El actual presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, persiste en su estrategia de victimización como lo prueba el aviso que ha realizado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al Tribunal Constitucional (TC) y a la Fiscalía de que organizará el referéndum sean cuales sean las impugnaciones que pongan encima de la mesa: «Ante un tsunami de querellas habrá un tsunami de democracia».
En una entrevista de TV3, poco antes de conocerse la noticia de que el Constitucional suspende cautelarmente el 1-O, Puigdemont explicó que su gobierno autonómico mantiene los preparativos de votación: «Por descontado que siguen a buen ritmo los preparativos del referéndum».
Y ha cuestionado que España sea un «régimen democrático».
El presidente ha aprovechado la tribuna que le ha proporcionado TV3 para aparecer como el campeón de la independencia de Cataluña. Desde su punto de vista, existe «la voluntad mayoritaria de un pueblo que quiere votar y un Gobierno que se niega a aceptar la realidad» y recordó que el proyecto separatista lleva seis años en marcha.
«Después de seis años de ‘guerra sucia’ aún estamos aquí, con mucha gente que dice: ¿Me puede explicar por qué no puedo votar?», dijo en una especie de soliloquio.
Puigdemont también se refirió al polémico debate vivido este jueves en el Parlament, plagado de interrupciones, suspensiones y reproches entre la bancada independentista y la no independentista, y acusó a la oposición de ser la responsable de la «tangana parlamentaria».
De la misma forma, defendió la aprobación ‘exprés’ de la ley del referéndum y la ley de transitoriedad y les reprochó no estar interesados en un debate parlamentario honesto, sino en el mero «espectáculo».
Puigdemont considera «condenadas al fracaso» la moción de censura que promueve Inés Arrimadas contra él, y aseguró que lo único para lo que servirá es para demostrar que hay una mayoría independentista en el Parlament que sustenta su Govern.
«Encantado de debatirlo», dijo, consciente de que la iniciativa de Arrimadas es muy complicada y que por ahora no ha recibido el aval de ningún grupo, ni siquiera de los partidos que también se oponen al proyecto separatista.
El jefe y el director general de la policía catalana, apercibidos por el Constitucional
El jefe de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, y el director general de la policía autonómica, Pere Soler i Campins, figuran entre el millar de cargos apercibidos por el Tribunal Constitucional que admitió a trámite ayer noche los cuatro recursos presentados por el Gobierno contra la ley y la convocatoria de referéndum de autodeterminación en Cataluña para el próximo 1 de octubre.
En las resoluciones acordadas se apercibe a más de un millar de cargos políticos -unos sesenta altos mandatarios de la Generalitat y los 947 alcaldes de la Cataluña- de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa tendente a la organización del referéndum.
Así, tal y como se había solicitado en una de las impugnaciones -la referida a las medidas complementarias para la organización de la consulta-, el TC ordena que la resolución adoptada este jueves se notifique personalmente a decenas de altos cargos de la Generalitat relacionados con la organización de la consulta, empezando por el presidente, Carles Puigdemont.
La petición se hacía extensiva a los responsables de los medios de comunicación públicos catalanes (Cataluña Ràdio y TV3) y a responsables de los Mossos como son Josep Lluís Trapero y el director general del cuerpo Pere Soler I Campins, así como a los 947 alcaldes de Cataluña, éstos últimos «con carácter preferente y urgente».
Se hará a través de la Delegación del Gobierno.
El tribunal se reunió con carácter de urgencia para estudiar estos acuerdos tras haber admitido, tan sólo unas horas antes, la tramitación del incidente de ejecución contra las resoluciones parlamentarias que permitieron este miércoles el debate y aprobación de la ley que regulará la consulta independentista.
Las cuatro iniciativas anunciadas por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que el tribunal ha acordado dar trámite son concretamente un recurso de inconstitucionalidad contra ley del referéndum y las impugnaciones contra el decreto de convocatoria del 1-O, el que contiene las normas complementarias para organizarlo y contra el acuerdo del Parlament que nombra una Sindicatura Electoral, equivalente a la Junta Electoral Central. EP.
