La Asociación de Fiscales reclama un Gabinete de Prensa para la Fiscalía General del Estado acorde con su relevancia constitucional
De izquierda a derecha, Carlos Ganzenmuller Roig, presidente del Congreso; José Manuel Maza, fiscal general del Estado; Rafael Catalá, ministro de Justicia; Francisco Cuenca, alcalde de Granada; Rosa Aguilar, consejera de Justicia de la Junta de Andalucía; Lorenzo del Río, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía; y Cristina Dexeus Ferrer, nueva presidenta de la AF. AF.

La Asociación de Fiscales reclama un Gabinete de Prensa para la Fiscalía General del Estado acorde con su relevancia constitucional

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23/10/2017 06:15
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Actualizado: 23/10/2017 10:33
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A la Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria y conservadora de las tres existentes, hace tiempo que le preocupa la comunicación que realiza la Fiscalía General del Estado, y también las de órganos como la Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción y el resto de las Fiscalías de las Comunidades Autónomas. Saben que, aún poniendo mucha voluntad de su parte, la comunicación que se está haciendo no es la más eficaz.

Por eso le han dedicado un punto -un importante punto- de las 10 conclusiones a las que  han llegado en el XXI Congreso Nacional que se ha celebrado el fin de semana pasado en Granada y en el que participaron alrededor de 300 fiscales de toda España. En el mismo eligieron a la nueva presidenta nacional: Cristina Dexeus Ferrer, fiscal destinada en Barcelona.

«Dignidad en la política de comunicación de la Fiscalía General del Estado: solicitamos la creación de un Gabinete de Prensa acorde con el carácter de Institución de Relevancia Constitucional del Ministerio Fiscal». Es lo que dice el punto 8.

Y es que tienen toda la razón del mundo al reivindicar un servicio de comunicación como el que tiene el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). ¿Por qué el órgano de gobierno de los jueces sí y la fiscalía no?

Porque el CGPJ tiene presupuesto propio y ha podido diseñarlo y presupuestarlo, contratando a profesionales de la comunicación.

Y eso es, precisamente, lo que también reivindica la AF en el punto 2 de las conclusiones: «La dignidad de la Carrera Fiscal, como Alta Institución del Estado, exige la plena autonomía en el ejercicio de las funciones que tiene asignadas en la Constitución y en el resto del ordenamiento jurídico; autonomía que debe extenderse al ámbito presupuestario, exigencia que deviene imprescindible para el correcto funcionamiento del Ministerio Fiscal».

Traducido: la Fiscalía General del Estado debe administrarse de forma autónoma y tener un presupuesto propio. Sin esas dos premisas, la Fiscalía seguirá siendo un adulto que vive en casa de papá y de mamá, que son los que le pagan todos sus gastos. Una reivindicación que ya llevaron a cabo ante el Congreso de los Diputados las tres asociaciones de fiscales esta primavera. 

Y puestos a hablar de dinero, la AF reclama más medios materiales, personales y mayor retribuciones. Y piden «equiparación retribuitiva» en las categorías de la carrera en las que los fiscales desempeñan las mismas funciones.

NUEVA EJECUTIVA Y RECONOCIMIENTO A LA FISCALÍA DE LA AN

Durante la Asamblea bianual, sus miembros eligieron una nueva Comisión Ejecutiva que quedó formada por la mencionada Cristina Dexeus, Jesús Alonso (Audiencia Nacional), Miguel Rodríguez (Oviedo), Marta Valcarce (Sevilla), Mónica Alonso (León), Montserrat García (Las Palmas) y Pilar Sánchez (Jaén).

Asímismo, eligieron como candidatos al Consejo Fiscal a Rosario Lacasa (Madrid), Concepción Talón (Barcelona), Rosa Rubio (Las Palmas), Juan Bermejo (Málaga), José Ortiz (Valencia) y Juan Ríos (Albacete).

La AF mostró también su reconocimiento a la la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que dirige Jesús Alonso, «por el desempeño de sus funciones con sujeción a criterios estrictamente jurídicos, pese a las presiones políticas existentes».

Los fiscales de la AF, además, volvieron a repetir una reivindicación «perpetua»: la existencia de una «Policía Judicial decididamente comprometida con la defensa de la legalidad y de las resoluciones de los tribunales».

De izquierda a derecha, Emilio Frías, fiscal en servicios especiales y asesor en el Ministerio de Justicia, Carlos Ganzenmuller Roig, fiscal del Tribunal Supremo, y Montserrat García, miembro de la Ejecutiva de la AF, reelegida en este Congreso. AF.

IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA INFORMÁTICO ÚNICO

En la búsqueda de la mayor eficacia, la AF reclama un sistema informático único para todo el territorio nacional.

«Las inversiones realizadas sin planificación alguna han resultado ineficaces con la concurrencia de distintas aplicaciones informáticas según el territorio autonómico; ausencia de interconexión entre dichas aplicaciones; inexistencia del llamado ‘papel cero'», explican abiertamente.

«Exigimos la implantación de un sistema informático único para todo el territorio nacional y, en todo caso, exigimos una aplicación informática única y dotada de todos los medios técnicos que la hagan eficaz y eviten la ralentización del sistema; asimismo, exigimos que durante su desarrollo, se proceda a la urgente interconexión de las distintas aplicaciones actuales, así como la adecuada formación de los Fiscales en el uso de las nuevas tecnologías. La situación actual aboca a las Fiscalías al colapso», afirman en sus conclusiones.

DEROGACIÓN DEL ARTÍCULO 324 DE LA LECRIM

La AF no considera, de la misma manera, que el Fiscal tenga que controlar los términos procesales.

«No puede el Fiscal llevar el control de los términos procesales sin los medios adecuados, ni puede configurarse al Fiscal como único garante de los plazos de instrucción», han señalado.

En consecuencia, la AF pide la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Además, solicitan la «aprobación urgente» del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y de su correspondiente Reglamento.

CATALUÑA, MUY PRESENTE

La Asociación de Fiscales tuvo muy presente lo que está sucediendo en Cataluña en todo momento en el Congreso. De hecho, el primer punto de sus conclusiones ha sido su apoyo y agfadecimiento a los fiscales que ejercen sus funciones en  esa Comunidad Autónoma.

Por defender el «orden Constitucional frente a los que, con su actuación,  atacan frontalmente la Constitución, el Estatuto de Autonomía, el Estado de Derecho y los principio democráticos, así como las más elementales normas de convivencia».

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