El Parlamento de Canarias hizo historia el pasado 25 de mayo al aprobar, por unanimidad de todos los partidos políticos, una proposición no de ley (pnl) por la que se declaraba el robo de bebés como un «crimen contra la humanidad» y se pedía al Gobierno de la nación que creara una base nacional de datos genéticos y que se repitieran las pruebas de ADN – fuera del «negocio» de ningún laboratorio genético privado-.
Se estima que el número de bebés robados, o adoptados ilegalmente en España, desde el final de la guerra civil española se eleva a alrededor de 300.000.
Tanto el Grupo Popular, Podemos, el Grupo Socialista, el Grupo Nacionalista Canario, Nueva Canarias y el Grupo Mixto conminaron al Ejecutivo a que instara a la Fiscalía a realizar una investigación «efectiva y real».
La pnl también reclamaba el acceso de las víctimas y los investigadores a los archivos eclesiásticos, clínicos y administrativos, así como la creación de una Comisión Nacional Española por el Derecho a la Identidad (CONEDI) con el fin de esclarecer las desapariciones infantiles, siguiendo así el modelo puesto en marcha en Argentina a mediados de los años 80.
Fue una decisión que estuvo muy presente ayer, 30 de agosto, durante la celebración del Día Internacional de las víctimas de desapariciones forzosas, establecido por Naciones Unidas.
Una efemérides que en Madrid se materializó con una concentración ante el Congreso de los Diputados impulsada por la plataforma Camino de la Justicia, la asociación AVIDNA y el Observatorio Internacional para la defensa de los Derechos Humanos Nuevo Ágora.
Durante la misma, las víctimas leyeron un manifiesto exigiendo que primara «la verdad, la justicia y la reparación» con el fin de esclarecer las desapariciones mencionadas.
Amnistía Internacional, por otra parte, anunció ayer el lanzamiento de la campaña «Nada es igual, si alguien desaparece», para denunciar las más de 100.000 desapariciones forzadas durante la Guerra Civil y el franquismo en España, que aún no han sido investigados.
