Francisco Lama, presidente del sector de la Justicia del sindicato de funcionarios CSIF./ Congreso
Muchos funcionarios de Justicia se plantean abandonar Cataluña si se declara la independencia, según CSIF
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09/10/2017 19:00
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Actualizado: 30/3/2021 11:08
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El presidente del sector de la Justicia del sindicato de funcionarios CSIF, Francisco Lama ha asegurado hoy que muchos funcionarios de Justicia se plantean abandonar Cataluña si hay una declaración de independencia, por lo que reclaman que el Ministerio abra un periodo extraordinario en sus concursos de traslado pendientes.
Así lo ha expresado Lama ante la Comisión de Justicia del Congreso, donde también ha reiterado la posición de esta central sindical en defensa del ordenamiento jurídico vigente, la Constitución y el Estatuto de Autonomía.
Por ello, «El sindicato lanza un mensaje de tranquilidad. Velaremos por garantizar su seguridad jurídica y tenemos garantías por parte del Gobierno de que recibirán protección todas aquellas empleadas y empleados públicos que reciban órdenes ilegales por parte de la Generalitat», ha destacado Lama durante su intervención en la comisión del Congreso.
ALTA TEMPORALIDAD
Por otra parte, Lama ha recordado que Cataluña es comunidad que cuenta con uno de los índices más altos de temporalidad de toda España, por encima del 20%. A esta situación se une el hecho de que la Generalitat renunciara el año pasado a 509 plazas para dar estabilidad a funcionarios y CSIF tiene indicios de que este año tampoco optará a nuevas plazas.
Es decir, la Generalitat prefiere tener empleados en precario bajo su gestión que funcionarios de cuerpos nacionales con plaza fija, según este sindicato.
Finalmente, ha recordado que CSIF viene defendido una solución a los problemas de coordinación sería que toda la Administración de Justicia dependiera en su integridad de un mismo organismo administrativo- judicial con un presupuesto propio.
De esta manera se aseguraría su independencia y su funcionamiento homogéneo en todo el territorio nacional con la prestación de un servicio uniforme con garantías de igualdad en el acceso a la Justicia.
MÁS DIÁLOGO CON LOS SINDICATOS
En la sesión de la Comisión de Justicia de este lunes también han comparecido otros representantes sindicales como el vicesecretario general del Sindicato de los Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), José Luis Fernández Alaya; representante del Sector de Administración de Justicia de CCOO, Felicidad López Ramón; el responsable federal en este mismo sector de FESP-UGT, María Victoria Carrero; y el coordinador de la Fundación Abogacía Española, Francisco Segovia, que ha representado a la coordinadora de ONGD.
En su exposición sobre los aspectos que deben realizarse para mejorar la Administración de Justicia, en el marco de una Estrategia Nacional de Justicia, Fernández Alaya ha destacado que «es necesario el diálogo con las asociaciones sindicales» porque son los que pueden dar «más soluciones que problemas».
«Somos un colectivo que no queremos protagonismo, sólo queremos aportar lo que la experiencia nos va dando», ha apuntado María Victoria Carrero, que ha agregado que el Ministerio de Justicia ya «se ha dado cuenta» de que sus consejos «están siendo de ayuda para todos».
El representante de STAJ, que ha dicho que comparte la «integridad de las afirmaciones» manifestadas por Lama, ha subrayado que para lograr la agilización de la justicia es necesaria la modernización tanto de las sedes judiciales como tecnológica. «La agilización de justicia se incrementará con la dotación de mas medios» tanto materiales como humanos.
«NO ES HABLAR DE JUSTICIA, ES HABLAR DE CIENCIA FICCIÓN»
En este sentido, ha criticado que se hayan especializado juzgados para conseguir reducir la carga de trabajo, como han sido los casos de los juzgados de violencia sobre la mujer o cláusulas suelos, sin la aportación de medios necesarios. «No es hablar de justicia, es hablar de ciencia ficción», ha añadido.
Por otro lado, Fernández Alaya ha señalado que se debe invertir en infraestructuras y en equipos tecnológicos «potentes y adecuados», así como tratar de compatibilizar los distintos sistemas de gestión procesal que funcionan en las Comunidades Autónomas y las propias sedes judiciales que, a su juicio, son «tercermundistas» al quedar «obsoletas» y «desastrosas».
En esta línea, ha recordado los «inaceptables» fallos de seguridad durante este verano en el acceso a la plataforma de notificaciones del Ministerio de Justicia, LexNET. Este mismo punto ha resaltado la representante de CCOO que, en su consideración, su funcionamiento es «negligente»: «No existe el expediente judicial electrónico, es mera propaganda», ha aseverado.
López Ramón ha asegurado que el desarrollo tecnológico no es tal porque el «colapso» de sus aplicaciones están provocando «serios retrasos» en la Administración de Justicia. Además, ha hecho hincapié en que la reducción de la instrucción de las causas penales, introducida en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a seis meses produce «enormes atascos» en los juzgados porque, según ha apostillado, los procedimientos se están declarando «complejos» para «poder tramitarlos».
«CAOS» EN EL REPARTO DE COMPETENCIAS
Por su parte, la responsable federal del Sindicato de Justicia de FESP-UGT, además de compartir las mismas percepciones sobre la modernización tecnológica que el resto de comparecientes o los juzgados especializados en cláusulas suelo; ha lamentado el «caos en el reparto de competencias» existente entre el Consejo General del Poder Judicial, el departamento que dirige el ministro Rafael Catalá y las 12 comunidades autónomas con competencias transferidas.
Carrero ha apuntado que la nueva Oficina Judicial es un «fracaso» porque «no responde al espíritu de racionalización, concentración y proximidad a los ciudadanos» para la que se creó. «Siguen siendo pequeños reinos de taifa», ha dicho, ya que, muchas provincias siguen funcionando con un «proyecto piloto». (EP)
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