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Podemos recurre al Constitucional la Ley de Justicia Gratuita que abre la puerta a la privatización

Tras la entrega del recurso sobre la inconstitucionalidad de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita; Antonio Agúndez, secretario general de APROED y Gloria Elizo diputada de Unidos Podemos mantienen el recurso.
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El Turno de Oficio y su problemática llega al Tribunal Constitucional. Ha sido el recurso presentado este jueves por Unidos Podemos en colaboración con las asociaciones principales del Turno de Oficio que piden que dicha reforma que ahora obliga a todos los abogados a estar disponibles para el servicio se detenga.

Hay que recordar que dicha reforma de la la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita fue impulsada por PP, PSOE y Ciudadanos que, entre otras cosas, para garantizar que los abogados y procuradores del turno de oficio estuvieran exentos del pago del IVA, a raíz de una polémica surgida tras un dictamen de la Dirección General de Tributos que apuntaba en otra dirección

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Eduardo Santos, portavoz justicia de Unidos Podemos en el Congreso , encabeza la representación de este grupo parlamentario, a la hora de registrar el recurso preparado para señalar la inconstitucionalidad de dicha ley “Ya en el debate parlamentario a esta nueva norma apoyada por PP, PSOE y Ciudadanos indicamos que con el pretexto de quitar el IVA al Turno de Oficio se ha hecho una reforma sustancial a esta práctica”.

Desde su punto de vista “la cuestión principal es que con esta nueva Ley se obliga a todos los abogados colegiados, porque procuradores ya estaba, salvo dispensa que logren, de efectuar el servicio del Turno de Oficio. Es una disfunción absoluta en el servicio en relación tanto a su especialización como a la organización del mismo pudiendo repercutir en la excelencia que hoy tiene el servicio”.

Desde esta formación política “esta reforma que no era necesaria podría ser un primer paso a la privatización del servicio con una pérdida importante de calidad para los propios ciudadanos, en muchos casos, personas con escasos recursos que necesitan un buen abogado que les asesore y resuelve sus problemas jurídicos”. Se pide por tanto al Tribunal Constitucional que anule dicha reforma

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Junto con Santos se han reunido varios diputados del citado grupo parlamentario con representantes de las asociaciones profesionales Altodo, con Isidro Moreno a la cabeza, Asociación de Abogados y Ciudadanos pro Estado de Derecho (Aproed) con  Antonio Agúndez, su secretario general, Jesús Benito, como nuevo presidente de la Asociación Libre de Abogados (ALA), junto con otros representantes de entidades como Eureka, Apaem y  Asociación Jóvenes Abogados de Madrid (AJA Madrid)

Para todas las organizaciones que han convocado esta iniciativa está claro que el artículo 1 de la nueva Ley de Justicia Gratuita donde se dice que “Los colegios de Abogados podrán organizar el turno de oficio como deseen” es un enunciado abierto y peligro y podría conllevar en el futuro que entidades ajenas a los Colegios pudieran estar inmersos en el propio Turno de Oficio.

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Desde su punto de vista, es consciente que ha habido escaso debate sobre esta cuestión en las entidades colegiales. Para Santos “Sorprende que en los Colegios de Abogados no haya habido un debate sobre este asunto, salvo en las propias asociaciones del Turno de Oficio sobre este tema. No se han pronunciado sobre el tema que han dejado en manos del CGAE”.

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Una reforma con polémica

Las Cortes aprobaron el pasado junio la reforma para poner fin a la incertidumbre generada meses antes por la decisión de la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda de descontar el 21 por ciento de IVA a los abogados y procuradores que prestan el servicio público a los beneficiarios de justicia gratuita, en aplicación de una sentencia del Tribunal de la UE.

Tan solo Podemos votó en contra de la reforma al criticar su “ambigüedad” ya que, al margen de la exención del IVA, establece que el turno de oficio será “obligatorio”, sin aclarar, según ellos, si se impone a Colegios o a los profesionales. Desde este partido político se indica en el recurso presentado que la norma vulnera al menos seis artículos de la Constitución.

