El ex ‘número dos’ del PP de Madrid Francisco Granados retoma su declaración a petición propia en el caso Púnica, que inició el pasado día 12 revelando refuerzos» irregulares en la financiación de la campaña de Esperanza Aguirre con el conocimiento de Ignacio González y Cristina Cifuentes.
En esta ocasión, Granados responderá a las preguntas de las fiscales del caso, Carmen García y Teresa Gálvez, y a los abogados de las partes perdonadas ya que en su anterior comparecencia ante el juez únicamente contestó a su letrado al tratarse de una comparecencia a petición propia.
Durante esa primera declaración, del pasado 12 de febrero, aseguró ante el juez Manuel García Castellón que en las elecciones de 2007 y 2011 el PP de Madrid tuvo una campaña oficial y otra «paralela y de refuerzo» financiada en B y exclusivamente para Esperanza Aguirre. En este sentido, quiso dejar claro que, por mucho que él ostentara el cargo de secretario general del PP de Madrid, los que estaban al frente de la toma de decisiones eran González y su equipo. Eso sí, recalcó después que no había ninguna decisión que no conociese Esperanza Aguirre, ya que tenía información de cualquier movimiento tanto en el partido como en el Gobierno regional.
Granados quien no justificó ninguna de sus acusaciones contra excompañeros de partido porque, según él, todo «se puede comprobar» y no hacen falta «papeles», responsabilizó a los expresidentes Esperanza Aguirre y su sucesor Ignacio González de todas las decisiones que se tomaban cuando era consejero en la Comunidad de Madrid, tratando de poner en un mismo nivel a la actual presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes, y eludiendo por su parte cualquier tipo de connivencia al respecto.
Para probar esa pretendida influencia ya entonces de Cifuentes, apuntó a una estrecha relación de ella con González de la que, llegó a asegurar, ella se jactaba abiertamente, llegando a definirla como «la persona, las manos, los oídos, en fin, la voz ejecutiva en el partido, del señor González».
Estas manifestaciones le han valido a Granados una querella de Cifuentes por delitos de injurias, calumnias y contra la integridad moral, al entender que no se basaron en «el legítimo ejercicio del derecho de defensa», sino que fueron dirigidas a dañar el honor y la imagen de la presidenta madrileña.
Por el contrario, la que fuera su jefa, Esperanza Aguirre, ha anunciado que no tiene intención de querellarse por las «mentiras» de Granados, entre otras cosas porque no tiene «dinero para abogados», mientras que González, también imputado en el caso Lezo por corrupción en el canal de Isabel II, no se ha pronunciado.
Pero el exdirigente del PP madrileño no solo habló en la primera parte de su declaración de los tres últimos presidentes en la Comunidad de Madrid, también se refirió a su sucesora en la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid, María Dolores de Cospedal.
Según él, la ahora ministra de Defensa actuó al frente de esa Consejería «con la misma transparencia y honradez» con la que había actuado él.
A preguntas de su abogado, Javier Vasallo, el exconsejero aprovechó para incidir en una de sus líneas de defensa, relativa a que cuando se produjo la adjudicación a la empresa Elsan (de OHL) del metro ligero de Boadilla del Monte, que se otorgó el 19 de enero de 2005, él ya no era consejero sino que en esas fechas ya le había sucedido Cospedal, que tomó posesión de ese cargo el 21 de diciembre de 2004.
