La Fiscalía pide 50 años de prisión para los autores de la agresión de Alsasua

La Fiscalía pide 50 años de prisión para los autores de la agresión de Alsasua

4 / 07 / 2017 16:48

Actualizado el 08 / 07 / 2020 10:23

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado una pena de 50 años de prisión para 7 detenidos por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas el pasado 15 de octubre en Alsasua (Navarra), a los que considera autores de cuatro delitos de lesiones terroristas.

Según fuentes jurídicas, el fiscal pide que a estos siete procesados se les condene por cuatro delito de lesiones terroristas y reclama 12 años y medio de cárcel por cada uno de estos delitos.

Para una octava procesada pide 12 años y medio de prisión por un delito de amenazas terroristas.

Todos ellos serán juzgados por los hechos sucedieron el 15 de octubre de 2016 en el bar Kotxa de Alsasua, cuando dos guardias civiles y sus parejas fueron agredidas por varias decenas de personas, entre gritos e insultos como “fuera de Heuskal Herria” o “perro vete al monte”.

El fiscal José Perals relata en su escrito de acusación que los hechos ocurren en el marco de una campaña contra los agentes de Guardia Civil y Policía desplegados en Navarra y País Vasco que se conoce con el nombre de ‘Alde Hemendik‘ (‘Fuera de aquí’) y que en la actualidad busca crear un clima de «miedo y rechazo» entre los ciudadanos.

Tres de los ocho acusados, considerados los principales responsables, Jokin Unamuno, Oihan Ardanaz y Adur Ramírez se encuentran en prisión provisional, mientras que el resto están en libertad.

Respecto a la competencia

La decisión llega después de un litigio entre la Audiencia Nacional y la Audiencia Provincial de Navarra sobre la competencia para investigar y enjuiciar los hechos.

Mientras el tribunal navarro entendía que él era el competente porque la agresión no podía entenderse como terrorismo, mientras que la Audiencia Nacional reclamaba para sí la causa al apreciar la existencia de este delito.

Finalmente, el pasado 1 de junio, el Tribunal Supremo dirimió el conflicto de competencia y decidió que correspondía a la Audiencia Nacional.

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