El Comité de Asuntos Legales del Parlamento Europeo someterá hoy a votación la moción para que se someta al Pleno del Parlamento Europeo la “Propuesta sobre las medidas legítimas para la protección de los denunciantes de irregularidades que, en aras del interés público, revelan información confidencial sobre empresas y organismos públicos”.
Dicha propuesta está impulsada por la eurodiputada socialista francesa, Virgine Roziére, militante del Partido Radical de la Izquierda de Francia, que está englobado en el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo -del que forma parte el PSOE-.
Si sale adelante, como se espera, el siguiente paso sería someterlo a votación ante el Parlamento de Estrasburgo con el fin de que -de aprobarse- se convierta, una vez asumida por la Comisión, en la tan reclamada y reivindicada Directiva para la protección de los “whistleblowers” (denunciantes de irregularidades) de la Unión Europea.
En su elaboración han colaborado 13 organizaciones e instituciones, entre las que se encuentra Transparencia Internacional, Eurocadres y la Federación Europea de Periodistas, entre otros, además del equipo de defensa legal del exteniente del Ejército, Luis Gonzalo Segura, y sus abogados, dirigidos por el letrado Josep Jover.
Una propuesta formada por 4 puntos fundamentales
La propuesta impulsada por la eurodiputada Roziére consta de 4 puntos fundamentales: el papel de los denunciantes de irregularidades y la necesidad de protegerles, el mecanismo de denuncia, la protección concedida en caso de denuncia y el acompañamiento de los denunciantes de irregularidades.
En la misma se invita a los Estados miembros de la Unión Europea a “establecer un organismo independiente encargado de recoger las denuncias, verificar su credibildiad y orientar a los denunciantes en sus diligencias, en particular ante la falta de respuesta favorable dentro de su organización”.
Y se pide a la Comisión que proponga la creación de un organismo similar “a nivel europeo encargado de coordinar las acciones de los Estados miembros, en especial en situaciones transfronterizas; considera que este organismo europeo debería también poder recoger las denuncias, verificar su credibilidad y orientar a los denunciantes de irregularidades cuando la respuesta ofrecida por el Estado miembro del denunciante resulte manifiestamente inapropiada; estima que el mandato del Defensor del Pueblo Europeo podría ampliarse para desempeñar esta función”.
La importancia de los “whitleblowers” en la detección de la corrupción y el fraude ha sido confirmada por un informe de 2016 de la Asociación de Examinadores Certificados de Fraude (ACFE, por sus siglas en inglés) que analizó más de 2.400 casos de fraude en 114 países diferentes encontrando que en torno al 40 por ciento de todos ellos fueron denunciados de por “whistleblowers”.
