La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha criticado la «falta de liderazgo» de Tráfico y del Ministerio de Fomento para imponer su criterio al de Iberpistas, la concesionaria de la AP-6, y cortar el tráfico en la autopista evitando así que más de 3.000 vehículos quedaran atascados por las nevadas. Desde distintas asociaciones de consumidores y usuarios insisten en reclamar indemnizaciones.
A través de un comunicado, el sindicato ha reprochado que, «ante la inoperancia demostrada por parte de la concesionaria de la autopista, la DGT y Fomento deberían haber impuesto su criterio con la información de la que se disponía».
CSIF entiende que el primer responsable es la empresa concesionaria, puesto que dispone de los recursos para que estas situaciones no se produzcan. Máxime cuando «esta concesionaria participó de las radiales ‘rescatadas’ por el Gobierno, R3 y R5«. Por ello, lamentan que «el erario público y los ciudadanos tengan que pagar los platos rotos de una gestión privada y una política dirigida a la privatización».
Además, recuerda que es la Dirección General de Tráfico (DGT) la que gestiona las cámaras dispuestas a lo largo de la autopista, por lo que «se contaba con información sobre la situación de la tormenta y el estado de la vía».
«Como responsable último de la circulación, la DGT debería haber dado orden a la Guardia Civil de cortar el tráfico«, ha asegurado el sindicato.
No obstante, desde CSIF se reconoce la «eficacia» de la Unidad Militar de Emergencias (UME), de Protección Civil y de la Guardia Civil en las actuaciones tras el colapso de la autopista.
«Sucesos como este deben servir para tomar nota y poner al frente de nuestras administraciones públicas a responsables políticos y gestores con la debida experiencia», concluye CSIF en el comunicado.
Reclamaciones por daños
FACUA-Consumidores en Acción ha instado a los afectados a reclamar a la concesionaria de la autopista tanto el importe del peaje como los posibles daños y perjuicios causados, si pueden tasarse y acreditarse, y advierte de que Iberpistas intentará argumentar «causa de fuerza mayor» para evitar asumir su responsabilidad y que haya que ir a los tribunales.
En este sentido, recuerda el precedente con las nevadas de febrero de 2004, cuando unas 4.000 personas quedaron atrapadas en la AP-1, con la ministra Magdalena Álvarez al frente de Fomento. En esta ocasión, los afectados llegaron a percibir 150 euros por cada vehículo y el reembolso de los peajes, que tuvo que abonar Europistas, la empresa encargada de la carretera.
Desde Legálitas insisten en que «Lo aconsejable será presentar un escrito e iniciar una doble vía: por vía administrativa mediante una reclamación patrimonial; y por vía civil frente a la empresa concesionaria (Iberpistas) mediante una reclamación civil en vía extrajudicial.
Aunque advierten que «para ejercer cualquier reclamación es recomendable intentar probar nuestra presencia y los daños ocasionados mediante tickets, fotos, facturas y todo lo que se pueda aportar».
Por su parte, desde el reclamador.es subrayan que «Todos los afectados tienen derecho a reclamar a Iberpistas por los daños morales sufridos al menos 150 euros (el TS en sentencia del 2010 -Sala Primera, de lo Civil, Sentencia 473/2010 de 15 Jul. 2010, Rec. 1993/2006- lo estimó de esta manera), y todos aquellos gastos patrimoniales que puedan acreditar los usuarios como son el ticket de la gasolina, del alojamiento, pérdida de día de trabajo y ticket de peaje, entre otras cuestiones».
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha anunciado la puesta en marcha de una acción judicial colectiva para que los afectados puedan recibir una indemnización por los posibles daños sufridos.
