El PP y el PSOE hacen descarrilar la propuesta de Ciudadanos para acabar con el nepotismo en el Tribunal de Cuentas
Congreso de los Diputados, donde ayer celebró su reunión la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas. Carlos Berbell/Confilegal.

El PP y el PSOE hacen descarrilar la propuesta de Ciudadanos para acabar con el nepotismo en el Tribunal de Cuentas

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28/12/2017 06:10
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Actualizado: 02/8/2018 13:36
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PP y PSOE hicieron ayer descarrilar la “Proposición no de Ley sobre modernización y regeneración del Tribunal de Cuentas» planteada por Ciudadanos ante la Comisión Mixta (Congreso Senado) para las relaciones con el Tribunal de Cuentas que buscaba acabar con el «nepotismo» dentro de esa institución, modificar su actual sistema de elección, de contratación de altos cargos y de funcionamiento, lo que hace que “sea muy permeable a la presión de los partidos políticos, particularmente del PP y PSOE”, que son los que se reparten sus miembros.

Los dos grandes partidos también dejaron fuera de juego otra iniciativa planteada por Unidos Podemos-En Comú Podem y en Mareas que planteaba, también su reforma.

El texto de Ciudadanos fue apoyado por Unidos Podemos y rechazado con los votos de PP, PSOE y PNV.

El diputado de En Comú, Joan Mena, dejó que su grupo considera más adecuado que sean los partidos y no el Gobierno los que pongan sobre la mesa sus propuestas para regenerar el Tribunal de Cuentas.

La comisión también tumbó la idea de Unidos Podemos de crear una ponencia para estudiar esa posible reforma.

El texto recibió el apoyo de Ciudadanos y del PNV, mientras en este caso el PSOE optó por la abstención; el PP votó en contra, puesto que no considera necesario acometer cambios en el Tribunal de Cuentas.

Los socialistas sí son partidarios de reformar el funcionamiento del fiscalizador pero, según anunció su portavoz, Antonio Hurtado, tienen previsto registrar su propia proposición de ley en los próximos meses para mejorar su funcionamiento y dotarlo de más recursos y herramientas para trabajar.

«LOBBISTAS Y OPORTUNISTAS»

Los argumentos se repitieron durante el debate de cada una de las iniciativas, aunque los grupos se mostraron más críticos con la presentada por Ciudadanos, especialmente el PP y PSOE.

Desde el PSOE, Hurtado la tildó de «oportunista» y acusó a Ciudadanos de actuar como «lobby» de algunos de los cuerpos que prestan servicio en el órgano fiscalizador.

También calificó de «irresponsable» a los de Albert Rivera por hablar de «nepotismo» en el seno de un órgano que está, a su juicio, cumpliendo una «función clave y primordial en la defensa del Estado de Derecho».

En opinión del diputado Ciudadanos, Saúl Ramírez, el Tribunal de Cuentas es un órgano «terriblemente politizado» en manos del PP y PSOE que debe renovarse.

Según la formación naranja, dicho organismo recurre de forma excesiva a la cobertura de los puestos técnicos por el procedimiento de libre designación, lo que ha originado casos de nepotismo y favoritismo que han sido objeto de condena por el Tribunal Supremo por “desviación de poder”.

En nombre del PP, Francisco Javier Fernández, ha admitió que «todo es mejorable», pero ha cuestionado uno por uno todo los puntos de la iniciativa de Ciudadanos para justificar su voto en contra.

CAMBIAR EL SISTEMA DE ELECCIÓN

En su texto, Ciudadanos emplazaba al Ejecutivo a iniciar «de inmediato» la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas y de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas para «reforzar la independencia y la eficiencia» del que es el órgano fiscalizador supremo de las cuentas y la gestión del Estado.

La formación naranja planteaba modificar tanto el sistema de elección de los 12 consejeros y de sus presidente así como impedir que se puedan renovar los mandatos de sus miembros, reforzando así la independencia y la eficacia de este órgano constitucional.

Actualmente, la elección de los consejeros se realiza por mayoría de tres quintos del Congreso y del Senado por un periodo de 9 años renovables.

El sistema ha permitido la existencia de consejeros cuasi “vitalicios”, como el que fuera presidente, Ubaldo Nieto (PP) llegó a estar 30 años en el Tribunal de Cuentas; otros, como Ciriaco de Vicente (PSOE) o Juan Velarde (PP), también por el PP,  25 años, por citar los más llamativos.

El presidente actual, Ramón Álvarez de Miranda (PP), el presidente de la Sección de Fiscalización, Javier Mediana (PP), y el presidente de la Sección de Enjuiciamiento, Felipe García Ortiz (PSOE), llevan más de 16 años en el cargo.

Y todavía les resta por cumplir 3 años más en ese órgano. Cuando cumplan este mandato rozarán los 20 años en la institución.

El partido naranja aboga por que los consejeros sean seleccionados mediante una convocatoria pública, un examen de los méritos de los candidatos por una comisión independiente y, por último, una comparecencia de los seleccionados ante la comisión correspondiente del Congreso y del Senado. Los consejeros serían elegidos por un periodo limitado y no renovable.

Tampoco ha salido adelante otra proposición no de ley de Ciudadanos para perfeccionar y actualizar la regulación del deber de colaboración con el Tribunal de Cuentas en su función fiscalizadora.

NO ESTUVIERON NI ERC NI PDECAT

Ciudadanos ponía de manifiesto en su texto que hay entidades como la Agencia Tributaria o la Seguridad Social que sólo están obligadas a cooperar con el Tribunal cuando son ellas el objeto de una fiscalización.

El PP votó en contra, mientras que PSOE, Unidos Podemos y el PNV se abstuvieron. No obstante, todos se pusieron de acuerdo para afear a los naranjas que hayan sometido a votación un «corta pega» de una moción aprobada ya por el propio fiscalizador.

«Innecesaria», fue el adjetivo más repetido para definir esta iniciativa cuyo debate aprovechó la socialista Ana Botella para reclamar a Ciudadanos que, si tanto interés tiene en que los demás colaboren con el tribunal empiece por aplicarse el cuento a sí mismo.

En concreto, recordó que en informe de fiscalización sobre las elecciones municipales de 2015, el Tribunal instó a Ciudadanos a colaborar más con la institución y le recriminó que no hubiera identificado a cinco de sus proveedores con los que había contratado para esos comicios nada menos que por «un cuarto de millón de euros».

A la Comisión no acudió ningún miembro de los partidos separatistas catalanes ERC y PdeCat. EP.

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