El presidente Adolfo Suárez y los vicepresidentes Fuentes y Gutiérrez Mellado aplauden la aprobación de la ley de Amnistía en el Congreso de los Diputados.
La Ley de Amnistía cumple 40 años con muchos detractores que piden su derogación
La Ley de Amnistía, aquella que abrió la puerta de las cárceles a los condenados por delitos políticos durante el franquismo y el comienzo de la Transición cumple este domingo 40 años. Una ley clave para la reconciliación entre españoles, pero que aún hoy sigue sin silenciar aquellos que claman por su modificación o derogación para poder investigar los crímenes franquistas.
Fue concretamente el 15 de octubre de 1977 cuando el Congreso de los Diputados aprobó por una amplia mayoría -solo se abstuvo Alianza Popular y varios diputados- la Ley 46/1977 impulsada, entre otros, por el Partido Comunista.
En total, 296 votos a favor, dos en contra, 18 abstenciones y uno nulo.
La citada ley de puso en marcha después de que en los meses previos se avalara en referéndum la Reforma Política, se legalizara el PCE y se celebrasen las primeras elecciones democráticas, la Ley de Amnistía fue el siguiente hito en el proceso de consolidación democrática.
El perdón concedido por ley completó la amnistía aprobada el 30 de julio de 1976, que excarceló a unas 330 personas, y la de mayo de 1977, que liberó a alrededor de 4.000 personas sumando los indultados con otro decreto paralelo.
La norma aprobada por las Cortes en octubre afectaba a delitos de intencionalidad política, también de rebelión o sedición, cometidos hasta el 15 de junio de 1977 -cuando tuvieron lugar los comicios-.
Pero el texto también beneficiaba a los delitos y faltas cometidos por «autoridades, funcionarios y agentes del orden público» (arts. 2.e y 2.f), lo que cercenó la investigación de los cargos franquistas con crímenes a sus espaldas.
Aún hoy siguen las críticas
Transcurridas cuatro décadas, a raíz de las denuncias interpuestas por delitos de lesa humanidad como genocidio y desaparición forzada cometidos durante la guerra civil y la dictadura, y que se encontraron con el obstáculo infranqueable de la ley, que impedía juzgar delitos pertenecientes a esa época organizaciones como Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch han solicitado en reiteradas ocasiones al Gobierno la derogación de la norma.
“En estos 40 años ningún poder, ningún Gobierno ha hecho nada por reparar a las víctimas de crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo. En todo caso, han obstaculizado su acceso a la justicia y a la reparación”, según Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.
Consideran que la norma es incompatible con el Derecho internacional, pues impide juzgar delitos contra la humanidad perpetrados en la Guerra Civil y durante la dictadura que no prescribirían a ojos del derecho internacional.
El Congreso no es partidario de cambiarla
El Congreso ha rechazado en varias ocasiones iniciativas para modificar la ley de forma que los crímenes del franquismo se puedan juzgar en España.
En 2011, PP, PSOE y CiU rechazaron por mayoría absoluta la proposición de ley para modificar la Ley de Amnistía y que no permitiera la impunidad.
Más recientemente, en diciembre de 2016, PP, PSOE y Ciudadanos también evitaron en la Comisión de Justicia la modificación de la norma para que estableciera que no se aplicaría a casos de torturas o desapariciones forzadas, ni a los crímenes de genocidio o de lesa humanidad, tal y como dispone la normativa internacional». Alegaban la norma de 1977 no fue una ley de punto final y que ya no es posible aplicarla de forma retroactiva
Bloqueo también en el ámbito judicial
En el ámbito judicial, en noviembre de 2008, la Audiencia Nacional se inhibió de conocer la querella presentada en 2006 por crímenes contra la humanidad en España entre 1936 y 1951 (una querella que recogía 114.266 casos de violaciones de derechos humanos) a favor de numerosos juzgados territoriales.
También el Tribunal Supremo invocó la Ley de Amnistía para cerrar la puerta en España a investigaciones judiciales con su sentencia del 27 de febrero de 2012 en relación con el llamado “caso Garzón”, desestimando la pretensión del juez Baltasar Garzón de declararse competente para investigar crímenes franquistas.
Es más, la Fiscalía General del Estado emitió una orden interna el 30 de septiembre de 2016 instruyendo a los fiscales territoriales para que rehusaran las peticiones de auxilio judicial internacional de Argentina, amparándose, entre otros argumentos, en la Ley de Amnistía.
Firmas ante el Ministerio de Justicia
Amnistía Internacional ha presentado esta semana 205.000 firmas ante el Ministerio de Justicia para suprimir la ley o, al menos, modificar el artículo en el que se escudan los tribunales españoles para no esclarecer desapariciones y torturas que hubo en la dictadura.
Los detractores de la ley no tienen una estimación de cuántos cargos franquistas podrían ser investigados hoy en día si se anulara al menos parte de la norma.
El único dato objetivo que manejan es que hay una veintena de acusados por la jueza argentina María Servini por delitos que la Ley de Amnistía impide investigar en España, entre ellos el exministro Rodolfo Martín Villa y el expolicía Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño.
Sin embargo, también hay muchos juristas que señalan que nuestra Constitución impediría tal derogación, concretamente señalan que el artículo 9.3 de la Carta Magna.
Dicho artículo sostiene que «La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos».
Nueva propuesta en el Congreso
El miércoles 18 de octubre se presentarán en el Congreso de los Diputados dos iniciativas surgidas de colectivos memorialistas y víctimas de la dictadura y que ha pasado por el intergrupo parlamentario sobre Memoria Histórica que han creado los diferentes grupos.
Dichas iniciativas pretenden la nulidad de la Ley de Amnistía alegando que ésta no puede ser aplicada en casos de crímenes de lesa humanidad, porque se vulneran los convenios internacionales en materia de persecución de estos crímenes.
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