si su traslado fuera de la sede judicial puede poner en peligro los derechos fundamentales de las partes y si la investigación judicial en curso puede resultar obstaculizada.
De acuerdo con el mismo, cada juez debe remitir al presidente del CGPJ un informe, a su vez, con su opinión sobre si se puede enviar la documentación requerida, o si, por el contrario, considera que no, para preservar las garantías de las partes implicadas en el caso y su propia independencia.
En este escenario, será Lesmes, el que tenga la última palabra.
En nuestra historia existe un precedente de un caso como este muy conocido: la Comisión de investigación sobre los atentados del 11M, que presidió el también canario Paulino Rivero, la cual fue creada en mayo de 2004 para esclarecer las circunstancias bajo las que se produjeron los atentados.
En aquella ocasión, el juez instructor de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, entregó en un CD los autos que había emitido hasta el mes de julio de 2014 y las declaraciones de un portero de Alcalá de Henares. El resto estaba bajo secreto del sumario.
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