Para Isidro Moreno, presidente de Altodo Madrid, “este recurso que presenta Unidos Podemos con el apoyo de las asociaciones del Turno de Oficio se presenta porque se piensa que dicha normativa vulnera varios artículos de la Constitución”.

A su juicio se introduce el concepto de obligatoriedad en el servicio para todos los abogados “eso no es propio del siglo XXI y va en contra del derecho a la elección de la profesión y oficio de cada persona, entre otros varios derechos vulnerados de la Constitución”. El objetivo es que se derogue esa reforma normativa y se busque otra solución al problema del IVA.

Para estas entidades la solución buscada para no gravar de IVA al Turno de Oficio no es la más adecuada “habría que haber seguido las enmiendas parlamentarias que Unidos Podemos interpuso sobre este tema. Los servicios del Turno de Oficio son una prestación de carácter social que ya está exenta por los tratados de la UE y por la propia Ley del Iva española. Hablamos de una prestación social que ofrece una corporación de derecho público”.

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Sobre cómo la reforma está afectando al servicio, Moreno indica que no está afectando en principio porque los Colegios de Abogados, salvo el de Barcelona que emitió una dispensa para el abogado que no estuviera inscrito en el Turno de Oficio, han hecho oídos sordos a dicha reforma. Se funciona de la misma manera, lo cual nos sorprende”.

Ahora, los impulsores de este decreto sobre inconstitucionalidad de la Ley de Justicia Gratuita son moderamente optimistas y consideran que el recurso será admitido a trámite antes de que acabe este fin de año. “Lo más importante será conocer el criterio del propio Tribunal Constitucional sobre este asunto que preocupa a muchos abogados vinculados a este servicio”.

En la actualidad según datos del CGAE, antes de la reforma había 46.500 abogados que prestaban este servicio los 365 días del año. Respecto a las últimas declaraciones de la presidenta del CGAE, Victoria Ortega, de que hay que trabajar para minar las diferencias entre CCAA en el Turno de Oficio “sólo se podría hacer si se llegase a un consenso entra todas las Autonomías para fijar unos baremos parecidos, cuestión que no es sencilla”; indica Moreno.

Silencio abogacía institucional

 Por su parte, Antonio Agúndez, secretario general de APROED, indicaba que esta obligatoriedad del servicio en los supuestos de asistencia jurídica gratuita supone claramente vulnerar el “contenido esencial” del libre ejercicio profesional, corolario lógico y necesario del libre desarrollo de la personalidad y del derecho al trabajo. El legislador no puede limitar la libertad profesional del Art. 36 C.E. de forma que se vulneren derechos fundamentales del profesional, y esperamos que el Tribunal Constitucional así lo declare.

También resalta que” éste será el primer pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la prestación del Turno de Oficio y el injusto trato que se quiere imponer a los Abogados de Oficio de toda España, obligando a prestar un servicio a cambio de una remuneración miserable y desproporcionada frente al esfuerzo y responsabilidades civiles que se asumen en cada procedimiento”. Una situación que sólo cabe asumir de forma voluntaria, con esa clara “vocación” por la defensa de los ciudadanos menos favorecidos que ya no parece importar.

Para este abogado del Turno de Oficio “No existe una causa razonable y proporcionada para este cambio normativo y que choca, además, con los principios de progresiva calidad y formación especializada por materias en la asistencia jurídica gratuita (los que estudiamos la carrera con el Plan de 1953 –igual en todas las Facultades de Derecho- valíamos “para todo” parece que ahora vamos hacia atrás”.

Por último, sorprende que este Recurso de inconstitucionalidad “lo hemos promovido sólo y finalmente las distintas Asociaciones de Abogados vinculadas al Turno de Oficio, recogiendo el testigo el Grupo Parlamentario de UNIDOS PODEMOS, a quien hemos de agradecer su colaboración, pero con el triste silencio de la Abogacía Institucional”.