La defensa del exministro Rodolfo Martín Villa, procesado por la juez argentina María Servini por homicidio y torturas, ha presentado un recurso contra el auto de la magistrada en el que le acusa de falta de imparcialidad al entender que ha hecho suya «la versión de los querellantes» y no ha realizado una investigación judicial independiente.
La juez decretó su procesamiento «con prisión preventiva, la que no se hará efectiva, en virtud de la eximición de prisión dispuesta oportunamente por la Alzada».
Además, ordenaba el embargo sobre los bienes del exministro hasta cubrir la suma de 1.134.000.000 pesos argentinos, casi diez millones de euros.
Según ha podido conocer Europa Press, en ese escrito de defensa de 47 páginas la representación legal del exministro lamenta que Servini haya calificado determinadas muertes, causadas por disparos policiales entre 1976 y 1978, como delitos de lesa humanidad, y asevera que no son tales y que esa afirmación resulta incompatible con el proceso que supuso la Transición.
La defensa de Martín Villa expone que, a su juicio, en la resolución judicial ha habido falta de imparcialidad, arbitrariedad, carencia de fundamento por ausencia de pruebas y atribución de responsabilidades penales por el mero hecho de desempeñar cargos de ministro.
Recuerdan que en 2017 la Cámara de Apelaciones revocó, por falta de fundamento, la orden de detención dictada por Servini contra Martín Villa y suspendió, por desproporcionada, la fianza que le impuso para declarar en libertad.
El recurso, que será resuelto por la Cámara Federal de Apelaciones argentina, empieza por señalar que la juez Servini «demoró más de un año en dictar una resolución que debía emitir en 10 días», tras haber prestado declaración voluntaria Martín Villa ante ella, por videoconferencia, el 3 de septiembre de 2020.
Y añaden que la juez dictó la orden de detención internacional contra Martín Villa en octubre de 2014 sin que figurase entre los españoles para los que el fiscal pidió esa medida.
Cabe recordar que la juez Servini en un auto de más de 900 páginas que se hizo publico la semana pasada y al que también ha tenido acceso Europa Press, procesó al exministro por considerarle prima facie autor penalmente responsable de tres de las cinco muertes causadas en el desalojo policial de una iglesia de Vitoria en marzo de 1976 y de la muerte por disparos de la policía de un manifestante en las fiestas de San Fermín en julio de 1978.
Pero la defensa detecta en la resolución de la jueza «un desconocimiento de la historia española», ya que la Transición, a diferencia de lo que sostiene la querella y su sentencia, «no tenía por objeto continuar la labor de Franco e iniciar un nuevo plan de exterminio o persecución de opositores, sino todo lo contrario, reunir al pueblo español para iniciar un camino hacia la democracia constitucional».
EL GOBIERNO DE SUÁREZ
En ese sentido, explican que el primer Gobierno de Adolfo Suárez, en el que Martín Villa era ministro del Interior, dio voz a los adversarios políticos –la oposición antifranquista– y llevó a cabo la legalización de sus partidos, incluido el Partido Comunista, entre otras medidas que instauraron derechos y libertades publicas.
Así, se preguntan por qué la juez concede a un declarante que acudió a su Juzgado a iniciativa propia más veracidad sobre la Transición que a cuatro expresidentes del Gobierno de España que han defendido la actuación y compromiso de Martín Villa para traer la democracia.
También se asombran de que la Resolución de procesamiento se haya apoyado en el relato de un periodista, Alfredo Grimaldos, condenado por el Tribunal Supremo por difamación.
Por otro lado, la defensa del exministro replica a la jueza que «no fundamentó de forma concreta y razonada su resolución, sino tan solo se limitó a repetir, en casi todos los casos en forma textual, lo que la querella ha venido manifestando en todo este tiempo, sin siquiera analizar otra versión distinta de la de los querellantes». Y agrega que la juez «no detalla la prueba de cargos que demuestre autoría» de Martín Villa en las muertes de Vitoria y Pamplona.
En el caso de la muerte en las fiestas de San Fermín de julio de 1978, ocurrida cuando Martín Villa era ministro del Interior, citan una declaración del Gobernador civil de entonces que aseguró que las órdenes de disparar fueron «de exclusiva competencia de los mandos de las respectivas unidades actuantes».
Los abogados afirman que «es un disparate decir que Martín Villa instigó, ordenó, indujo o siquiera ayudó a los autores de los homicidios de Vitoria» el 3 de marzo de 1976, dado que él «era el equivalente a un ministro de Trabajo» y no tenía ninguna capacidad para dar instrucciones a la Policía y la Guardia Civil.
Sobre esas muertes, añaden que «el aeropuerto Internacional de Madrid lleva el nombre de Adolfo Suárez, una de las personas sindicadas por la Querella Argentina como supuesto responsable de estos crímenes de lesa humanidad».
