La Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a una mujer a un año y seis meses de prisión por estafar más de 40.000 euros a un hombre con el que entabló relación a través de una red social, fingiendo que los necesitaba para tratarse una enfermedad.
En una sentencia de conformidad se considera que esta mujer es responsable en concepto de autor de un delito continuado de estafa, ya que además utilizó datos de otras personas para dar de alta líneas telefónicas en dos compañías distintas y utilizarlas.
Es por ello que, además de la condena de prisión, en concepto de responsabilidad civil se le impone el pago de una indemnización superior a los 600 euros en total a ambas compañías.
Según indica la agencia efe, el Tribunal ha acordado la supensión de la ejecución de la pena por un período de tres años, que se alzará en caso de que esta mujer vuelva a delinquir o no indemnice a los perjudicados y el que se someta a terapia por un psicólogo al objeto de ser tratada de los desequilibrios que le condicionan su comportamiento para delinquir .
Hechos probados
Se considera probado que la acusada, con ánimo de obtener un ilícito enriquecimiento patrimonial, el 19 de agosto de 2012 conoció a través de una red social a un hombre y entabló con él una relación de amistad en la que la acusada se identificó con un alias y le envió la foto de una chica joven, su exnuera.
Así y una vez que se ganó la confianza y amistad del hombre, mediante engaños y para obtener un beneficio económico, llegó a convencerlo de que tenía una enfermedad que le causaría la muerte si no se trataba con costosos medicamentos e intervenciones quirúrgicas para lo cual estaba ingresada en una clínica de Pamplona.
La acusada le facilitó un de la que ella era titular llegando a recibir del esta persona entre agosto de 2012 y septiembre de 2013 hasta un total 40.990 euros, no solo mediante transferencia sino mediante giros postales dirigidos a su nombre que bien su hijo o bien su pareja de entonces recibían por encargo de ella sin saber el origen del dinero.
Asimismo, la acusada en fecha no determinada pero en todo caso entre los años 2012 y 2013, y con ánimo de enriquecimiento patrimonial, concertó con dos compañías telefónicas, dos líneas de teléfono, a nombre de personas que no conocía, quienes interpusieron las respectivas denuncias tras serle reclamadas por las empresas distintas cantidades por consumo.
