El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha desestimado una querella presentada contra el juez que instruye el caso Cursach, Manuel Penalva, y el fiscal Miguel Ángel Subirán por presuntas prevaricación y falsedad en dicha causa.
La sala de lo Civil y Penal del TSJIB ha desestimado la querella presentada por la hermana de uno de los investigados en la causa y ha remitido su resolución al Consejo General del Poder Judicial y al Colegio de Abogados de Baleares, ha informado el tribunal en un comunicado.
Según la querellante, el juez y el fiscal acordaron la prisión de su hermano, encausado por haber agredido a un testigo, basándose en la declaración de dos testigos protegidos y sin investigar que uno de ellos alteró la realidad.
La querella la firmaban dos abogados personados en el caso y acusaban a juez y fiscal de, entre otros delitos, impedir derechos cívicos, falsedad en documento público, falso testimonio, obstrucción a la justicia y prevaricación continuada, todos ellos rechazados por el TSJIB.
Los abogados aportaron una acta notarial con la transcripción de conversaciones de WhatsApp entre la testigo protegido número 31 de la macrocausa policial con el juez, el fiscal y algunos miembros del Grupo de Blanqueo.
En la querella se acusaba a Penalva, Subirán y la Policía de impedir el correcto derecho a la defensa por no admitir diligencias y «no querer investigar» circunstancias del caso.
En su resolución, los magistrados del TSJIB descartan estas acusaciones ya que aseguran que «la afirmación de que nunca se quiso investigar» resulta «abiertamente contradicha varias líneas después» porque en el escrito «se afirma que la investigación tuvo lugar en efecto, y que se aceptó la declaración de varios testigos propuestos».
Grabación de sonido «furtiva y clandestina»
En la querella también se aportó una grabación de sonido «furtiva y clandestina», según el TSJIB, tomada durante la declaración de los testigos, y que también incluía conversaciones entre el juez y el fiscal durante los recesos.
Los magistrados apuntan que esta grabación «se llevó a cabo con deslealtad procesal porque se ocultó intencionadamente y ahora se está empleando sin demasiada buena fe procesal, porque se usa para contraponer lo grabado con lo consignado formalmente en unas actas cuyo contenido fue aceptado sin reparos». La Sala recuerda además que la Ley permite que los testigos lean por sí mismos la diligencias y el derecho a solicitar enmiendas o rectificaciones.
Por otra parte, el TSJIB no aprecia «violencia o intimidación lanzada contra los testigos» en los interrogatorios del juez y el fiscal.
Con todo, los magistrados creen que «no parece ni lógico, ni habitual, ni siquiera imaginable, que un juez y un fiscal se dediquen a perpetrar delitos estando ambos en sede judicial, acompañados de un funcionario, y sabiendo perfectamente que están siendo grabados mediante el sistema oficial».
También rechazan que el fiscal enviara mensajes de whatsapp a los policías que se encontraban junto al testigo para señalarle a quiénes debía identificar. (CONFILEGAL/EP)
