El juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Llíria (Valencia), Fernando Simó Teufel, ha abierto una investigación por los presuntos malos tratos en una residencia de ancianos de esa localidad, Domus VI.
La abrió el pasado mes de octubre tras una denuncia de la Fiscalía Provincial de Valencia por posible delito contra la integridad moral en el trato dispensado por la directora y cuidadores del centro a varios ancianos, sobre los que se hicieron públicas unas imágenes en las que se les apreciaba desatendidos.
Todavía no ha determinado el delito por el que se tramita esta procedimiento.
El juez ha citado a declarar como investigados a la directora de la residencia y en calidad de personas jurídicas, a dos empresas implicadas en la gestión del centro.
El Ministerio Público abrió de oficio el 9 de septiembre diligencias penales tras la denuncia de una exempleada del centro que grabó unas imágenes en las que se puede ver situaciones como la de un anciano que sufría un golpe al caer al suelo sin que nadie acudiera a socorrerlo; una mujer que se encontraba sola y desnuda en una silla u otra de avanzada edad que intentaba comer un plato de comida sin ninguna ayuda y ni siquiera una mesa para apoyarlo.
La Fiscalía requirió información sobre los hechos a la Guardia Civil y a la Consejería de Igualdad, y tomó declaración a la extrabajadora que difundió las imágenes, la cual aportó cinco archivos de imagen y 11 de vídeo.
Trabajó en la residencia desde el pasado abril hasta agosto y se encargaba de la limpieza de las instalaciones.
En su declaración, manifestó que a diario veía cómo muchos residentes se quedaban dormidos y se derramaban la comida encima; que se olvidaban de dar de comer a algunos de ellos; que había residentes que permanecían durante horas sujetos a sus sillas y en la misma postura; que los auxiliares de enfermería repartían la medicación a cada residente y no se esperaban a que se la tomasen de modo que luego ella se encontraba muchas pastillas en el suelo; que era habitual que los residentes llevaran ropa de otras personas, de otras tallas y con manchas de lejía; y que había muy poco personal.
A las diligencias se unieron las denuncias presentadas por familiares de 13 residentes ante la Guardia Civil que se han incorporado al procedimiento.
En ellas se alude a la falta de atención del personal en cuanto a que se olvidaban de dar de comer a algunos residentes, dejadez en el suministro de medicación, falta de higiene, ancianos sin ropa, lesiones y trato denigrante.
«Estaba desatendida, vestida como si fuera un mendigo, con pantalones y calcetines rotos que no eran de ella (…) En una ocasión estuvo una semana sin ducharse», recoge una de ellas.
Asimismo, un denunciante advertía que escuchó cómo los trabajadores trataban de forma denigrante a los residentes y les decían expresiones como ‘deja de tocarme los cojones y estate ahí sentado’, ‘Si te vuelves a levantar, te parto la cara’ o ‘vete de ahí y deja de liarla hostia’.
Otro denunciante afirma que su familiar había perdido 30 kilos en dos años y aportaba diferentes material gráfico para demostrarlo; y una mujer denunciaba que su padre sufrió 18 caídas en cuatro meses, entre marzo y junio de 2020, muchas de ellas por no haber barandilla de protección en su cama.
La Consejería de Igualdad ha aportado al procedimiento varios expedientes sobre la residencia y de las inspecciones se desprendía que había residentes sin ropa interior, que el estado higiénico de los usuarios no era el adecuado; falta de atención médica; y que el funcionamiento y la higiene de las instalaciones no estaban en las condiciones adecuadas, entre otras.
Por estas irregularidades se impuso una sanción de 174.000 euros.
Con toda la prueba, la Fiscalía considera que existen indicios de que el trato dispensado a los residentes «socavó gravemente su dignidad e integridad moral», hecho que todavía «se hizo más patente y lacerante» en el caso de los residentes que eran más vulnerables por su avanzada edad, por sus graves enfermedades psíquicas y físicas y, en suma, por su alto grado de dependencia al ser quienes requerían de la máxima protección.
En un escrito remitido al Juzgado, el representante del Ministerio Público indicó que tras una investigación preliminar, las situaciones de abandono y desprotección a ancianos que parecen haber ocurrido en esta residencia «pueden ser constitutivos de varios delitos contra la integridad moral del artículo 173.1 del Código Penal».
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