El Defensor del Pueblo pide ‘una revisión profunda’ del modelo de residencias de mayores
El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, compareció ayer en el Congreso ante la Comisión Mixta de Relaciones con la institución para dar cuenta de su gestión en 2018 y 2019. Foto: Congreso

El Defensor del Pueblo pide ‘una revisión profunda’ del modelo de residencias de mayores

Señala que "tenemos que prestar una mayor atención presupuestaria, formativa, dotacional e inspectora" en estos centros
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16/6/2020 10:23
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Actualizado: 16/6/2020 10:29
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El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, afirma que el conjunto del sistema residencial de mayores en España «adolece desde hace años de una serie de disfunciones que es necesario corregir».

Fernández Marugán ha señalado que se necesitan «reformas normativas de calado y una revisión profunda del modelo residencial» para garantizar a los mayores el ejercicio de sus derechos.

«Tenemos que prestar una mayor atención presupuestaria, formativa, dotacional e inspectora en los centros residenciales para poder hacer frente a los retos actuales y futuros», ha indicado.

Así lo expuso ayer en su comparecencia en el Congreso de los Diputados ante los miembros de la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Relaciones para dar cuenta de su gestión en 2018 y 2019.

Fernández Marugán considera necesario un «compromiso real y efectivo de las administraciones competentes con los centros residenciales, con los profesionales, con los usuarios, con las familias para lograr una atención adecuada en esta cuestión».

Ha informado que en 2017 la institución recibió «muchas» quejas sobre la atención a las personas mayores en estos centros, por lo que inició un conjunto de actuaciones de oficio con todas la comunidades autónomas (CC.AA.) para conocer qué tipo de atención se presta a los residentes y en qué medida las actuaciones que llevaban acabo «garantizaban sus derechos».

Ha explicado que en 2018 recabó información sobre la situación de la atención residencial en todas las comunidades. En 2019 continuó con su análisis y todavía no han contestado Cataluña, Galicia y Canarias.

De entre las reformas más urgentes, la institución cree necesario «revisar al alza las ratios de personal de atención directa para mejorar la calidad asistencial». Ha señalado que «los usuarios con dependencia son más y su dependencia es mayor y requieren una atención correcta y plenamente respetuosa con sus derechos».

Considera que se debería incrementar el número de plazas, que «no son muy abundantes» y, ha destacado que ello requiere un mayor presupuesto; reforzar la atención médica y de enfermería para que esta sea «más amplia; elevar el número de profesionales; y mejorar los procesos de inspección de los centros de mayores, entre otras.

Cree que las CC.AA. deben llevar a cabo una «armonización para solventar la actual dispersión normativa sobre los requisitos que deben reunir los centros residenciales para su acreditación y posterior autorización de funcionamiento».

Por otra parte, ha señalado que la vida en una residencia puede dar lugar a situaciones que afectan a la libertad, como son el ingreso involuntario de los residentes con deterioro cognitivo o psíquico o las sujeciones físicas, y que el conjunto de problemas que plantean estas circunstancias «hace necesaria una Ley orgánica que delimite las circunstancias extraordinarias vinculadas a la salud y al deterioro físico y mental en las que las personas de edad avanzada pueden tener, excepcionalmente, que asumir limitaciones al ejercicio de algunos de sus derechos fundamentales, con especial referencia a la atención en centros residenciales».

El Defensor del Pueblo considera «imprescindible» abrir un debate político y social para encontrar vías efectivas que aborden el problema de la soledad no deseada. Ve necesario que la sociedad «tome conciencia» y se haga cuanto antes un diagnóstico correcto del problema que permita impulsar políticas de prevención y combate de la soledad.

También ha abordado la situación del Sistema Nacional de Salud. «Aunque el gasto sanitario público se ha recuperado en los últimos ejercicios, el número de beneficiarios también se ha elevado mucho y muy rápidamente, mientras que los recursos han avanzado con bastante más lentitud», ha señalado, y ha apuntado que «España gasta un punto menos en Sanidad que la media de la UE, alrededor de 12.000 millones de euros menos».

El Defensor del Pueblo ha dicho que la reducción del los presupuestos en materia de Sanidad ha provocado carencias tienen su reflejo en “listas de espera demasiado largas y urgencias frecuentemente saturadas”.

«España tiene escasez de médicos en atención primaria, en sanidad rural y en especialidades y también escaso número de profesionales de enfermería, con una tendencia a utilizar crecientemente los contratos temporales y a tiempo parcial, lo que da lugar a una gran rotación de personal», ha expuesto.

Fernández Marugán ha señalado que por todo ello, «los profesionales sanitarios manifiestan su preocupación por las condiciones de precariedad laboral bajo las que trabajan«.

El Defensor del Pueblo cree que estas carencias exigen una reacción efectiva de todos los poderes públicos y ha pedido “un gran acuerdo político y social para fortalecer las capacidades del Sistema Nacional de Salud”.

Por otra parte, Fernández Marugán ha urgido a introducir un supuesto de exención del copago de medicamentos para las personas con ingresos por debajo de un determinado umbral mínimo de renta.

