El Supremo revisará este miércoles la primera condena por el caso Gürtel de Valencia
Los supuestos cabecillas de la trama valenciana de la Gürtel Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, "El Bigotes" (EP).

El Supremo revisará este miércoles la primera condena por el caso Gürtel de Valencia

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03/4/2018 14:20
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Actualizado: 03/4/2018 14:20
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El Tribunal Supremo revisará mañana la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) que condenó a los cabecillas de la trama Gürtel Francisco Correa y Pablo Crespo a 13 años de prisión, a Álvaro Pérez, el Bigotes, a 12 años y a la exconsellera de Turismo Milagrosa Martínez a 9 años.

La vista será pública y tendrá lugar a partir de las 10:30 horas en la sede del Supremo, bajo la presidencia del magistrado Andrés Martínez Arrieta, que también será el ponente de la resolución.

A través de una nota de prensa, la Fiscalía del Tribunal Supremo sostiene que «Que ha solicitado la desestimación íntegra de los recursos formulados por las defensas y la confirmación de la sentencia objeto de impugnación».

Asimismo ha subrayado que «al amparo de los Acuerdos del Pleno de la Sala 2ª del Tribunal Supremo de 26-12-2006 y 27-11-2007, y teniendo en cuenta que las penas impuestas para algunos de los condenados por el delito de malversación de fondos públicos (tanto de prisión como de inhabilitación absoluta) son inferiores al mínimo legalmente imponible, ha solicitado la adecuación de las mismas a los márgenes legalmente previstos en el tipo penal mencionado mediante la imposición de las mismas en el grado mínimo».

Precisamente, por esta condena se encuentran en prisión el ‘cabecilla’ de la red corrupta, Francisco Correa; el considerado ‘número dos’, Pablo Crespo; y el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez ‘El Bigotes’. A ellos, el alto tribunal valenciano les impuso penas entre 12 y 13 años de cárcel por los delitos de asociación ilícitas, prevaricación administrativa, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad documental y cohecho.

En la sentencia citada también resultaron condenados Isabel Jordán (6 años), Cándido Herrero (4 años y 4 meses) y Mónica Magariños (3 años).

El exjefe de gabinete de la consellera Martínez, Rafael Betoret, que ya fue considerado culpable en la «causa de los trajes», también fue condenado a 6 años de prisión y los ex altos cargos de la Conselleria de Turismo Isaac Vidal, Jorge Guarro y Ana Grau, a 7, 4 y 3 años, respectivamente. Todos ellos han recurrido ante el Supremo.

La sentencia deja constancia de que las empresas de Correa recibieron 5.696.428 euros de los fondos públicos de la Generalitat para ejecutar los contratos de representación en Fitur que se han demostrado amañados.

De esa cantidad, 1.937.957 euros corresponden a beneficios percibidos por los trabajos realizados en adjudicaciones de forma ilícita y 176.812 por sobrecostes o duplicidades facturadas a la Generalitat valenciana por su expositor en Fitur entre 2005 y 2007.

El Tribunal Superior de Justicia de Valencia ordenó el ingreso en prisión de Correa, Crespo y Pérez al estimar la petición de la Fiscalía Anticorrupción en ese sentido y con el argumento del riesgo de fuga. Lo hizo en febrero de 2017.

En la sentencia, de 558 páginas, se determinaba que el grupo Correa se creó ex profeso para manipular concursos públicos y lucrarse aplicando márgenes desproporcionados, duplicando partidas y facturando gastos inexistentes.

Asimismo se concluye que la Consellería de Turismo, entre los años 2005 y 2009, alteró los criterios de adjudicación de los contratos y benefició irregularmente a las empresas del grupo Correa, a las que facilitó información privilegiada.

Primera condena de la trama Gürtel

Esta sentencia fue la primera condena de los líderes de la trama Gürtel, que se encuentran pendientes de conocer la resolución de la Audiencia Nacional por los primeros años de actividad de la red encabezada por Correa (1999-2005), cuya vista oral concluyó en noviembre de 2017.

Además, ahora mismo están siendo juzgados por otra pieza de la rama valenciana, relativa a la presunta financiación ilegal del PP de la Comunidad Valenciana.

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