La Asociación de Internautas (AI), la Fundación España Digital (FED) y la Asociación de Usuarios de Internet (AUI) han presentado una queja formal ante el Defensor del Pueblo.
Reclaman su intervención ante lo que califican de “bloqueos arbitrarios y masivos” de webs, servicios y plataformas «online», ordenados por La Liga Nacional de Fútbol Profesional en el marco de su lucha contra la piratería de partidos.
La petición, dirigida a que el Defensor inste a actuar a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, denuncia una situación insólita: cada fin de semana, coincidiendo con los encuentros futbolísticos, miles de webs quedan inaccesibles para los usuarios en España.
No solo desaparecen de la Red páginas sospechosas de retransmitir partidos ilegalmente, sino también sitios completamente ajenos al fútbol, entre ellos la web de la Real Academia Española, la plataforma de videojuegos Steam, medios de comunicación e incluso el portal institucional del Ayuntamiento de Madrid.
El pasado 16 de mayo del asociación RootedCON, y otras entidades del ecosistema digital, interpusieron un recurso de amparo contra LaLiga y el grupo Telefónica por los «bloqueos dinámicos» de IPs que están llevando a cabo para combatir la piratería audiovisual, especialmente la retransmisión ilegal de partidos de fútbol a través de servicios como IPTV y webs de streaming no autorizadas.
Una censura digital sin control, al servicio de intereses privados
Las asociaciones advierten de que estos cortes masivos —justificados por La Liga en base a una orden judicial— se están ejecutando sin el más mínimo control, afectando a contenidos completamente lícitos y a usuarios sin ninguna relación con actividades ilícitas.
Y lo que es aún más grave: esa supuesta orden judicial no autoriza, en ningún caso, el bloqueo de dominios o direcciones IP legítimas, como las que están siendo afectadas.
“El derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información, la libertad de empresa… están siendo conculcados sistemáticamente para proteger intereses económicos privados”, denuncian en el escrito.
Artículos clave de la Constitución Española —el 9, el 20.1 a) y d), el 20.5 y el 38— están siendo vulnerados con el beneplácito, o al menos la inacción, de los poderes públicos.
El precedente que puede hacer saltar por los aires los derechos digitales
La situación ha llegado a un punto límite. La Liga ha cruzado una línea peligrosa: se está arrogando un poder de censura técnica sobre la Red que ni el legislador ni el juez le han concedido.
Dejar sin servicio a miles de usuarios inocentes cada fin de semana, sin previo aviso ni reparación, no es una defensa de la propiedad intelectual, sino un atropello digital que amenaza con consolidarse como un precedente inaceptable.
Las asociaciones alertan: si se permite esta deriva, mañana cualquier empresa con recursos podrá cortar la Red a su antojo, amparándose en órdenes judiciales genéricas y ejecutándolas sin supervisión ni proporcionalidad.
Y eso, advierten, es incompatible con un Estado de Derecho.
