Societat Civil Catalana (SCC) y Abogados Catalanes por la Constitución han presentado ante el Tribunal de Cuentas una demanda en la que solicitan que el expresidente de la Generalitat Artur Mas y sus consellers Joana Ortega, Francesc Homs e Irene Rigau devuelvan los 4,9 millones de euros que según ellos costó la consulta del 9N.
En el escrito presentado este martes, SCC y el colectivo de abogados consideran a Artur Mas máximo responsable contable de todos los gastos del 9N y a los consellers les atribuye parte de dichos gatos en función de sus responsabilidades en ese momento, por lo que les acusa de malgastar dinero público «para dar cobertura a una actuación ajena a la función pública».
En concreto, atribuyen a Mas y Ortega los gastos la adquisición del material para la consulta, las aplicaciones y servicios informáticos, el registro de la página web ‘participa2014.cat’ y el seguro -casi 850.000 euros-; a Mas y Homs les relacionan con los gastos de campañas de promoción, reparto de cartas y el centro de prensa -unos 1,3 millones de euros- y a Mas y a Rigau por la compra de ordenadores -unos 2,7 millones-.
Afirman que «con su actuación permitieron que se dispusiera de ingentes caudales públicos para llevar a cabo una actuación ilegal abiertamente desconectada de la función pública», incurriendo en una responsabilidad contable por alcance y malversación en la gestión de fondos públicos.
USO IRREGULAR DE FONDOS PÚBLICOS
Las entidades defienden en su escrito que los demandados, en base a su responsabilidad institucional como presidente de la Generalitat y consellers del Govern, «ordenaron a funcionarios jerárquicamente subordinados y entes públicos dependientes la aplicación irregular de fondos públicos para llevar a cabo una consulta inconstitucional de autodeterminación» el día 9 de noviembre de 2014.
«Con su actuación dispusieron irregularmente de fondos públicos que estaban a su cargo para dar cobertura financiera a una actuación abiertamente inconstitucional, ilegal, carente de cobertura competencial, en manifiesta contradicción con la orden de suspensión que había decretado el Tribunal Constitucional», argumentan.
Recuerdan que la convocatoria del 9N y la organización y logística para realizarla y financiarla con fondos públicos «fueron declaradas inconstitucionales por desborde competencial, y también por incurrir en infracciones constitucionales sustantivas».
«COMÚN ACUERDO»
En este sentido, constatan que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJCat) afirma que la salida de fondos públicos para financiar la consulta «se canalizó a través de una serie de contratos, encargos o encomiendas de gestión que suscribieron, por indicación de los demandados, funcionarios jerárquicamente subordinados o entes dependientes considerados medios propios con distintos contratistas privados».
Además, según ellos, Artur Mas y sus consellers «se concertaron para actuar de común acuerdo y con reparto de papeles, poniendo cada uno de ellos el espacio competencial que tenía al servicio de la consulta» y su contribución fue esencial, en sus palabras, para la celebración de la consulta. EP.
