El Congreso ha dado luz verde a la Proposición de Ley que modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre las comunicaciones electrónicas y que fija un periodo transitorio de tres años, hasta 2020, por el que se otorga un plazo extraordinario de 10 días para que el Ministerio Fiscal se de por enterado de las notificaciones y emplazamientos que le sean dirigidos desde los órganos judiciales.
La Proposición de Ley tiene que pasar su trámite por el Senado la próxima semana, tras lo cual tendrá plena vigencia.
El programa en fase de implantación es el llamado Fiscalía Digital, que da cumplimiento a la Ley 18/2011 en todas las Fiscalías de territorio Ministerio (Comunidades Autónomas de Extremadura, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Murcia y Baleares) y que permite la tramitación electrónica de los asuntos, el intercambio de información digital con los órganos judiciales y la visualización del expediente digital por parte de los fiscales en los procedimientos que tengan que intervenir.
La implantación del programa Fiscalía Digital se inició a principio de este año 2017 con dos programas pilotos en Valladolid y en Badajoz, desplegándose posteriormente a otras 17 fiscalías de Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura, en las que se han formado 335 usuarios y entregado 109 tabletas de última generación a los fiscales para que puedan trabajar en movilidad con el expediente digital.
El programa Fiscalía Digital ha permitido, según fuentes del Ministerio de Justicia, la implantación generalizada de las comunicaciones electrónicas desde el 1 de enero de este año y la digitalización del 91 % de los órganos unipersonales, el 100 % de las Audiencias Provinciales y el 100 % de los Tribunales Superiores de Justicia de las 5 Fiscalías Superiores de territorio Ministerio.
Con la Proposición de Ley aprobada se le da al Ministerio Fiscal y a las Administraciones con competencias transferidas en materia de Justicia (Comunidades Autónomas de Madrid, Cataluña, País Vasco, Navarra, Aragón, Comunidad Valenciana, La Rioja Asturias, Galicia, Andalucía, Cantabria y Canarias) el tiempo suficiente para culminar la implantación de las herramientas digitales y promover los cambios organizativos necesarios en el ámbito de las fiscalías para adaptarse a los nuevos métodos de trabajo.
Un programa contestado internamente
La implantación de Fiscalía Digital fue duramente criticada por las tres asociaciones de fiscales (la Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales), el pasado mes de julio, por considerar que su funcionamiento es deficitario.
En la misma línea se posicionó el Consejo Fiscal en su reunión del 25 de octubre. En el acuerdo tomado pidieron al Ministerio de Justicia a que, tanto en Valladolid como en Badajoz, «cuando sea preceptivo que el fiscal emita dictamen, se proceda a la remisión del expediente en papel coexistiendo las remisiones telemáticas con el traslado del procedimiento”.
Según dicho Consejo, uno de los últimos que presidió el fallecido fiscal general del Estado, José Manuel Maza, el programa ralentizaba el trabajo del Ministerio Público.
De ahí la importancia de esta modificación legislativa, demorando 10 días la entrega de las notificaciones y emplazamientos que los órganos judiciales hacen al Ministerio Fiscal, y que será aprobada la próxima semana por el Senado.
