La Guardia Civil ha demostrado que la Generalitat de Cataluña se gastó como mínimo 1,5 millones de euros en el referéndum ilegal de independencia del pasado 1 de octubre y desmiente así los informes que les había remitido la administración de esta Comunidad Autónoma en los que acreditaba que ninguna consejería había destinado fondos públicos para el 1-O.
Así lo reflejan en un informe entregado el pasado uno de febrero en el Tribunal Supremo.
En el citado documento la Guardia Civil recuerda que ya ha acreditado un gasto en publicidad en medios de comunicación para el referéndum ilegal de 502.639,61 euros sin contar el IVA.
A esta cantidad añade ahora otra cercana al millón de euros (979.661,96 euros sin incluir el IVA), aunque precisa que aún está por determinar, destinada a los nombramientos de componentes de mesas electorales y tarjetas censales y añade la referencia de la empresa Unipost.
Los datos recopilados por la Guardia Civil dan cuerpo a la acusación de malversación de fondos públicos.
Los agentes exponen en su informe que continúan realizando gestiones para determinar el coste total del referéndum, atendiendo a otras líneas de investigación, entre las que citan las relacionadas con el papel que desarrolló el Diplocat, que dirigía el Consejero de Exteriores, Raül Romeva.
En relación con este último asunto, el informe menciona la investigación que se lleva a cabo de las transferencias realizadas por la delegación de la Generalitat en Bruselas sumando un importe de casi 140.000 euros destinadas a The Hague Center for Strategic Studieses, que «pudieran estar relacionadas» con los gastos de los observadores internacionales que envió esa empresa al 1-O.
La Guardia Civil destaca en el informe la «opacidad» de la Generalitat que se ha puesto de manifiesto en la contestación al mandamiento judicial de 30 de octubre, por el que el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona solicitaba que se le informase de los costes económicos del referéndum ilegal.
La Asesoría Jurídica de la Generalitat respondió al Juzgado que ningún Departamento de la Generalitat de Cataluña había incurrido en coste alguno para el 1-O. Aquella respuesta recopilaba las que habían proporcionado cada uno de los directores de servicio de las distintas consejerías y de Presidencia de la administración catalana.
Una de ellas iba firmada por Elsa Artadi, mano derecha de Puigdemont y otra, por Natalia Garriga, que resultó detenida en la ‘operación Anubis’ llevada a cabo el pasado 20 de septiembre contra los organizadores del 1-O.
EL GOBIERNO AUN NO HA RESPONDIDO A LA PETICIÓN DEL JUEZ
Ahora, la Guardia Civil deja claro que esa respuesta de la Asesoría Jurídica de la Generalitat «se contradice con las actuaciones que se están llevando a cabo, en las que se verifica que efectivamente si se ha producido ese coste» para las arcas públicas.
Y esa «contradicción», añaden, se ve reflejada en los pagos realizados por la Generalitat y que se van viendo en las diligencias ya finalizadas.
Los investigadores hacen constar también que, a la fecha de la presentación de ese informe, el Gobierno no ha respondido a la petición que le cursó el juez, a través de la Delegación del Gobierno en Cataluña, para que acreditara el gasto en que había incurrido la Generalitat para el referéndum del 1 de octubre.
La petición fue realizada por mandamiento judicial del 24 de noviembre pasado al Gobierno de Rajoy, como máximo responsable de la Generalitat en virtud de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, y la orden del secretario de Estado de Hacienda a la interventora de la Generalitat para que ésta acreditara estos extremos fue realizada el 15 de enero. En ella, Hacienda le daba un plazo de 9 días a la interventora. EP.
