El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón tomará declaración este miércoles en calidad de investigado al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González en el marco de la investigación sobre presuntas irregularidades cometidas en el Canal de Isabel II.
El presunto cabecilla de la trama Lezo solicitó declarar voluntariamente ante el juez instructor del caso para pedir una rebaja de las medidas cautelares adoptadas el pasado 21 de abril cuando se decretó prisión sin fianza tanto para él como para su hombre fuerte en Sudamérica y expresidente de Inassa (filial del Canal), Edmundo Rodríguez Sobrino.
Esta formulación se hizo el pasado 7 de julio una vez levantado parcialmente el secreto de sumario de la causa, lo que le permite conocer con más detalle los fundamentos de la acusación, según explicaron entonces a Europa Press fuentes de la defensa.
Su primera declaración en dependencias judiciales se produjo un día después de su detención y en ella el presunto cabecilla de la trama negó los hechos que se le imputaban y matizó que siempre había actuado en el marco de la legalidad.
El entonces instructor del caso, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, decretó prisión incondicional sin fianza para él y para Rodríguez Sobrino, por irregularidades en la compra de la empresa brasileña Emissao. Por estos hechos les imputa los delitos de pertenencia en organización criminal, blanqueo, falsificación de documentación públicos, prevaricación, fraude y malversación.
En su auto de prisión expuso que implicó a los directivos de la sociedad en el desvío de 25 millones de dólares de las arcas públicas a paraísos fiscales mediante una operativa que integran igualmente los también imputados Adrián Martín, exgerente del Canal, y María Fernanda Richmond, exdirectora financiera de la sociedad.
Su hermano también declarará en otra causa
La comparecencia de Ignacio González por el caso Lezo coincidirá con la de su hermano Pablo González, en prisión bajo fianza de 4 millones de euros, si bien este declarará ante el juez José de la Mata en relación con la empresa pública Mercasa (Red española de Mercados Centrales de Abastecimiento), de la que fue directivo y que está siendo investigada en el marco del caso Defex, una empresa semipública.
El juez De la Mata le ha llamado a declarar en relación a un contrato de unos 500 millones de dólares que firmó Mercasa con el gobierno de Angola para montar un mercado mayorista tipo Mercamadrid en su capital, Luanda.
Se indagan en concreto sobreprecios en ese contrato, que pudieron servir para pagar comisiones y acabar en los bolsillos de los investigados, a los que se les imputan delitos de corrupción en los negocios, blanqueo, cohecho y pertenencia a organización criminal. (CONFILEGAL/EP)
