¿Qué problemas esconde el nuevo Bono Social eléctrico?

¿Qué problemas esconde el nuevo Bono Social eléctrico?
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El nuevo Bono Social eléctrico entró en vigor el pasado 6 de octubre, impulsado por el Ministerio de Energía que preside Álvaro Nadal con cambios sustanciales con respecto al anterior de gran relevancia tanto para las familias como para el resto de actores sociales.

Diversas organizaciones han puesto de manifiesto ciertas arbitrariedades o carencias del nuevo Bono Social, muchas de las cuales se pusieron de manifiesto durante la elaboración del Real Decreto y no fueron escuchadas. También ponen en tela de juicio una vez más el papel de las eléctricas, que tienen un Bono Social muy acorde a sus intereses en un año que vuelve a marcar grandes beneficios en sus cuentas de resultados.

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Y es que existen una serie de razones para poner en tela de juicio que este nuevo bono llegue a quienes más lo necesitan.

Mismo límite al consumo para todos los beneficiarios

Una de las novedades del nuevo Bono Social es que el descuento (que va desde el 25 al 100% en función del tipo de beneficiario) se encuentra limitado, dependiendo del beneficiario y número de personas en el hogar familiar, entre 120 y 300 kWh/mes. A partir de dicha cantidad se abonará la tarifa normal.

Así, una unidad familiar con dos menores a cargo le correspondería un límite de 170 kWh/mes. Sin embargo, el análisis del programa Ni Un Hogar Sin Energía realizado por Ecodes a más de 600 hogares en pobreza energética en 17 ciudades españolas, revela que el consumo eléctrico medio, de un hogar con dos menores, es de 231kWh mensuales. Por tanto, esas familiar habrán agotado la energía con descuento cuando llegue el día 22 del mes ya, y tendrán que pagar el resto al precio normal del PVPC.

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A esto hay que sumar las diferencias climáticas de nuestro país, lo que hace que el consumo se dispare en las ciudades del norte en invierno (un 27% más que la media), y del sur en verano, debido a las temperaturas y las malas condiciones de aislamiento de la mayoría de hogares en riesgo de exclusión.

Esto hace que al final el Bono Social apenas alcance para unas semanas al mes, pagando la tarifa normal el resto del tiempo.

Los servicios sociales deben pagar cantidades inasumibles para mantener el Bono

El Real Decreto especifica que, en el caso de las familias en situación de vulnerabilidad severa (en torno a 900.000 hogares en España) el beneficio será del 100%, siempre y cuando los servicios sociales asuman el 50% de ese gasto. Por tanto, los servicios sociales tendrían que abonar en torno a 300 millones de euros, algo inasumible para los ya muy limitados recursos con los que gestionan la asistencia a más de 8 millones de personas al año.

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Esta situación ya fue denunciada por la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, que han puesto el grito en el cielo sobre los incentivos perversos que genera. Esta medida puede crear un impago masivo de aquellas familias vulnerables, que tienen dos opciones: Pagar la factura de la luz con un 40% de descuento, o dejar de pagarla y que sean los servicios sociales los que paguen su factura (junto con las eléctricas que pagan el otro 50%).

Además, una vez dado aviso del corte corresponderá a los servicios sociales hacerse cargo de la situación, de modo que en última instancia las eléctricas ponen la piedra en el tejado de los mismos, culpabilizándolos del corte del suministro.

De esta manera, el nuevo Bono Social le sale gratis al ministerio, al hacer que el coste recaiga en las compañías eléctricas junto a los servicios sociales autonómicos y locales españoles. Ellos invitan, otros pagan.

Sin límite de renta para familias numerosas

El nivel de renta es uno de los requisitos para beneficiarse del Bono Social, salvo una excepción. Las familias numerosas serán beneficiarias de un 25% de rebaja en su factura de la luz, independientemente de su nivel de ingresos, lo que genera importantes contradicciones.

