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Coordinadora de Afectados VPO reclama una partida en los Presupuestos que compense los recortes sufridos

Viviendas de Protección Oficial en Baracaldo (Bilbao).
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La Coordinadora Afectados por las Viviendas de Protección Oficial (VPO) ha remitido la petición al director general de Vivienda, para que incorpore la consiguiente partida presupuestaria en los PGE-2018. Piden  que se haga efectiva la resolución aprobada por el Congreso de los Diputados, del pasado 15 de febrero, por la que se urge a restituir las prórrogas de subsidiación VPO que el Gobierno suprimió a más de 300.000 familias.

Desde este colectivo se indica que con   solo repetir ligeramente al alza la misma asignación presupuestaria de la política de vivienda de 2016 (ya de por sí exigua), se podría empezar a devolver estas ayudas a las miles de familias afectadas.

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La partida presupuestaria 17.261N.782, dedicada a Renta Básica de Emancipación y Subsidiación de las VPO, en caída libre desde que el Gobierno de Mariano Rajoy suprimiera retroactivamente estas ayudas en los recortes sociales de 2013.

La recuperación a nivel estatal supondría unos 140 millones en los presupuestos de este año: una cifra posible y razonable, en un contexto de recuperación económica y de mayor recaudación presupuestaria, teniendo en cuenta además el beneficio social que supondría a la más que deteriorada economía familiar de los miles de afectados de la vivienda protegida.

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En dicha carta enviada a Antonio Aguilar, director general de la Vivienda, con el que mantuvieron con anterioridad una reunión, señala este Colectivo de Afectados que es necesario que se incluya dicha partida para  que permita restituir las prórrogas de subsidiación de préstamos protegidos VPO a más de 300.000 familias. 

“Los afectados exigimos la inclusión de esta partida presupuestaria para que se cumpla la resolución de la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados, del pasado 15 de febrero, por la que se pide la vuelta atrás en los recortes en vivienda protegida realizados en 2012 y 2013” dice la carta

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En ese mismo escrito también se recuerda al señor Aguilar que Sobre esta materia, el Parlamento Europeo mantiene abierta una investigación (expediente PETI 2338/2013) al existir indicios de que se haya vulnerado la normativa europea tanto en materia del derecho a la vivienda

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Se referiría a los  estándares establecidos en la Unión Europea—, como en el ámbito de la seguridad jurídica, la confianza legítima y la buena fe que deberían haber regido las políticas públicas, especialmente en una materia tan sensible como es la vivienda protegida.

Otro dato que se aporta en dicha carta es que la supresión de estas prórrogas ha afectado a más de 300.000 familias, las cuales se han visto abocadas a asumir de sus propios bolsillos un incremento de sus cuotas hipotecarias de entre 90 y 300 euros mensuales para unos préstamos que, además, no pueden dejar de pagar dadas las condiciones exigibles en la vivienda protegida.

Esta medida ha agravado seriamente la ya difícil situación de muchas familias durante la crisis económica y ha conducido, en casos, a la pérdida de su hogar.

Asimismo,  destacan también que es necesario insistir en que los afectados de la vivienda protegida están asumiendo unos tipos de interés que se encuentran por encima de los del mercado libre, circunstancia que el Defensor del Pueblo ya se encargó de denunciar el pasado mes de octubre.

Recuperar la subsidiación a miles de familias

En sede parlamentaria, la portavoz de vivienda del Grupo Popular, Ana Zurita, cifró la devolución de estas ayudas en un total de 700 millones. “Los afectados entendemos que se trata de una gran cifra y, por ello, proponemos que en general esta cantidad sea devuelta a los afectados en los 5 años que, de hecho, preveían los planes de vivienda en su momento”, comentan a esta publicación

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Por ello, se trataría de reservar tan solo una cantidad de 140 millones para los Presupuestos de 2018, así como el compromiso de un montante similar durante los próximos cuatro ejercicios presupuestarios siguientes.

La cifra de 140 millones es perfectamente asumible por los PGE-2018, con que solo se repitiera ligeramente al alza la asignación presupuestaria a la Política de Vivienda del ejercicio anterior. Efectivamente, la Política 26 para el Acceso a la Vivienda y Fomento de la Edificación ha sufrido una reducción de 121 millones (de los ya exiguos 587 millones de los PGE-2016 a los 466 de PGE-2017).

Asimismo, la asignación para la partida presupuestaria 17.261N.782, dedicada a RBE Renta Básica de Emancipación y Subsidiación de las VPO, se encuentra en caída libre desde que el Gobierno de Rajoy suprimiera retroactivamente estas ayudas en los recortes sociales de 2012 y 2013.

Esta Coordinadora nacional destaca que  la cifra de 140 millones no es comparable al volumen de otras cifras que baraja Fomento, como el rescate de las autopistas, que según estimación de los acreedores podría rondar un volumen de 5.000 millones.

En todo caso, si se recuperó con justicia otros recortes sociales del RD-20/2012, como sí ocurrió con la paga extra de los funcionarios (cifrada en más de 2.500 millones para todas las AAPP), ¿Por qué no recuperar también las ayudas a la vivienda que tenían concedidas las más de 300.000 familias?

Con estas razones, los afectados confían  en la sensibilidad social de los grupos parlamentarios para que aprueben la recuperación de estas ayudas que fueron injustamente suprimidas a miles de familias en los recortes sociales de 2012 y 2013.