El exsecretario general del PP madrileño y exconsejero, Francisco Granados, ha declarado ante el magistrado del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que eran los expresidentes regionales, Esperanza Aguirre e Ignacio González, quienes controlaban directamente los nombramientos de los cargos al frente de la Comunidad de Madrid.
Francisco Granados no había sido llamado por el magistrado sino que ha hecho sus declaraciones a petición propia ante García Castellón por la pieza relativa a la financiación irregular de la formación popular madrileña.
De acuerdo con fuentes presentes en el interrogatorio, el supuesto cabecilla de la trama Púnica, en un giro en plan «tirar de la manta», ha asegurado que en el caso de la extinta Arpegio, empresa pública del suelo vinculada a la trama, delegó su responsabilidad en el exconsejero delegado, Eduardo Larraz, por orden directa de Esperanza Aguirre.
Larraz está investigado en la trama por las presuntas irregularidades en estas compañías y ya declaró en sede judicial para aclarar la procedencia de los 146 lingotes de oro, valorados en casi dos millones de euros, guardados en una cuenta en Suiza.
En relación al Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid, conocido como Plan Prisma, Granados ha asegurado que Aguirre decidió controlar directamente los fondos de esta partida, de modo que las adjudicaciones de las obras pasaron a depender directamente de Presidencia de la Comunidad de Madrid.
La expresidenta, según Granados, estaba harta de dar dinero a alcaldes, en especial a los del PSOE, para obra pública y que no la invitaran a las inauguraciones. Por esa razón ordenó que fuera la Comunidad de Madrid la que llevara a cabo esas obras a través del Plan Prisma.
Por ello, Aguirre decidió que fuera la Comunidad de Madrid la que hiciera directamente esas obras a través del plan Prisma.
Granados volvió a defender ante García Castellón que el millón seiscientos mil euros que tenía en Suiza era producto de su actividad en bolsa cuando trabajaba en el Crédit Lyonnais; cuando traspasó esa cantidad a David Marjaliza, su exsocio, este le cobró una comisión de 200.000 euros por la operación.
Además, en un momento determinado de su interrogatorio, que ha comenzado a las 10.00 horas, ha afirmado que el expresidente Ignacio González y su sucesora en el cargo, Cristina Cifuentes, mantuvieron una relación sentimental, situándose esta así entre los dirigentes con poder decisorio en Madrid.
CAMPAÑA FUERA DE LA CONTABILIDAD LEGAL
Por otra parte, Granados ha asegurado que en los comicios autonómicos de 2007 y 2011 se llevó a cabo una campaña electoral «paralela» para la expresidenta regional Esperanza Aguirre fuera de la contabilidad legal del partido y que dirigió Ignacio González.
El presunto cabecilla de la trama Púnica ha dicho a preguntas de los medios de comunicación que es «consciente» de la existencia de esta «campaña de refuerzo» que se llevó al margen del ámbito regional del Partido Popular en Madrid y que se pagó a través de gastos de publicidad que se cargaban a empresas del ámbito de la Comunidad de Madrid.
Granados, que ha declarado durante tres horas ante el magistrado García Castellón, ha asegurado que cuenta «la verdad» y que no ha traído documentación a su declaración en sede judicial porque cuando abandona un cargo público sale «con lo puesto».
No obstante ha dicho que todo lo que ha explicado se puede corroborar «porque es verdad».
Sin embargo, fuentes presentes en el interrogatorio han asegurado que la versión que ha ofrecido en sede judicial el exdirigente ‘popular’ se basa en su intuición ya que a el no se le comunicaban todas las decisiones sobre las campañas electorales pese a ser el secretario general del partido en Madrid, porque quien de verdad tenía el control era Ignacio González. EP.