En primer lugar, porque no distingue niveles de renta ni número de miembros en la familia; lo mismo da ser millonario y tener 3 hijos que tener 8 y estar en riesgo de exclusión social. En segundo lugar, porque el límite al consumo también es fijo: 300 kWh/mes, lo que nos deja en la misma situación de antes, algo que ya ha sido denunciado por la Federación Española de Familias Numerosas que recuerdan que el 44% de las familias con tres o más hijos con bajos ingresos en España son vulnerables o están en riesgo de pobreza relativa y piden que el límite se amplíe hasta los 467 kWh/mes.

A todo lo mencionado, hay que sumar una serie de interrogantes sobre el mercado eléctrico, la situación de pobreza energética y el papel del Gobierno a la hora de implementar este nuevo Bono Social.

¿Por qué luz sí y gas no?

La Ley de Hidrocarburos aprobada hace más de dos años ya preveía la inclusión de un bono social del gas para las familias más vulnerables. Además, la Comisión Europea ha reiterado al Gobierno la necesidad de su implementación en varias ocasiones, si bien todavía no se ha materializado ni tiene visos de hacerlo.

El motivo es que a diferencia de la electricidad, el gas no está contemplado como un servicio básico, ya que cuenta con otras alternativas como el butano, la biomasa o la propia energía eléctrica para calentar el inmueble. A esto se suma que no exista una política común en el trato de la pobreza energética en Europa, lo que hace que su regulación no encuentre incentivos en muchos países, entre ellos el nuestro.

Algunos países lo han solucionado con ayudas y subvenciones específicas, como Reino Unido, Francia o Italia. En nuestro país se ha presentado recientemente una propuesta de Ley en el Congreso que defina este Bono Social para el gas, aunque cuenta con las reticencias del Partido Popular.

¿Pagaremos el Bono Social a las eléctricas entre todos nuevamente?

Existen bastantes posiblidades de que las eléctricas terminen recurriendo nuevamente el pago del Bono Social, del mismo modo que hicieron con el anterior y la justicia les dio la razón.

En el primer caso, el Tribunal Supremo dio la razón a las eléctricas al considerar discriminatorio el sistema de financiación, ya que casi el 80% de los costes recaían sobre Endesa (41%) e Iberdrola (38%) mientras Gas Natural-Fenosa cubría otro 14%, E.On un 2% y 23 compañías se hacían cargo del 5% restante. Por ello, el pasado mes el Ministerio dio la orden de devolver las cantidades indebidamente percibidas más los intereses de los dos últimos años.

Pero es que el nuevo sistema de financiación también tiene incongruencias que pueden hacer que vuelva a los tribunales, ya que prevee que los fondos los todas las comercializadores y distribuidoras en función de su número de clientes, pero no tiene en cuenta su volumen de negocio, ni los consumos ni, tampoco, el hecho de que en el mercado libre, el único en el que operan las nuevas cooperativas y las pequeñas compañías (las grandes lo compaginan con el regulado), no cabe el bono social.

Como esta hipótesis se confirme y el Estado tenga que volver a devolver de nuevo el dinero, a día de hoy el Bono Social les habrá salido gratis a las eléctricas. No es mal negocio.

Ingresos de las eléctricas en 2017

Este dato es llamativo si contrastamos esos apenas 200 millones de euros de Bono Social a repartir entre todas las empresas eléctricas con la cuenta de resultados tan positiva que arrojan por estas fechas.

En el caso de Iberdrola su beneficio neto asciende a 2.417 millones de euros (+18,4% que el año pasado) en los primeros 9 meses de 2017; Endesa obtiene 1.085 millones (-16,9%); y Gas Natural Fenosa, con 793, con lo que preveen acabar el año entre los 1.300 a 1.400 millones de beneficio neto.

De este modo parece que el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, con Álvaro Nadal a la cabeza, tiene un gran trabajo por delante para hacer que el Bono Social eléctrico sea verdaderamente social y lo paguen quienes de verdad tienen que pagarlo, aquellas empresas que se benefician de las singularidades del mercado eléctrico español.

por Javier Puyol.

Javier Puyol es abogado, socio director de Puyol Abogados, magistrado excedente, exletrado del Tribunal Constitucional, exdirector de la Asesoría Jurídica Contenciosa del BBVA, consultor en tecnologías de la información y comunicación, administrador concursal, árbitro y mediador civil y mercantil, profesor universitario y académico de la Real Academia de Jurisprudencia.