El abogado José María Mohedano, que representa al expresidente socialista de la Junta José Antonio Griñán en el juicio de la pieza política del caso ERE, ha asegurado hoy que «es absolutamente falso que se haya apuntado a una hipotética responsabilidad del ex interventor general de la Junta», Manuel Gómez, en su escrito de conclusiones provisionales.
En declaraciones a los periodistas antes de acceder al edificio de la Audiencia de Sevilla, donde desde el miércoles son enjuiciados Griñán junto a su antecesor Manuel Chaves y otros 20 ex altos cargos de la Junta, Mohedano ha aclarado «Eso es falso, porque además se partiría de una base que consistiría en pensar que existe un procedimiento específico del que se deriven responsabilidades penales, y como nosotros pensamos que no se deriva de ese procedimiento específico responsabilidad penal, no sólo de Griñán o de Manuel Chaves, sino tampoco del interventor, es absurdo que se diga eso», ha indicado José María Mohedano.
En su escrito de defensa, leído ayer, Griñán (que se enfrenta a 6 años de cárcel por prevaricación y malversación) alegaba que «todas las actuaciones del Consejo de Gobierno» al respecto de las ayudas de los ERE, se hicieron con los correspondientes «informes» favorables y las modificaciones presupuestarias para pagarlas las aprobó el Parlamento.
Defiende que el «encargado de velar» por la legalidad o ilegalidad del sistema para conceder las ayudas compete a la Intervención General de la Junta -cuyo responsable, Manuel Gómez, es uno de los 22 acusados- y que «ha quedado demostrado» que no era ilegal, ya que el interventor nunca emitió un informe de actuación para paralizar las ayudas por no ver fraude ni riesgo de menoscabo de fondos públicos.
El interventor sí emitió informes alertando de que era «inadecuado» usar transferencias de financiación para dotar desde la Consejería de Empleo, concedente de las ayudas, de fondos a la agencia pública IFA/IDEA, encargada de pagarlas.
«No lo hemos dicho y lo queremos desmentir rotundamente, se parte de una base de la que nosotros no partimos, y es que alguien pueda tener responsabilidad penal por ese llamado procedimiento específico», que, según ha afirmado, «es el mismo que utilizan todas las administraciones del Estado, no sólo las comunidades autónomas, sino la Administración General del Estado», señala el abogado de Griñán.
El abogado de Griñán ha añadido que así «se ha puesto de manifiesto» en el informe del Ministerio de Trabajo sobre los ERE de la Faja Pirítica de Huelva. (EP)
