La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha rechazado la propuesta del promotor de la Acción Disciplinaria (pAD) en funciones, José Sierra, de archivar la investigación abierta al magistrado de la Sección 6ª de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, Salvador Alba, por las grabaciones realizadas a sus compañeros durante una conversación informal durante la cual uno de ellos hizo comentarios xenófobos, y ha ordenado que continúe con la misma.
En el ánimo del máximo órgano del CGPJ entre Plenos al parecer ha pesado la «patata caliente» del escrito remitido por el Consulado de la Federación Rusa en Canarias al pAD instando a confirmar la información publicada el pasado 25 de abril por Confilegal en la que se identificaba al magistrado de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Carlos Vielba, como el autor de los comentarios xenófobos vertidos contra rusos, italianos y rumanos.
“Esta legación consular interesa respetuosamente de S.E., que habiendo sido denunciados previametne dichos hechos, por si fueren constitutivos de infracción disciplinari, la confirmación de ser el referido Magistrado el autor de dichos comentarios (además de tiladas a todos los ‘italianos del Sur, de Roma para abajo’ de ‘mafiosos todos’ y a las muejres rumanas de ‘putas’) en relación al artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por desconsideración manifiesta y grave hacia dichos ciudadanos”, decía la misiva enviada por José Antonio Penichet Sánchez, representante legal del Consulado ruso.
“Con todo, más allá del carácter gravemente ofensivo de las expresiones injuriosas vertidas hacia los nacionales rusos (y de otras nacionalidades) interesa especialmente determinar si, habida cuenta de los prejuicios del referido Magistrado, incompatibles con cualquier apareincia de imparcialidad y objetividad, el referido Magistrado ha incumplido deliberadamente su deber de abstención del artículo 417.8 de la LOPJ, determinándose en qué asuntos ha formado sala y en qué ponencias ha intervenido relativos a nacionales rusos”, añadía el Consulado.
Y advertía que de no recibir una contestación adecuada, dicha “inacción” podría derivar en una protesta formal del embajador de la Federación Rusa en España ante el ministro de Asuntos Exteriores de España y ante el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial.
A tenor de los pasos dados, el CGPJ no tiene mucha idea de lo que se debe hacer a continuación salvo mantenerlo abierto, ante la espada de Damocles de la queja de las autoridades rusas.
La segunda vez que el pAD pide el archivo
Es la segunda vez que el promotor recibe la misma orden. Un promotor distinto, para ser más exactos. Porque el titular, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, dimitido el pasado XX, hizo la misma propuesta que ahora ha hecho Sierra; recibió la misma constestación.
La decisión de Fonseca-Herrero, como ahora la de Sierra, se basó en la consideración de que en la primera de las grabaciones no se revela ningún hecho conocido en el ejercicio de la función judicial, sino que se trata de conversaciones informales sobre temas personales y profesionales. En la segunda, el promotor entiende que también se trata de hechos ajenos a su función judicial, afectando a la esfera privada de algunas personas y, por tanto, carece de relevancia disciplinaria.
La falta que, en todo caso podría haber cometido el magistrado Alba, se incardina en el artículo 419 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dice, en su punto 2, que califica este hecho como «La desatención o desconsideración con iguales o inferiores en el orden jerárquico, con los ciudadanos, los miembros del Ministerio Fiscal, médicos forenses, abogados y procuradores, graduados sociales, con los secretarios o demás personal que preste servicios en la Oficina judicial, o con los funcionarios de la Policía Judicial».
La decisión de la Permanente ha obligado al pAD a citar a Alba para el próximo 21 de julio en el CGPJ.
La pelota en el tejado de la Federación Rusa
La vida de este asunto va a depender mucho de la decisión que tome el Consulado de la Federación Rusa. Una de las posibilidades que están barajando es personarse en la causa porque al tener interés directo están legitimados para ello. Falta por ver de qué manera.
El mencionado Consulado pediría, en esa nueva fase, al pAD que pida al magistrado Alba, primero, que identifique a la persona que hace esas afirmaciones tan lesivas para sus nacionales, por una parte, y a que lo castigue por otra.
De otra forma, el desenlace podría desembocar en otra propuesta de archivo visto lo visto la relevancia de lo ocurrido.
