Ante las próximas elecciones vascas, Amnistía Internacional ha elaborado una agenda con siete medidas para que las impulsen los grupos políticos que concurren a las mismas. Entre ellas destaca garantizar por completo el acceso a la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas de ETA y de otros grupos armados, incluidos los GAL.
“Los grupos políticos que se presentan a las elecciones deben asumir el compromiso firme de situar los derechos humanos en el eje central de su política”, ha declarado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. “Se debe hacer una revisión de los abusos graves cometidos por ETA y que han sufrido amplios sectores de la población entre los años 1960 y 2011, con el fin de que todas las víctimas tengan acceso a la verdad, justicia y reparación que merecen”, añade Beltrán.
A través de un comunicado, la La organización denuncia que falta información detallada y desglosada por parte del Gobierno central acerca del número de personas fallecidas, heridas, las que sufrieron extorsión o vieron otros derechos vulnerados por parte de ETA. “Eso solo puede suponer más dolor para las víctimas: los Estados tienen la obligación de proporcionarles esa información para que accedan a una adecuada reparación, así como para luchar contra la impunidad «.
Beltrán,recuerda que, «según la Fiscalía de la Audiencia Nacional, todavía hay doce casos por atentados de ETA en los que los familiares y afectados desconocen el estado procesal en el que se encuentran los expedientes. Tampoco se conoce, por parte del Estado, una cifra oficial sobre el número total de casos que están sin esclarecer».
Algo parecido ocurre con las víctimas de otros grupos armados, como los GAL, que cometieron, en conexión con funcionarios del Estado, atentados en la década de los ochenta. Un ejemplo de ello son los datos de un informe del gobierno vasco que señala que el 37% de estos casos de los GAL habría quedado sin esclarecer.
Asimismo, Amnistía Internacional también incide en denunciar, una vez más, cómo en el caso de las víctimas de tortura y malos tratos por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad en el marco de la lucha anti-terrorista, los derechos de verdad, justicia y reparación no se reconocen. “Por parte del gobierno central queda todo por hacer a este respecto: el Estado ni siquiera ha reconocido públicamente la práctica de la tortura”, asegura Virginia Álvarez, responsable de Política Interior de Amnistía Internacional España.
LAS SIETE MEDIAS
Estas son las siete medidas para que los grupos políticos que se presentan a las elecciones vascas impulsen en el Parlamento Vasco y ante el Gobierno central:
1. Garantizar por completo el acceso a verdad, justicia y reparación para las víctimas de ETA, y de otros grupos armados, incluidas las víctimas de los GAL.
2. Asegurar el acceso a verdad, justicia y reparación para las víctimas de tortura, y otros malos tratos y pedir a las autoridades vascas y centrales un reconocimiento público del daño causado por la tortura y otros malos tratos en el contexto de la lucha anti-terrorista.
3. También solicita «que las autoridades, tanto del Gobierno central como de los autonómicos, incluyendo las judiciales, realicen y colaboren en las investigaciones sobre casos pendientes de graves abusos y violaciones a derechos humanos durante las últimas décadas y se haga lo posible para procesar a quienes han eludido la acción de la justicia«.
4. Estima que hay que continuar avanzando en las iniciativas que ya han dado comienzo en el País Vasco «en la sistematización de toda la información disponible sobre las violaciones y abusos de derechos humanos cometidos entre 1960 y 2011″ y que hay que pedir al Gobierno central que también recoja y publique datos oficiales detallados y desglosados.
5. Por otra parte reclama instar al Gobierno central a revisar la legislación antiterrorista española, en concreto el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, «para adecuarla a los estándares internacionales de derechos humanos y poner fin al régimen de incomunicación para las personas detenidas».
6. Asimismo plantea que se revise la Ley de Partidos «para eliminar las ambigüedades que pudieran dar lugar a emprender procesos de ilegalización de formaciones que propugnen el cambio de principios constitucionales o leyes de forma pacífica».
7. Por último propone garantizar a través de una revisión de la política penitenciaria por parte del Gobierno central que los presos puedan cumplir condena cerca de su lugar de arraigo siempre que sea posible e individualmente lo soliciten, «según marcan los principios de Naciones Unidas para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión».
