Pide a las autoridades que adopten medidas urgentes para garantizar que cualquier decisión para combatir la pandemia respeta los derechos humanos y que se asegure que las decisiones médicas se realizan en base a evaluaciones individualizadas.
Amnistía Internacional denuncia ‘violaciones de derechos humanos’ a mayores en residencias de España durante la pandemia
Así lo manifesta en un informe titulado 'Abandonadas a su suerte'
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03/12/2020 18:18
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Actualizado: 03/12/2020 18:26
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Amnistía Internacional (AI) ha denunciado que desde marzo, cuando comenzó la pandemia del coronavirus, se han vulnerado «al menos cinco derechos humanos» de las personas mayores en residencias en España, y advierte que ahora podrían volver a sufrir algunas de ellas.
Así lo manifiesta en un informe titulado ‘Abandonadas a su suerte: La desprotección y discriminación de las personas mayores en residencias durante la pandemia COVID19 en España’, que analiza la situación en las residencias de personas mayores de Madrid y Cataluña.
Esta organización lamenta que las medidas adoptadas por las autoridades para responder a la pandemia en estos centros sociosanitarios han sido «insuficientes e inadecuadas.
«En las residencias se ha violado el derecho a la salud, a la vida y a la no discriminación de las personas mayores. Además, las decisiones de las autoridades han impactado también en el derecho a la vida privada y familiar y en el derecho a tener una muerte digna», afirma el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán.
Para que esto no vuelva a ocurrir, hace falta URGENTEMENTE:
1⃣: Atender a las personas mayores de forma individual y derivar a hospitales si es necesario.
2⃣: Garantizar contacto regular con familiares.FIRMA: https://t.co/ytMp9X4l1S #DignidadParaMisAbuelxs pic.twitter.com/Y9mqqDQtcE
— Amnistía Internacional España (@amnistiaespana) December 3, 2020
La ONG documenta en esta investigación cómo la «inmensa mayoría» de personas mayores que vivían en residencias de Madrid y Cataluña «no fueron atendidas adecuadamente, ni derivadas a hospitales cuando lo precisaban, se vieron aisladas en sus habitaciones, a veces durante semanas, sin contacto con sus familiares y algunas ni siquiera pudieron morir dignamente durante los primeros meses de la pandemia».
Avisa que la situación en las residencias «sigue siendo alarmante» en esta segunda ola de la pandemia, y reclama que deben garantizarse plenamente las visitas a familiares, que «en la práctica continúan dependiendo de la decisión de cada residencia».
«La derivación hospitalaria, tanto en Madrid como en Cataluña, ha resultado en la práctica discriminatoria y las disposiciones que la regulan no han sido aún modificadas y siguen vigentes. Tampoco se han tomado medidas suficientes de refuerzo de personal para atender las necesidades que puedan surgir. El momento de hacerlo es ahora», manifiesta.
Amnistía Internacional destaca que a fecha de 15 de noviembre, 40.749 personas han fallecido por coronavirus en España, según los datos del Ministerio de Sanidad. Apunta que en un primer momento, diversos estudios estimaron que alrededor del 70% falleció en residencias de personas mayores, y que en la actualidad se está a la espera de que el Gobierno publique un informe que «situaría este porcentaje entre el 50 y el 47%».
En el informe expone que «el virus se esparció con mucha rapidez en las residencias porque el personal cuidador está en continuo contacto con las personas residentes y no contaban con protección» y añade que «esa falta de protección, asimismo, supuso un gran número de bajas de personal, que han impactado en el cuidado de las personas mayores en residencias y la gestión de la atención sanitaria».
Esta organización ha constatado que durante marzo, la «falta de medios adecuados y suficientes» fue «prácticamente absoluta» en la mayoría de las residencias en Madrid y Cataluña.
«Sencillamente no había Equipos de Protección Individual (EPI) para residentes y personal», señala.
“Ya que no nos daban EPIS, optamos por hacernos los EPIS de la fortuna o de la gloria, batas con bolsas de basura, calzas, gorros de plástico, no hemos tenido ningún tipo de protección”, ha relatado a Amnistía Interional una trabajadora de una residencia pública de Madrid.
