La Comisión de Sanidad del Congreso ha aprobado este miércoles el proyecto de ley sobre resolución alternativa de litigios en materia de consumo, según el cual estos procedimientos serán gratuitos para los ciudadanos y no habrá límites del importe de la reclamación.
De esta forma, y a través de una de las más de cien enmiendas que se han presentado al proyecto de ley, en este caso socialista, estos litigios serán gratis para los ciudadanos. Ya no se deberá abonar el máximo de 30 euros que fijaba el texto inicial para la gestión del sistema de arbitraje para la resolución de conflictos de consumo.
El proyecto, transpone la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo, como ha indicado Patxi López, presidente de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, en la defensa de las enmiendas.
La Ley pretende garantizar a los consumidores residentes en la UE la posibilidad de resolver litigios con empresarios establecidos en cualquier estado de la Unión y facilitarles que los posibles problemas derivados de sus contratos tengan una solución extrajudicial.
Se trata de conflictos de carácter nacional o transfronterizo surgidos entre un consumidor y un empresario, con ocasión o como consecuencia de un contrato de compraventa o de servicios celebrado de forma presencial, electrónica o telefónica.
De acuerdo con la reforma aprobada hoy, no podrán acreditarse entidades en las que haya personas retribuidas por el empresario reclamado.
También obliga a las entidades financieras y a las compañías aéreas a someterse a este procedimiento y aprueba un plan de ayudas para las Juntas Arbitrales de Consumo.
Junto a la gratuidad del procedimiento, el texto elimina los umbrales mínimo (30 euros) y máximo (10.000 euros) para admitir a trámite una reclamación.
Desde el PP, la diputada María Torres, ha destacado el esfuerzo de transaccionar 58 de las 116 enmiendas presentadas a la ley y ha resaltado que la misma, dará un «nuevo impulso» a la resolución extrajudicial de los conflictos de consumo.
Por su parte, la socialista Begoña Tundidor ha destacado que «los derechos de los consumidores se convierten en papel mojado y son derechos virtuales si no existen los procedimientos y los cauces adecuados para ejercerlos». Y ha recordado que «la Directiva obliga a los estados miembros a garantizar a los consumidores el ejercicio de sus derechos, ofreciéndoles posibilidades de que sus reclamaciones sean resueltas por entidades que ofrezcan procedimientos de resolución de litigios que sean independientes, imparciales, transparentes, efectivos, rápidos y justos».
Asimismo, ha resaltado la importancia de las enmiendas socialistas que han logrado también la obligatoriedad de las entidades financieras y el carácter vinculante para las compañías aéreas de someterse al procedimiento de resolución ante la entidad acreditada que se cree en esos ámbitos.
Por su parte, Fernando Navarro, de Ciudadanos, ha calificado la nueva forma de resolver los conflictos de consumo como «sencilla, asequible y eficaz, algo que ahora no está pasando». Y ha resaltado que «las transacciones aprobadas han mejorado el texto original».
María Asunción de la Concha, de Podemos, ha precisado que hubiera preferido «una ley muy clara que ofreciera asistencia gratuita, gestionada desde lo público». También «que incluyera a los autónomos y protegiera a las pequeñas empresas en su relación con otras sociedades y grandes corporaciones».
