La magistrada Carmen Lamela podría ordenar la detención del expresidente del gobierno autonómico, Carles Puigdemont, actualmente en Bruselas, Bélgica, si no se presentara a declarar ante ella mañana jueves y después de que fuera citado por segunda vez, para ser interrogado, como imputado por los supuestos delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos junto a su exvicepresidente, Oriol Junqueras y los 12 exconsejeros del gobierno autonómico catalán.
«Puigdemont no puede justificar su incomparecencia argumentando que es más importante hacer política, tratando de internacionalizar el conflicto catalán en Bélgica, que comparecer ante la justicia, cuando es requerido mediante una citación formal», explicaron fuentes jurídicas.
En el caso de que, en la segunda citación -realizada en su domicilio de Girona-, Puigdemont persistiera en permanecer en Bélgica, la magistrada tendría dos posibilidades: citar al expresidente del gobienro autonómico mediante correo certificado, en el hotel belga en el que se estuviera hospedando -por ser público y notorio-, para que comparezca ante ella en una fecha y a una hora determinada, o, si no es así, convocar al Ministerio Fiscal para que solicite una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE), que es el mecanismo que ha sustituido a la petición de extradición entre los 27 países de la Unión Europea.
El abogado español de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, exdecano del Colegio de Abogados de Barcelona, se quejó el pasado martes de falta de tiempo para preparar la defensa de su cliente después de que el martes la magistrada Lamela hubiera admitido la querella de la Fiscalía General del Estado.
Puigdemont declaró, el martes, desde Bruselas que sólo regresaría a España cuando tuviera “garantías” de que podría tener un juicio justo y con separación de poderes, y aseguró que no había viajado a la capital de Europa con la intención de “pedir asilo” o de “eludir” su responsabilidad ante la Justicia.
Orden Europea de Detención y Entrega
«Sabiendo dónde se encuentra, Lamela puede dirigirse a la autoridad belga competente, a través del programa que existe en red y que opera para esto y solicitar una OEDE o, como se la conoce en Europa, una ‘european arrest warrant’. A diferencia de las extradiciones, la OEDE es extramadamente rápida: 10 días si el sujeto en cuestión la acepta o un máximo de 70 días si se opone a ella. Después sería enviado a España», continúan explicando las mismas fuentes.
Las posibiliades de que Puigdemont fuera a parar a la cárcel de Soto del Real, como preso preventivo, serían muy altas. Porque son tres las condiciones para tomar una decisión como esa -previa petición del fiscal-: destrucción de pruebas, reiteración delictiva y riesgo de fuga.
La negativa de Puigdemont de volver a España para hacer frente a sus responsabilidades jurídicas sería entendido, casi con toda seguridad, como una fuga en toda regla.
La magistrada dice en el auto de imputación contra Puigdemont, su exvicepresidente Junqueras y los 12 consejeros, que «los querrellados urdieron una estrategia de lo que habría de ser todo el movimiento secesionista, perfectamente organizada y con reparto de papeles entre las autoridades gubernamentales, parlamentarias y asociaciones independentistas (ANC y Ómnium) que llevaron a la celebración del Referéndum ilegal el día 1 de octubre y a la declaración de independencia aprobada en el parlamento el pasado 27 de octubre».
La redacción del texto realizado por la magistrada Lamela induce a pensar, según las mismas fuentes jurídicas, que todos los investigados podrían también ser imputados por un supuesto delito de integración en organización criminal, del artículo 570 y siguientes del Código Penal.
¿Y qué pasa si Puigdemont huyera a otro país europeo?
En el caso de que Puigdemont huyera a otro país europeo, la magistrada Lamela emitiría esa misma OEDE a través de Europol. Las policías del viejo continente tendrían la obligación de detenerlo allí donde se encontrara y ponerlo a disposición de la autoridad judicial para su envío a España.
Si, por el contrario, saliera de Europa, la orden de búsqueda y captura se cursaría a través de las policías de 170 países de mundo y seguirían el mismo protocolo, si bien, en los casos fuera del espacio europeo, operaría según los acuerdos internacionales de España con el país en cuestión.
