La Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha acordado la rehabilitación como magistrado de Francisco Serrano, quien fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a 2 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación culposa tras modificar el régimen de visitas de un menor para que éste asistiese a una procesión de la Semana Santa de Sevilla.
La rehabilitación, y por lo tanto, su reingreso, tiene efectos desde la fecha de la sentencia, es decir, hoy.
La sentencia supone un correctivo en toda regla al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y más en concreto a la Comisión Permanente, máximo órgano entre plenos.
El tribunal ha anulado, por no ser conforme a derecho, el acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de 2 de marzo de 2017 que rechazó la petición de rehabilitación a la carrera judicial formulada por Serrano al considerar que el cumplimiento de la pena de inhabilitación que le fue impuesta supuso la «privación definitiva del cargo de magistrado.
Dicho acuerdo estableció también que si deseaba ingresar en la carrera judicial tendría que hacerlo mediante la superación de cualquiera de los modos de ingreso, como cualquier otro ciudadano.
El ponente del caso ha sido el magistrado José Manuel Sieira -expresidente de esa misma- Sala y del tribunal han formado también parte, los magistrados Luis María Díez-Picazo Giménez, actual presidente de la Sala, Jorge Rodríguez Zapata, Pedro José Yagüe Gil y Nicolás Maurandi Guillén.
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NO SE LE PAGARÁ LO DEJADO DE COBRAR
Por otro lado, el tribunal ha rechazado la petición del magistrado para que se le reconocieran todos sus derechos económicos y administrativos, incluida la antigüedad, desde el 27 de agosto de 2013, fecha en la que se considera extinguida la condena que se le impuso.
En la sentencia dada a conocer este miércoles, el Supremo explica que entre las causas de incapacidad se encuentran haber sido condenado, procesado o inculpado por delito doloso pero no figura la condena por delito culposo, ni la condena a pena de inhabilitación especial que le fueron impuestas al magistrado.
LA PREVARICACIÓN, DELITO MÁS GRAVE PARA UN JUEZ
La Sala recuerda también que el delito de prevaricación es uno de los más graves que pueda cometer un miembro de la Carrera Judicial en cuanto quiebra la esencia del Poder Judicial y la conducta mínimamente exigible a quien lo encarna, pero, añade, que tampoco puede obviar la diferencia sustancial entre el delito del artículo 446 del Código Penal, prevaricación dolosa, y el de prevaricación culposa del artículo 447 del Código Penal.
En noviembre de 2016 el juez había solicitado su reincorporación a la carrera judicial como magistrado de una la sentencia del Tribunal Constitucional que, según él interpretaba, le rehabilitaba como juez.
Serrano, que ejerce ahora como abogado en un despacho sevillano, solicitaba también que se le abonaran los salarios dejados de percibir desde que «debió ser rehabilitado como magistrado» -desde el 28 de agosto de 2013–, más los intereses legales que procedan, «en virtud de lo acordado» en la sentencia del Tribunal Constitucional.
En dicha ocasión, Serrano lamentó el «calvario y la travesía en el desierto» sufridos tras ser inhabilitado tres meses después de haberse manifestado «en contra de un determinado concepto ideológico», añadiendo que «nadie en España, ningún juez ni ningún ciudadano, tiene que ser perseguido por razón de pensamiento».