El Defensor del Pueblo durante su intervención. Foto: Congresoongreso

También ha reiterado la necesidad de alcanzar un Pacto por la Educación para disponer de un sistema educativo de calidad y estable. Ha señalado que esto “no surge de un día para otro, necesita tiempo para implementarse y perfeccionarse”.

El Defensor también ha pedido un acceso real en igualdad de condiciones a la educación para todos los ciudadanos ya que “es una herramienta que brinda a los seres humanos la oportunidad de acceder a un futuro mejor para sí mismos y también para su entorno social”. Así, ha insistido en que “un acceso libre y gratuito a la educación es vital para el desarrollo económico, social y cultural”.

Ha señalado que un buen sistema educativo debe tener «estabilidad para evaluar los resultados, corregir las deficiencias y optimizar los recursos, y flexibilidad para adaptarse a las necesidades presentes y prever las futuras, ofreciendo enseñanzas y aprendizajes que capaciten al alumnado para actuar en el cambiante mundo en el que vivimos”.

Para que un sistema educativo sea adecuado, ha dicho que es necesario contar con una «financiación adecuada y suficiente, disponer de un buen sistema de selección y formación del profesorado, promover la inclusión social para evitar un elevado índice de fracaso escolar y abandono escolar, facilitar la igualdad en las condiciones de partida según la situación económica de los alumnos, permitir una mayor implicación de las familias, y establecer un buen sistema de becas».

El Defensor del Pueblo también ha reiterado durante su intervención su «apoyo incondicional a las víctimas de violencia de género y a sus hijos».

Ha asegurado que “las quejas recibidas siguen poniendo de manifiesto la escasez de recursos, la poca formación especializada y la falta de instrumentos de coordinación entre los distintos niveles territoriales de intervención integral”. Ha informado que la institución ha realizado actuaciones de supervisión en todas las fases de atención a la víctima: desde la emergencia inicial, hasta la integración social y ha formulado nuevas recomendaciones «para reforzar el sistema de protección» de las víctimas y de sus hijos.

Fernández Marugán ha pedido que se mejoren las herramientas de detección del riesgo y la coordinación con los servicios sociales.

“Tenemos que trabajar todos mucho más para que las víctimas dejen de sentirse cuestionadas y perdidas en los procedimientos administrativos y judiciales”, ha concluido.

Las dificultades para acceder a una vivienda, sobre todo para los más jóvenes, han sido ampliamente analizadas por el Defensor del Pueblo, que publicó el año pasado el informe ‘La vivienda protegida y el alquiler social en España’.

El Defensor del Pueblo ve imprescindible «aumentar el parque de vivienda social en alquiler y priorizar en el acceso a la vivienda a colectivos en riesgo, como son familias con rentas bajas y monoparentales, jóvenes, personas que hayan sufrido un desahucio, mujeres víctimas de violencia de género e inmigrantes».

Le preocupa especialmente la situación de los jóvenes menores de 35 años para quienes “el acceso a una vivienda se ha vuelto imposible”.

En su opinión, los jóvenes soportan fuertes dosis de desigualdad y las dificultades que padecen muchos de ellos «no solo tienen su origen en los bajos salarios o en las restrictivas condiciones laborales que experimentan, sino que también radica en el precio que han de pagar por el alquiler de la vivienda en la que viven».

El problema es que “existe una fuerte demanda de alquiler y no hay oferta suficiente para satisfacerla”, ha asegurado el Defensor. Para incrementar dicha oferta, cree necesario que las administraciones apuesten decididamente por la vivienda pública de alquiler.

En materia de migración, ha recordado que 2018 fue el año del gran aumento en llegadas de pateras y 2019 en el que se alcanzó una cifra histórica en el número de personas que han solicitado protección internacional.

Ve necesario reforzar «sin más demora» la coordinación entre los distintos organismos de las administraciones públicas con competencias en la materia e implementar «de manera urgente» una política migratoria que contemple todo el fenómeno en su totalidad.

«Tenemos que ser capaces de poner en marcha con urgencia medidas efectivas y flexibles que den respuesta a las llegadas de estas personas que nos piden a gritos acogida», ha afirmado. Considera que “no podemos ir por libre» sino que «hemos de actuar de manera coordinada con los otros países europeos”.

También ha pedido mejorar el registro de los menores extranjeros no acompañados. «Tenemos dificultades para conocer exactamente en cada momento cuantos han llegado y donde están», ha subrayado.

SU GESTIÓN EN 2018 Y 2019

El Defensor del Pueblo ha explicado su gestión en 2018 y 2019.

En 2018 se realizaron un total de 17.697 actuaciones, que incluyen las quejas recibidas, las investigaciones de oficio iniciadas y las solicitudes de interposición de recursos de inconstitucionalidad. Esta cifra se incrementó un 16,5% en 2019, hasta alcanzar los 20.616 expedientes.

Las resoluciones dictadas por la institución (recomendaciones, sugerencias y advertencias de deberes legales) se elevaron a 1.152 en 2018 y a 1.551 en 2019, lo que supone un incremento del 34,63%.

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