Imagen de los exconsejeros, ahora en libertad provisional, para los que Vox pide que vuelvan a prisión. EP.
Vox recurre la libertad provisional de los 6 exconsejeros catalanes
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12/12/2017 11:49
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Actualizado: 24/1/2019 17:29
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VOX, como acusación popular en la causa contra el golpe de Estado, denominado ‘procés’, ante el Tribunal Supremo, ha presentado esta mañana en dicho Tribunal, un recurso contra la libertad bajo fianza de los exconsejeros de la Generalitat, Raül Romeva, Carles Mundó, Dolors Bassa, Meritxell Borrás, Jordi Turull y Josep Rull y otro por los mismos hechos referidos a Carme Forcadell, presidenta del Parlamento Autonómico.
VOX argumenta su recurso contra los 6 exconsejeros con tres razones.
Riesgo de fuga
En primer lugar, por riesgo de fuga. Para ello se vale del Auto de 2 de noviembre de 2017 del Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, en la causa acumulada a ésta, en la que se señala que “los investigados vienen operando dentro de un grupo perfectamente organizado de personas, apoyados por asociaciones soberanistas con poder y capacidad para auxiliarles en su posible huida de la Justicia”.
En el recurso presentado por VOX se considera que “los investigados cuentan con la base en Bélgica, nutrida de cuantiosos recursos, financiación y apoyos logísticos, que les podrían proporcionar los huidos Carles Puigdemont, Antoni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig y Clara Ponsatí, investigados también en esta causa y con los que, como se ha acreditado indiciariamente, existe un designio y plan delictivo común, minuciosamente diseñado y ejecutado”.
Por último, se señala en el recurso, que “la celeridad y facilidad con la que los investigados han aportado sus fianzas, que suman varios centenares de miles de euros, es también demostrativa de la existencia de cuantiosos recursos a disposición del grupo, que bien pueden servir para facilitar una fuga internacional como la protagonizada por sus compañeros huidos”.
El recurso también señala el riesgo de reiteración delictiva.
“Los propios actos de los investigados una vez puestos en libertad al participar en diversos mítines electorales y expresar su voluntad de seguir adelante con la secesión de Cataluña de uno u otro modo, son demostrativos de que no ha desaparecido el riesgo de reiteración delictiva si llegado el caso fueran elegidos para puestos políticos o ejecutivos en las próximas elecciones autonómicas catalanas. Muestra evidente de ello es el apoyo expreso, personal y público que los investigados, a los que se les ha facilitado la libertad provisional bajo fianza, han mostrado a los que se encuentran fugados”, se afirma en el recurso.
Destrucción, alteración y ocultación de pruebas
Por último, en el recurso se argumenta también el riesgo de destrucción, alteración u ocultación de pruebas. “No resulta especulativo, sino muy lógico suponer que los investigados ahora liberados puedan apoyarse en la base logística y operativa belga ya mencionada para, junto con los allí fugados, destruir u obstaculizar la obtención de la documentación relativa al llamado «procés» constituyente de la llamada república catalana, que con toda probabilidad han trasladado a dicho país. Tratándose de un grupo organizado de forma metódica y minuciosa, como se ha dicho en las resoluciones judiciales anteriores en esta causa, y dividido en varios subgrupos de cara a dar una respuesta diversa pero coordinada a la instrucción judicial, el riesgo de destrucción de pruebas es idéntico en unos y otros, puesto que todos ellos actúan en concierto y apoyándose entre sí en las diversas áreas de una actuación delictiva organizada. No podemos olvidar que aun no estando ya al frente de sus respectivos cargos y Consejerías, gran parte de la documentación probatoria ha sido incautada por la Policía Judicial en domicilios y despachos particulares, a los que volverán a tener acceso nuevamente al encontrarse en libertad, o a documentación o archivos que se encuentren depositados en organismos, asociaciones o incluso cajas de seguridad a las que solo tendrán acceso para su ocultación, destrucción o manipulación una vez están en libertad”.
En consecuencia, Vox solicita al magistrado instructor del caso, Pablo Llarena, que acuerde nuevamente la prisión provisional, comunicada y sin fianza, de Raül Romeva, Carles Mundó, Dolors Bassa, Meritxell Borrás, Jordi Turull y Josep Rull.
En el recurso, Vox también muestra la conformidad con el mantenimiento acordado de la medida cautelar de prisión provisional, comunicada y sin fianza de Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.
Revocación de la libertad de Forcadell
VOX, al mismo tiempo, ha presentado esta mañana un recurso solicitando la revocación de la libertad de Carmen Forcadell por fraude procesal e intencionalidad de reiteración delictiva, todo ello conforme a lo previsto en el artículo 503 y concordantes de la Lecrm (Ley de Enjuiciamiento Criminal).
Los abogados de VOX justifican su solicitud en su escrito explicando que la libertad provisional a Forcadell se debió a que manifestó al Instructor de la causa que renunciaba a los objetivos golpistas, que acataba el artículo 155 de la Constitución, que la declaración de independencia era meramente «simbólica» y que no tenía intención ninguna de continuar con la actividad delictiva de rebelión y sedición contra el Estado.
Sin embargo, ahora Forcadell forma parte de la candidatura de un partido con claros fines separatistas (ERC, partido que en su artículo segundo de sus Estatutos manifiesta como objetivo principal lograr la «independencia de la nación catalana») y que por lo tanto «es evidente que la investigada ha mentido en su declaración y no tiene la más mínima voluntad ni intención de renunciar a la reiteración delictiva de la rebelión sediciosa de la que es autora junto a otros investigados», afirma Pedro Fernández, vicesecretario jurídico de VOX.
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