El informe también concluye que hubo una «falta de test para residentes y personal».
El director de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid ha manifestado a Amnistía Internacional cómo el «mayor vector de contagio fue el personal».
En casos de personas fallecidas durante el pico de la pandemia, la ONG ha constatado que «no se realizaron PCR a los residentes y en sus certificados médicos de defunción se hace constar ‘sintomatología compatible con COVID-19′».
Según ha relatado a Amnistía una doctora de un hospital público, durante un tiempo, en su centro hospitalario las instrucciones fueron no hacer PCR a las personas con sintomatología de coronavirus y tratarlos como ‘caso posible'».
A fecha de noviembre, las autoridades de las Comunidades Autónomas de Madrid y Cataluña con las que se ha reunido Amnistía Internacional aseguran estar realizando test diagnósticos tanto a los residentes como al personal de los centros residenciales.
Amnistía Internacional también ha documentado en Madrid y Cataluña la denegación de derivación a hospitales «en base al lugar en el que residían y otros criterios generales -como la edad o grado de discapacidad, estado de salud (ser pacientes confirmados o con sospecha de COVID-19)- sin una valoración individualizada», lo que, «vulneró manifiestamente su derecho a la no discriminación», denuncia esta organización.
Indica que la no derivación en Madrid estaba prevista en protocolos, que establecían instrucciones y criterios para valorarlo, mientras que en Cataluña, el Protocolo del Servicio de Emergencias Médicas (SEM), dependiente del Departamento de Salud, recomendaba no ingresar en la UCI a determinados pacientes de más de 80 años con coronavirus, y hacía referencia al criterio de futilidad.
La ONG ha recogido numerosos testimonios, como el de Catalina Alberola, hija de Vicente Alberola, de 89 años, fallecido el 6 de abril en una residencia pública de gestión indirecta de Cataluña. Según ha informado, el médico le dijo que «tenía prohibido derivar, que no iban a coger a nadie que tuviera las características de una persona así». Le había manifestado que al auscultar parecía que tenía neumonía y no mejoraba con el antibiótico. Cuando Catalina contestó que ella lo llevaba al hospital, el médico le replicó que «no podía», explica.
Otro médico de un centro de atención primaria (CAP) catalán que colaboraba con una residencia reconoció que «hubo vidas que se pudieron salvar, pero no se hizo».
Según precisa Amnistía Interionacional, durante finales de marzo y principios de abril, las escasas derivaciones fueron resultado de la insistencia de las familias.
“La combinación de falta de personal, de recursos y el obligado aislamiento por sospecha de Covid-19 de residentes produjeron un evidente deterioro en las personas residentes no solo físico, sino también emocional. Hemos documentado casos de personas residentes que llegaron al hospital en situación de deshidratación y desnutrición; en muy mal estado”, expone Beltrán.
SEMANAS ENTERAS PRÁCTICAMENTE INCOMUNICADOS EN SUS HABITACIONES
Amnistía Internacional también denuncia que muchas personas residentes han estado «durante semanas» enteras prácticamente incomunicadas en sus habitaciones, sin contacto con el mundo exterior ni con sus familias. La organización sostiene que este «encierro de facto» en las residencias supuso una vulneración de los derechos a la vida privada y familiar de las personas mayores.
Elena Valero perdió a su padre en marzo en una residencia de Madrid, a apenas 300 metros de distancia de su casa. «Fue horrible saber que se estaba muriendo tan cerca y que no podía cogerle la mano, despedirme de él», relata.
“No le derivaron a un hospital a pesar de estar grave. Estuvo cuatro días muriéndose. Hablé con el médico desesperada para que le derivaran, pero el médico me dijo que les habían prohibido llevar a los enfermos de las residencias a los hospitales, que solo podían ponerle oxígeno y paliativos hasta que su cuerpo aguantara”, explica.
Amnistía Internacional señala que pese a que durante estos meses se han mejorado determinados aspectos, algunas de estas preocupaciones de derechos humanos hacia las personas mayores siguen vigentes en la segunda ola de pandemia.
Advierte de que siguen sin estar garantizadas las visitas a familiares, que las disposiciones «discriminatorias» en los protocolos de derivaciones de Madrid y Cataluña no han sido aún modificadas, y que todavía no se han tomado medidas de refuerzo de personal suficientes.
