Desde el que el pasado 5 de marzo las asociaciones de jueces y fiscales amenazaran con una huelga el próximo 22 de mayo, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, está tratando de demostrar a propios y extraños que por él no va a quedar, que a él no le pueden acusar de hacer el «don Tancredo».
Por su parte no va a quedar. Y ayer fue una prueba: la presentación-explicación a los medios de comunicación del presupuesto del Ministerio de Justicia para 2018, si la crisis catalana finalmente desemboca en la elección de un presidente de la Generalitat sin mácula y se retira la aplicación del artículo 155 de la Constitución, liberando así el apoyo de los 5 diputados del PNV.
De acuerdo con Catalá, el Estado va a destinar a Justicia 1.926 millones de euros, un 3,1 por ciento más que el año anterior.
La partida más importante, explicó el ministro, es precisamente la de gastos de personal: 1.382,8 millones de euros, o lo que es lo mismo, el 78,7 por ciento del presupuesto total del Ministerio, que tiene, además, un incremento del 2,5 por ciento con respecto a 2017.
Subida del 1,75 por ciento para todo el personal
La subida proyectada para todo el personal de la Administración de Justicia es de un 1,75 por ciento. En lo relativo a jueces y fiscales, la pelota está rodando en la mesa que reúne a las asociaciones y a los Ministerios de Justicia y Función Pública.
La oferta de empleo público proyectado es de 3.759 plazas, y en la Administración de Justicia será de 1.087 nuevas plazas.
De jueces y fiscales, como ya se anunció, las nuevas incorporaciones llegarán a 300.
Por otro lado, se destinarán 108,6 millones de euros a gasto social en áreas de especial sensibilidad para el ciudadano, lo que supone un incremento del 31% respecto a 2017.
En este capítulo, las cuentas del Ministerio de Justicia reflejan el esfuerzo presupuestario derivado del Pacto de Estado contra la Violencia de Género que supondrá asignar.
58,8 millones de euros a la puesta en marcha de medidas de refuerzo de la asistencia jurídica gratuita, a las Oficinas de la Asistencia a las Víctimas y a las Unidades de Valoración Forense Integral, lo que permitirá mejorar con más medios personales y materiales la atención profesional a las víctimas e incrementar el número de mujeres a las que se presta asesoramiento.
La dotación para financiar la asistencia jurídica gratuita se eleva un 32,6% hasta los 48,7 millones de euros con los que se prevé incrementar los importes que se satisfacen por la prestación de este servicio desde los colegios de abogados y procuradores.
Continúa Justicia y Fiscalía Digital
En cuanto a la transformación digital de la Administración de Justicia, el presupuesto de 2018 contempla una inversión de 131,3 millones de euros que permitirán, entre otras actuaciones, consolidar y completar los proyectos de Justicia y Fiscalía digital, diseñar el nuevo sistema de gestión procesal del Ministerio de Justicia, ofrecer nuevos servicios tecnológicos a profesionales y ciudadanos, reforzar la formación a los usuarios de servicios digitales de las sedes judiciales y renovar el equipamiento audiovisual de las salas de vista.
Además, se incrementará la seguridad de los sistemas de la Administración de Justicia a través del fortalecimiento de las infraestructuras del Centro de Proceso de Datos y se pondrá en marcha un nuevo Centro de Control Tecnológico que permitirá mejorar la monitorización en tiempo real de los servicios.
En esta partida se incluyen también 2,8 millones de euros que Justicia invertirá en la transformación y modernización tecnológica del nuevo Registro Civil digital.
