Fernando Clemente es el miembro del Cuerpo Superior de Letrados del Tribunal de Cuentas que acaba de presentar una denuncia ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra el presidente de esa institución, Ramón Álvarez de Miranda García, y los consejeros Javier Medina Guijarro, virtual “número 2” y presidente de la Sección de Fiscalización, y Felipe García Ortiz, presidente de la Sección de Enjuiciamiento.
Los tres son miembros de la Comisión de Gobierno. Y los ha acusado de haber abusado de su poder, supuestamente, para recolocar al hermano de Javier Medina Guijarro, Enrique Medina Guijarro, en un puesto nivel 30.
Es un caso de enchufismo, que la Sala de lo Contencioso-Administrativo calificó, en su última sentencia condenatoria -y anulatoria del nombramiento-, de «desviación de poder».
En esta entrevista, Clemente -28 años como funcionario en el Tribunal de Cuentas y colaborador de Transparencia Internacional- explica las razones que le han llevado a denunciar a los tres máximos responsables de la institución en la que presta sus servicios.
¿Por qué ha presentado esta denuncia ante el Tribunal Supremo contra la Comisión de Gobierno del Tribunal de Cuentas?
Porque se han terminado los procesos judiciales contencioso-administrativos y, a la vista de las sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, he considerado que hay unas posibles actuaciones tipificadas en el Código Penal que deben ser conocidas por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
Cualquier ciudadano que conozca de un posible delito tiene que ponerlo en conocimiento de los jueces. Es lo que dice la ley. Yo considero que hay base para ello.
Por eso he dado el paso.
Prevaricación y malversación de fondos públicos son dos alegaciones muy serias…
No es justo que si un ciudadano recurre contra una Administración y es condenado en costas, las pague de su bolsillo. Y, en cambio, si una autoridad realiza unas actuaciones ilegales (así declaradas por el Tribunal Supremo en este caso), al ser condenada en costas se paguen con cargo al presupuesto público, cuando debería pagarlas la autoridad responsable de su bolsillo personal.
El Tribunal de Cuentas ha sido condenado a pagar 38.000 en costas.
Yo considero que no somos los contribuyentes los que debemos pagarlas sino ellos.
El fondo de la cuestión es el intento de colocar a dedo, en un puesto nivel 30, al hermano del número 2 del Tribunal de Cuentas. Hay que tener muchos arrestos para presentar una denuncia ante la Sala de lo Penal contra los máximos dirigentes de la institución en la que usted presta sus servicios como letrado. ¿Tiene miedo por posibles actuaciones contra usted?
Creo y confío en que estamos amparados por la Constitución. Y creo y confío que en España rige el Estado de Derecho. Recuerdo las recientes palabras de Su Majestad el Rey: “Fuera de la ley sólo hay arbitrariedad”.
Y como decía en su mensaje de Navidad de 2014, “las conductas que se alejan del comportamiento que cabe esperar de un servidor público provocan indignación”.
¿No teme represalias, de alguna manera, dentro del Tribunal?
No, en general. En todo caso, alguna represalia ya se ha producido, como excluirme como alumno de un curso para el que había sido propuesto.
La he recurrido.
El Tribunal Supremo falló 4 veces a su favor en 2015 y 2016 y calificó lo que habían hecho con el hermano del consejero de «desviación de poder». Para que la Sala de lo Contencioso-Administrativo escriba esas palabras en una sentencia tiene que verlo muy claro, ¿no es así?
El Tribunal Supremo tiene un altísimo nivel jurídico técnico y cuando hace un pronunciamiento de estas características lo motiva claramente. Este ha sido el caso. Yo creo que la frase «desviación de poder» se explica por sí misma. No hace falta aclarar nada más.
El pasado mes de febrero esa misma Sala emitió un auto conminando al Tribunal de Cuentas a cumplir su última sentencia, que anulaba el procedimiento del nombramiento a dedo del hermano del consejero… 10 meses después de haber publicado la sentencia. A eso cómo se le puede denominar, ¿desobediencia al Tribunal Supremo?
No me atrevo a calificar. Y menos, desde un punto de vista penal, la posible desobediencia del Tribunal de Cuentas. Lo que tengo claro es que sus sentencias deberían de ser cumplidas en su literalidad en el período más corto de tiempo posible y no tener que acudir como es el caso que menciona, al planteamiento de un incidente de ejecución, para que, finalmente, el Tribunal de Cuentas se vea obligado a convocar la plaza que era objeto de litigio.
Recientemente, tanto Ciudadanos como Podemos abogaron por la reforma del Tribunal de Cuentas. ¿Cuál es su opinión?
Creo que hay buenas expectativas para una modificación de la normativa del Tribunal de Cuentas, por parte de Ciudadanos, Podemos y el PSOE. Y el punto de partida, en mi opinión, es el Informe que elaboró el Tribunal de Cuentas de Portugal y el Tribunal de Cuentas Europeo, denominado “revisión entre pares” y que, por desgracia, desde que se elaboró, hace dos años, está abandonado.
¿Qué espera usted que haga la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo a partir de ahora?
Evidentemente que cumplan sus funciones, de acuerdo con la ley, y, por tanto investiguen, determinando si en las actuaciones descritas en las sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, y que se contienen en la denuncia, existen ilícitos penales.
