El presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Manuel Almenar, ha reclamado una «apuesta verdadera por la Justicia» que asegure que «los jueces pueden desempeñar una labor que garantice un servicio público, ágil, eficiente y de calidad para crear órganos judiciales» y, por otro lado, que atienda «las necesidades de los ciudadanos».
Subraya que que «no tiene sentido» que un gobierno determinado «enfoque» la justicia en una dirección y a continuación otro gobierno «la cambie» y se vuelva a la «situación inicial».
Así lo ha expresado el magistrado Almenar al ser preguntado por el distanciamiento del PSOE de un posible pacto por la Justicia, antes de entrar al curso organizado por la Universidad Complutense de Madrid ‘Pacto de Estado para la Justicia‘ en San Lorenzo de El Escorial.
Asimismo, el presidente de la APM ha apostado por un pacto por la Justicia que resuelva también los problemas administrativos como «el funcionamiento deficiente» y «la apariencia de falta de independencia», que están provocando «una pérdida de credibilidad».
Con todo, Almenar ha dicho que la Justicia a la que se aspira «es posible», siempre y cuando se «interiorice» que la Justicia debe ser «una realidad a construir» entre todos, por encima de «intereses partidistas». «Invertir en Justicia está en el futuro de todos», ha concluido.
Desde la APM apoyan la persecución de la compra de urnas en Cataluña por la Fiscalía
Manuel Almenar también ha defendido a la Fiscalía en su actitud de persecución penal de la compra de urnas en Cataluña de cara al referéndum secesionista del próximo 1 de octubre.
«La Fiscalía tiene que velar por el cumplimiento de la ley, igual que lo hacemos los jueces», ha insisto. «Cualquier conducta en contra de las leyes» que se enmarcan dentro de la base del Estado de derecho «da lugar a una responsabilidad». «Esa responsabilidad puede ser civil, contencioso-administrativa o penal».
En este sentido, el presidente de la APM ha advertido de que uno de los tipos previstos en el Código Penal es la malversación, «cuando se destinan fondos públicos para algo que está prohibido en la ley», o la prevaricación, «cuando se dicta una resolución manifiestamente injusta a sabiendas». (EP)
