La sección territorial de Cataluña de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha instado a los jueces y magistrados «que sufran cualquier tipo de interferencia en el ejercicio de su función que comprometa su desempeño independiente» a que reclamen amparo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En un comunicado de este jueves, la APM ha mostrado su preocupación «por la gravedad de cuanto sucede en Cataluña estos días» y recuerda que las autoridades judiciales de Cataluña están sometidos únicamente al imperio de la ley, con el fin de preservar los derechos y libertades de todos los catalanes.
«Quienes se apartan del Estado de Derecho pierden la legitimidad que solo brota de él y se ubican fuera de nuestro sistema democrático, en el que ya no pueden pretender ampararse», indican desde la APM.
Y recuerdan que «la eficacia de las conocidas como Leyes de Referéndum y de Transitoriedad, recientemente emanadas del Parlament de Catalunya, fue suspendida por nuestro Tribunal Constitucional en sus Providencias de 7 y 12 de septiembre de 2017″.
En este sentido, inciden en que «cualquier acto, decisión o resolución de las autoridades autonómicas catalanas que se apoye en esas leyes de eficacia suspendida o en aquel referéndum que no tuvo lugar como tal, adolecerán de las mismas patologías de ineficacia, careciendo de cualquier clase de valor jurídico».
La asociación dice que todos están obligados a respetar la independencia de los jueces y magistrados, quienes cuentan con la ayuda de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado –locales, autonómicos y estatales– «que se encuentran sujetos a las órdenes e instrucciones de la judicatura y del Ministerio Fiscal».
Por ello, «Quienes desobedecen esas instrucciones también se apartan de nuestro sistema de convivencia y obran contra su condición de agentes de la fuerza pública«, añaden desde la asociación de jueces.
La APM también hace alusión en su comunicado a que «el referéndum del domingo no es jurídicamente admisible» y alerta de que «quien se apartada del Estado de Derecho pierde la legitimidad y se ubica fuera del sistema democrático en el que ya no pueden pretender ampararse».
Por todo ello, desde la sección territorial de Cataluña de la APM, insisten en que los «jueces y magistrados que sufran cualquier tipo de interferencia en el ejercicio de su función, que comprometa su desempeño independiente o impida desarrollarla con plenitud, deben poner dicha circunstancia en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial, solicitando su amparo, así como el del resto de órganos gubernativos de los que el Poder Judicial ha sido dotado por la Ley (art. 14 LOPJ)».
