El Tribunal de Cuentas ha citado el próximo 25 de septiembre en Madrid a once exaltos cargos del Govern, entre ellos el expresidente Artur Mas, para comunicarles la fianza que deberán abonar para hacer frente al gasto público destinado a la consulta del 9N, estimado en 5,12 millones de euros.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha expresado su «total apoyo» a los afectados por la citación del Tribunal de Cuentas como el expresidente Artur Mas y ha anunciado que la ley del referéndum se aprobará esta semana y que el Gobierno catalán lo convocará para que se celebre el 1 de octubre.
Según fuentes próximas a los implicados, entre los citados están también los exconsellers Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs, todos ellos inhabilitados, al igual que Artur Mas, por la consulta del 9N, y también se incorpora ahora a otros siete cargos políticos y técnicos de los departamentos de Presidencia y Gobernación de la Generalitat.
En el listado se incluyen el exsecretario general de Presidencia, Jordi Vilajoana, así como Lluís Bertran, Josefina Valls, mujer del exconseller Jordi Baiget, que abandonó el Govern precisamente por miedo a perder su patrimonio; Carolina Pardo, Jaume Domingo, Ignasi Genovés y Jordi Serra.
Según fuentes del PDeCAT, ese día se les comunicará la cuantía de la fianza y cómo se reparte, dado que no todos los citados tienen el mismo grado de responsabilidad contable.
En el caso de que no abonen las cantidades que el tribunal les reclame, podrá procederse al embargo de los bienes y cuentas de los investigados en esta causa.
No obstante, el presidente de la ANC, Jordi Sànchez, y el de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, han pedido este martes a los catalanes que hagan aportaciones económicas a la ‘caja de solidaridad’ que crearon meses atrás para ayudar a pagar las multas y fianzas vinculadas a la organización de la consulta del 9 de noviembre. Con ello, los 11 excargos no tendrán que hacer frente a embargos ni hacer frente a la cuantía con su patrimonio personal.
Inicio de la investigación
Esta investigación, que el tribunal decidió activar el pasado 19 de julio, tiene su origen en una denuncia fue presentada por Societat Civil Catalana (SCC) y la Asociación de Abogados Catalanes por considerar que, aunque Mas y sus consejeros ya fueron condenados por desobedecer al Tribunal Constitucional al organizar aquella consulta de 2014, ello no les exime de su responsabilidad contable por el uso irregular de dinero público.
El procedimiento, en el que está personada la Abogacía del Estado, tiene como objetivo contrastar la denuncia de los colectivos catalanes para determinar las responsabilidades contables de Artur Mas y sus consejeros y, en su caso, reclamar su reintegro al Tesoro.
En concreto, los denunciantes individualizaban una serie de gastos públicos por un importe global de más de 5 millones de euros: construcción de una página web institucional (14.837.60 euros); material para la votación (70.532,08 euros); adquisición de ordenadores portátiles para las mesas de votación (828.171,42 euros); póliza aseguradora para voluntarios (1.409,26 euros); apoyo informático a la consulta (1.106.185,77 euros) y envío de información (307.962,71 euros).
Las asociaciones acusaron a Mas y a sus exconsejeros de facilitar la logística y todos los medios los medios materiales y presupuestarios necesarios para la realización de la consulta popular, «por lo que destinaron caudales y efectos públicos puestos a su cargo para una finalidad ajena a las competencias y funciones públicas que tenían encomendadas, que aunque amplias, lógicamente, no eran ilimitadas».
También señalaron en su denuncia como objeto de responsabilidad contable el hecho de que los dirigentes denunciados ordenaran a subordinados y entes públicos dependientes, cada uno dentro del ámbito de su ámbito de responsabilidad institucional, «la aplicación económica de fondos públicos por un importe no inferior a 5.129.833 euros para realizar un conjunto de actuaciones en abierta y franca contradicción con la Constitución, desprovistas de soporte presupuestario por desborde competencial, y desobedeciendo la orden de suspensión que había decretado el Tribunal Constitucional».
INHABILITADOS POR EL SUPREMO
Este procedimiento contable se suma a las condenas de los cuatro políticos catalanes, que ya fueron sentenciados por la vía penal. Por un lado, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó a dos años de inhabilitación a Artur Mas y a nueve meses a las consejeras Ortega y Rigau por desobedecer al Tribunal Constitucional con la consulta independentista celebrada el 9 de noviembre de 2014. Por su parte, Francesc Homs fue juzgado por el Tribunal Supremo en calidad de aforado por su condición de diputado e igualmente condenado a un año y un mes de inhabilitación por los mismos hechos.
En su resolución el Tribunal Supremo precisó que limitaba su ámbito de conocimiento a los delitos por los que se le acusaba y no se cuestionaba si la aplicación económica de los fondos públicos tiene relevancia penal. Por ese motivo no entró a valorar si había existido malversación de fondos públicos con la organización de la consulta, que supuso un desembolso para las arcas públicas de 5 millones de euros. (CONFILEGAL/EP)