“No nos preparamos suficientemente, creemos que había información científica proveniente de otros países como para intuir la importancia y gravedad de la situación”, explica la vicepresidenta de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG). “Creemos que de haber tomado medidas antes hubieran permitido evitar la irrupción del virus en muchas residencias tan rápidamente. Tendríamos que haber podido avanzar en informar, capacitar a los equipos, de algún modo haber estado más prevenidos y preparados”, añade.
Amnistía Internacional manifiesta que «la falta de respuesta de las autoridades, se contrapone al tremendo esfuerzo que han realizado personal sanitario y de residencias durante estos meses, pese a las medidas ineficientes y la falta de recursos», y destaca que «gracias a su esfuerzo incansable y su dedicación, la situación de muchas personas mayores en residencias ha sido más humana y, en algunos casos, han podido recibir una mejor atención».
‘ES URGENTE ADOPTAR MEDIDAS ADECUADAS PARA SUPERAR ESTA SEGUNDA OLA’
En este contexto, y ante la segunda ola de pandemia, reclama a las autoridades, y en particular en Madrid y Cataluña, que adopten medidas urgentes para «garantizar que cualquier decisión para combatir la pandemia respeta los derechos humanos, en particular los derechos a la vida, a la salud y a la no discriminación de las personas mayores que viven en residencias».
A corto plazo, señala que es necesario que las comunidades autónomas aseguren que las decisiones sobre la atención médica en las residencias se realizan con base en «evaluaciones individualizadas», que se eliminen ya las disposiciones de los protocolos de derivación de Cataluña y Madrid que pueden dar lugar a medidas «discriminatorias»; y pide que garanticen el contacto regular de familiares y residentes.
Más a largo plazo aconseja al Gobierno impulsar la tramitación de una ley estatal que establezca un modelo residencial que garantice los derechos de las personas residentes en todo el Estado.
Asimismo, señala que la Fiscalía y en especial la Fiscal de Sala para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores «debe seguir de cerca la situación en las residencias e impulsar investigaciones de rendición de cuentas cuando se produzcan abusos o irregularidades».
«Es necesaria también una apuesta decidida por el sistema público de salud que garantice la igualdad, lo que significa una mayor inversión de recursos», subraya.
Esta ONG señala que según los datos ofrecidos por la Comunidad de Madrid, desde el 8 de marzo al 1 de mayo, hubo 5.828 personas fallecidas con coronavirus o sintomatología compatible en las residencias. Indica que eso supone un 43,46% del total de muertes hasta esa fecha en la CAM (los datos no están desagregados ni por edad, género y/o discapacidad).
Añade que en Cataluña, según los datos de la Generalitat, del 1 de marzo al 15 de noviembre de 2020 han fallecido 7.045 personas mayores que vivían en residencias por Covid-19 o sintomatología compatible (el 46,9% del total de fallecimientos en esta Comunidad Autónoma por coronavirus, 15.013).
Amnistía Internacional expone que el hecho de que la mayoría de las personas mayores vivan en residencias privadas o concertadas «no disminuye de ninguna manera la obligación del Estado de garantizar la protección de sus derechos humanos».
«Esto incluye el deber de proteger contra el abuso de los derechos humanos por parte de terceros, incluidas las empresas», señala.
Esta ONG ha puesto en marcha una ciberacción dirigida a las Consejerías de Sanidad y Asuntos Sociales de las Comunidades Autónomas en actuaconamnistia.org «para conseguir que se pongan en marcha de forma urgente medidas concretas que protejan los derechos humanos de las personas mayores que viven en residencias».
En este hilo resume los puntos más significativos de su informe.
Nuestros padres, madres y abuelos/as en residencias han vivido en soledad y abandono durante la crisis de la #COVIDー19. Han sufrido 5 violaciones de derechos humanos. NO puede volver a ocurrir.
✍️ FIRMA: https://t.co/6JQZKOVV4L y pide #DignidadParaMisAbuelxs. HILO. pic.twitter.com/JP16TGZvZP
— Amnistía Internacional España (@amnistiaespana) December 3, 2020
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