El Tribunal Supremo celebra una la vista pública de los recursos presentados contra las condenas que impuso la Audiencia de Palma en el caso Nóos, entre ellas las de Iñaki Urdangarín, Diego Torres y Jaume Matas.
El alto tribunal estudiará esos y otros recursos, concretamente los presentados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado, y decidirá si mantiene, reduce, anula o endurece las condenas.
Los magistrados Manuel Marchena, Miguel Colmenero, Andrés Martínez Arrieta, Antonio del Moral y Juan Ramón Berdugo celebrarán la vista un año después de que, el 17 de febrero de 2017, se conociera la sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca que rebajó notablemente las penas que pedía la Fiscalía a los principales acusados en este procedimiento.
En la sentencia del caso Nóos, la Audiencia condenó a 7 de los 17 acusados. Sin embargo, únicamente tres de ellos recibieron penas que implicarían el ingreso en prisión en el caso de confirmarse: Urdangarín fue castigado con 6 años y 3 meses de cárcel; su exsocio Torres con 8 años y 6 meses, y el exministro Matas con 3 años y 8 meses.
Del resultado de esta vista dependerán que entren o no en prisión.
Además, de apreciarse el recurso del fiscal, Iñaki Urdangarín vería incrementada su condena hasta los 10 años de prisión.
También podría ver incrementada su condena de considerarse el recurso de la Abogacía del Estado que pidió al Supremo un incremento de 10 meses en la condena de prisión para Iñaki Urdangarín por delitos fiscales en el caso Nóos. Conviene recordar que Urdangarín fue condenado en total a 6 años y 3 meses, de los que 2 años eran por dos delitos fiscales. Además, el exduque fue condenado por prevaricación, malversación, fraude y tráfico de influencias.
La Audiencia absolvió a la infanta Cristina, a quien sí consideró responsable civil, a título lucrativo, por valor de 265.088 euros.
Las magistradas de la Audiencia impusieron penas menores, además de al expresidente balear, a los cuatro miembros de su Gobierno implicados en contratos públicos fraudulentos por valor de millones de euros con el Instituto Nóos.
Los argumentos de Urdangarín, Torres y Matas
En su escrito ante el Supremo, la defensa de Urdangarín insiste en que debe ser anulada porque, entre otras razones, nunca se ocupó de temas contables, financieros ni fiscales en relación con este organismo y «no se puede demandar al olmo por no dar peras». También se opone a los argumentos que da el Ministerio Fiscal para pedir una agravación de la condena por malversación al entender que su actividad no supuso un entorpecimiento al servicio público.
Por su parte, la defensa del expresidente balear y exministro Jaume Matas pide a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que anule la sentencia de tres años y ocho meses de prisión que le impuso la Audiencia de Palma pese a reconocer que el procedimiento seguido para la organización de los Fórum Islas Baleares en 2005 y 2006 «fue profundamente incorrecto hasta el punto de constituir un delito de prevaricación», que esta parte no discute. Por su parte, la Fiscalía insta a un incremento de un año en la condena impuesta al expresidente.
Por lo que se refiere a Torres, cuya defensa pide también al alto tribunal la absolución, fue condenado a ocho años y seis meses de prisión, ocho de inhabilitación especial y multa de 1.723.843,1 euros y a responsabilidad civil, por un delito de prevaricación en concurso con uno de falsedad y otro de malversación (tres años de prisión), uno de fraude a la administración pública (ocho meses), uno de tráfico de influencias (10 meses) uno contra la Hacienda Pública (dos años) y un delito de blanqueo (dos años).
La Fiscalía pedía para él 16 años y medio de prisión pero el tribunal le absolvió varios delitos de malversación, fraude, falsedad documental y estafa. En este tramite ante el Supremo el Ministerio Público pide que la condena del empresario quede en los 12 años y cuatro meses de cárcel.
Podrían acudir al Constitucional
En caso de un fallo desfavorable para los imputados, ello no implicaría necesariamente su inmediato ingreso en la cárcel, pues cabrían, por ejemplo, recursos ante el Constitucional, que podrían, o no, suponer una suspensión temporal de la ejecución de condena.
