La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ) ha pedido al órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que preside Carlos Lesmes, que haga «una declaración institucional de apoyo a la labor profesional que realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como colaboradores imprescindibles de los Jueces, máxime cuando operan en condiciones tan difíciles como las del uno de octubre, pues su misión es indispensable en un Estado de Derecho».
También la extiende a los «responsables públicos».
La PCIJ, asociación de jueces, juristas y ciudadanos que luchan por el objetivo de despolitizar la justicia, critica -en un comunicado- «la falta de rigor jurídico» de las imputaciones de brutalidad vertidas contra Policía y Guardia Civil.
A la Plataforma le preocupa, de forma especial «las noticias según las cuales los miembros de las fuerzas del orden desplazados a territorio catalán, ya pertenezcan a la Policía Nacional o la Guardia Civil, habrían sido hostigados hasta el punto de obstaculizarles el alojamiento o incluso de hacerlos víctimas de escraches, emboscadas u otros actos intimidatorios o violentos. De confirmarse tales informaciones, nos encontraríamos ante la emergencia de un matonismo propio de otras épocas y lugares».
De acuerdo con esta Asociación, «El Poder Judicial necesita a la Policía para el cumplimiento de sus resoluciones. Sin Policía sometida a la ley no hay Poder Judicial efectivo ni Estado de Derecho soberano».
«Cuando la Policía actúa en cumplimiento de una resolución judicial, en ocasiones debe utilizar la fuerza mínima imprescindible para remover los obstáculos que impidan su debido cumplimiento, siempre de forma proporcionada y ajustada a las circunstancias de tiempo, lugar y gravedad de los hechos. Corresponde en primera instancia esa valoración a los propios cuerpos policiales, los cuales actúan de forma jerárquica y en cumplimiento de órdenes», prosiguen.
Por ello, únicamente compete al Poder Judicial «determinar en última instancia si con arreglo a la Ley el uso de la fuerza policial ha sido legítimo y proporcionado así como castigar los casos de abuso y exceso».
Y «No es correcto calificar de ‘represión policial’ la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado cuando contuvieron, en el legítimo ejercicio de sus funciones, las concentraciones en apoyo de una votación ilegal como la que se escenificó el uno de octubre de 2017; máxime al haberse concertado intencionadamente personas en masa con la vocación expresa de impedirles el cumplimiento de su labor en defensa de la legalidad constitucional».
Finalmente, recuerdan que los funcionarios policiales, en cumplimiento del principio de legalidad a que están sujetos, «deben ineludiblemente asegurar la vigencia del ordenamiento jurídico; y ello al margen del número de personas que se hayan sumado al alzamiento separatista o de la mayor o menor participación de las masas en los disturbios del uno de octubre. La Ley permanece en vigor por muchos que sean los que hayan decidido desobedecerla».
