Los letrados de la Administración de Justicia (antes secretarios judiciales) del partido judicial de Villalba, municipio a 40,3 kilómetros al noroeste de Madrid, han comunicado, al Ministerio de Justicia y a la Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, su profunda preocupación por las condiciones de inseguridad en las que se desarrollan las entradas y registros en las que participan y en las que pueden llegar a jugarse la vida.
Por ello, solicitan la «convocatoria urgente de la Junta de Seguridad en el ámbito territorial de Madrid para tratar de este tema que consideramos de suma importancia» que comparten «todos los compañeros letrados, destinados en Juzgados de Instrucción y Mixtos de Madrid».
De la misma forma, plantean la existencia de un protocolo de actuación que permita garantizar su seguridad en los registros en los que tomen parte.
Chalecos antibalas y Sito Miñanco
En la misiva enviada a ambos organismos, siete letrados firmantes hacen referencia a lo sucedido ayer en dos entradas y registros en su partido judicial, ordenadas por la Audiencia Nacional, dentro de la operación MITO, desplegada por la UDYCO central, y llevada a cabo por la Brigada Central de Estupefacientes.
La figura central era el histórico narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, alias «Sito Miñanco».
Dicha operación realizó simultánemente en varios puntos de España.
En uno de ellos, en la localidad madrileña de Collado Mediano, dentro del partido judicial de Villalba, un policía fue alcanzado por una bala en la clavícula, en un punto que no le cubría el chaleco antibalas.
El agente fue trasladado rápidamente al Hospital Puerta de Hierro para ser intervenido.
Un segundo policía fue alcanzado por varios impactos de bala que, gracias al chaleco, no sufrió heridas.
Los hechos tuvieron lugar cuando varios GEOs fueron a entrar en el domicilio de un sospechoso.
«Aunque la compañera que practicaba la diligencia no sufrió daño alguno, esta situación sí pone en evidencia la absoluta falta de seguridad con la que se llevan a cabo estas diligencias, en especial y precisamente, para el letrado de la Administración de Justicia, autoridad judicial que dirige la misma, conforme a una Ley de Enjuiciamiento Criminal», se puede leer en la carta.
El registro en el que sucedió el tiroteo duró 12 horas, de 7 de la mañana a 7 de la tarde.
Medidas de seguridad
Los letrados de la Admiración de Justicia firmantes llaman la atención, de forma especial, al riesgo que corren ellos.
«De todos es sabido que en este tipo de diligencias los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado llevan chaleco antibalas, escudos, etc. Pero nosotros no llevamos protección alguna», prosiguen.
«Si bien es cierto que los efectivos policiales siempre intentan despejar el inmueble a registrar, esposando y reteniendo a los ocupantes, está claro que siempre existe riesgo de cualquier incidente, personas ocultas, forcejeos. Y así ha ocurrido en ocasiones que han puesto en evidencia la falta de seguridad», afirman.
Reivindicación económica
Los antiguos secretarios judiciales, por último, llaman la atención sobre la baja compensación que reciben por dirigir los registros: 30 euros brutos por cada uno, como «programa de actuación», cuando, según ellos, estas diligencias entran de forma clara en el «marco de actuaciones abonables por ‘productividad'».
«Debería abonarse la cantidad de 106,52 euros por cada entrada y registro», aseguran. Y «debería incrementarse en un punto más por cada hora que se prolongue la entrada y registro a partir de la tercera, desde que comenzó la diligencia», concluyen.
