Son 213 firmantes. 125 catedráticos y profesores de universidad, 77 jueces y 11 fiscales de toda España. Todos ellos han suscrito un «Manifiesto contra la cadena perpetua», promovido por el Grupo de Estudios de Política Criminal y apoyado por las asociaciones Jueces y Juezas para la Democracia, Asociación de juezas y jueces Ágora -escisión de la anterior- y por la Unión Progresista de Fiscales.
En el mismo los firmantes exigen «rigor en el debate legislativo y mediático sobre la delincuencia y la prisión permanente revisable» y la «inmediata derogación de una institución innecesaria, cruel e incompatible con un sistema de intervención penal basado en la razón y en los derechos fundamentales».
En el Manifiesto dicen haber recibido «con sorpresa la contrapropuesta del Gobierno: no sólo el mantenimiento, sino la extensión de la pena a otros supuestos, sin ningún estudio criminológico previo sobre su necesidad ni sobre la eficacia de la reforma de 2015″.
Y afirman que esta es «la respuesta mediática a un problema mediático. Es evidente la ausencia de política criminal, entendida como conjunto de medidas racionales de los poderes públicos dirigidas a prevenir y dar respuesta a la delincuencia, y su sustitución por la propaganda populista».
La culpa la tienen los «casos puntuales»
De acuerdo con los firmantes, «Casos puntuales aparentan ser problemas generalizados. En esas circunstancias es reprobable la puesta en circulación, por personas que ejercen responsabilidades públicas, de la falsa idea de que el problema de la delincuencia tiene un origen legislativo (la supuesta debilidad de la respuesta penal) y una solución también legislativa (el endurecimiento de las penas). No es cierto que mayores penas vayan a evitar hechos tan excepcionales. Jugar con ese sentimiento es jugar con el legítimo dolor de las víctimas».
Para los catedráticos, profesores, jueces y fiscales progresistas, «la respuesta penal es ya suficientemente dura. Sobredimensionarla es un acto de crueldad adicional para las víctimas, pues al tiempo que se les dice falsamente que el problema es, en exclusiva, de insuficiencia normativa, se oculta la falta de respuesta en los ámbitos en los que es indispensable para intentar su prevención» .
Y opinan que «No es honesto introducir en el debate público ideas incompatibles con el sistema de valores propio de un Estado que se pretende constitucional. Tampoco lo es hacerlo con ocultación de datos relevantes para el análisis racional y al amparo de situaciones de dolor de personas concretas que no se merecen ser instrumentos de políticas ajenas».
