La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas desestima el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Vladimir Kokorev, acusado de ejercer de presunto testaferro del dictador guineano, Teodoro Obiang, y no acepta los bienes propuestos por éste para abonar la fianza de 600.000 euros con los que eludir la prisión provisional.
En sus argumentos, la citada Sección, formada por los magistrados Miguel Ángel Parramón, Inocencia Eugenia Cabello y Carla Vallejo, subraya que «la fianza no puede entenderse prestada a través de la designación de los bienes que realiza el investigado y se funda en que dichos bienes ya se encuentran afectos a este proceso en virtud de prohibiciones de disponer acordadas con el fin de garantizar las responsabilidades pecuniarias y el decomiso de los efectos y ganancias del delito».
Por contra, el letrado de los Kokorev, Antonio José García Cabrera, «entiende que esta resolución entra dentro de lo absurdo, hace inviable que pueda abandonar la prisión». Sostiene que «si todo su patrimonio está embargado, y no se le permite cubrir con él la fianza estamos ante una prisión incondicional encubierta». «Siguiendo el viejo aforismo el que da todo lo que tiene no está obligado a más no puede admitirse que el tener todo el patrimonio afecto al procedimiento sea la única causa que impide su libertad a través de la fianza”.
El abogado insiste en que Vladimir Kokorev «tiene todos sus bienes y cuentas embargados sometidos a una prohibición judicial de disponer por el órgano jurisdiccional por lo que si estos no se admiten se le deberían imponer otras medidas cautelares, ya que las económicas son inviables por la propia decisión judicial”.
El pasado 27 de septiembre la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas decretó la libertad provisional de Yulia Maleeva (su esposa, ya en libertad) y rebajó de dos millones a 600.000 euros la fianza impuesta por el Juzgado de Instrucción número 5 de la capital grancanaria a su esposo Vladimir Kokorev, quien permanece en prisión preventiva en Juan Grande, en Gran Canaria.
Recurso de amparo al Constitucional
Tras esta “injusta y sorprendente resolución”, según califica García Cabrera, la defensa de Kokorev presentará en los próximos días un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional «porque la decisión atenta contra el derecho a la libertad, la Sala ya ha considerado que no había ese riesgo de fuga y que la salida de prisión se podía conjurar con la prestación de fianza. Ahora se le impide de forma absoluta por cuanto la única causa para denegar la libertad es únicamente el embargo decretado por el propio órgano jurisdiccional”.
La defensa de Kokorev recuerda que «el objetivo de la fianza es que uno no se vaya y eluda la acción de la justicia por lo que qué mayor garantía que esos bienes para que respondan no solo de sus responsabilidades si las hubiera sino también de su sujeción al proceso”
«No le pueden decreta una medida de libertad provisional, porque tiene la capacidad de prestar fianza y, al mismo tiempo impedírsela porque no tiene otros medios con la que hacerla frente«, concluye su letrado.
Por ello, solicitarán que le impongan otras medidas cautelares que no sean económicas porque al tener embargados todos sus bienes no dispone de otros recursos.
Sin embargo, la Sala entiende que «tampoco puede ser atendida la petición que, con carácter subsidiario, se solicita por la defensa y por la que insta al alzamiento de la fianza que ha sido impuesta para el caso de que no se estimen suficientes los bienes designados«.
Estrasburgo pedirá explicaciones a España
Cinco eurodiputados han cursado una iniciativa para solicitar a la justicia española por qué se están produciendo todas estas decisiones en el caso de los Kokorev, «cuando aún no tenían conocimiento de esta última decisión».
Solicitarán explicaciones de este caso en varias misivas dirigidas al ministro de Justicia, Rafael Catalá, la presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes y al fiscal general del Estado, José Manuel Maza.
Además, ha habido una petición al Parlamento Europeo de que se constituya una comisión de investigación para indagar sobre la demora en la instrucción de esta causa, la prórroga de la prisión provisional -una medida excepcional- y por qué se ha impedido a los abogados defensores acceder al material informático intervenido en la investigación, las circunstancias del procesamiento, de la situación carcelaria, penitenciaria y judicial, entre otros asuntos.
Algo que también se ha solicitado desde Bruselas.
Vladimir Kokorev se encuentra en prisión provisional desde 9 de septiembre de 2015, cuando fue extraditado desde Panamá (junto a su mujer y su hijo) donde fueron detenidos, después de una larga e intermitente investigación que inició en 2008 tras una querella interpuesta por la Asociación Pro Derechos Humanos por blanqueo de capitales.
