4.000 puestos de trabajo, muchos de ellos en Juzgados de Paz, podrían verse en peligro si dentro de tres meses la Ley de Registro Civil no cambia o no se aprueba una tercera prórroga para su entrada en vigor, según el sindicato de funcionarios CSIF Sector Justicia.
Entonces, el «Registro Civil pasará a ser competencia de las Comunidades Autónomas, reduciéndose drásticamente el número de oficinas principales», poniendo en riesgo los mencionados puestos de trabajo, afirman en un comunicado.
«Ni se han previsto los medios personales y materiales que precisa la Ley 20/2011 para su entrada en vigor con su redacción actual ni hay programa, ni hay reglamento ni hay personal de las Comunidades Autónomas con la capacitación para poner en marcha ese modelo de Registro civil», añaden.
‘VACATIO LEGIS’, O NUEVA PRÓRROGA
Para este sindicato, sin embargo, vista la paralisis legislativa de esta Legislatura, «es imprescindible aprobar una ‘vacatio legis'», una nueva prórroga.
«Y, para que sea la última, debe iniciarse la negociación sobre el modelo de Registro civil fijando y ordenando los medios personales y materiales adecuados, las competencias de cada cuerpo de Justicia y la puesta en marcha del programa. Sólo así se podrá garantizar el futuro del Registro Civil en la Administración de Justicia», explican.
A RETRATARSE
Para este sindicato, ha llegado la hora de que los políticos que dicen defender los servicios públicos «se retraten».
Una vez que ha sido derrotada la proposición de ley que apadrinaba el Ministerio de Justicia, con los votos en contra del PSOE, Ciudadanos y Podemos, sólo queda una opción, desde su punto de vista: que Unidos Podemos presente su Proposición de Ley para su toma en consideración y que se tramite en el Congreso de forma inmediata.
«Seguimos a la espera de que los responsables del Ministerio cumplan con la palabra dada por el ministro y trasladen a las organizaciones sindicales su posición respecto de la proposición de ley de Unidos Podemos para negociar. El ministro, el día 28 de febrero dijo que la semana siguiente tendríamos ese documento… 15 días más tarde seguimos sin conocerlo», advierten.
CSIF se dirige, en su comunicado, directamente a Unidos Podemos y le exige que presente su propuesta al pleno para que pueda ser debatida y que lo haga de forma inmediata.
