Enrique Barón, expresidente del Parlamento europeo, a favor de «actualizar» la Constitución

El exministro socialista y expresidente del Parlamento europeo entre 1989 y 1992, Enrique Barón, se mostró ayer partidario de reformar la Constitución de 1978, pero «no para reelaborarla de la ‘A a la Z'», sino para «actualizarla».

A su juicio, hay tener una posición «más abierta» a los cambios e ir conquistando consensos poco a poco. »

Es un trabajo de relojería fina», ilustró.

Así se ha expresado Barón durante su intervención en la comisión creada en el Congreso para evaluar el Estado de las Autonomías, en la que los representantes del PP y UPN aprovecharon esta primera sesión, la primera sin Ciudadanos, para censurar su «inexplicable» abandono por razones que, los regionalistas navarros, tachado de «peregrinas».

También lo criticó el propio Barón, quien lo considera «una falta de responsabilidad» y quien cree que no se puede «jugar al escondite» con intereses «cortoplacistas».

El veterano político socialista defendió que la Constitución «ha funcionado y funciona», pero abogó por reformarla y, singularmente, por «actualizar» en «grandes temas» como la igualdad de género en la sucesión a la Jefatura del Estado, la reforma del Senado o en el ámbito europeo.

También hizo referencia los nuevos derechos que cree que deben introducirse en la Carta Magna, entre los que citó la necesidad de que el cuerpo humano no se pueda volver «en una mercancía capitalista» o la de garantizar la protección de datos.

EL GUIÓN DEL CONSEJO DE ESTADO DE 2006

Barón admitió compartir el dictamen que en 2006 redactó el Consejo de Estado sobre una eventual reforma de la Carta Magna, a partir del cual, dijo, se debería haber abierto la vigente comisión territorial del Congreso, que puede ser el prólogo de una posible reforma constitucional.

«No ha habido voluntad política, pero más vale tarde que nunca», apostilló.

En el terreno europeo, Barón puso en valor la necesidad de que en la Constitución haya un pronunciamiento político de la «voluntad» y el «orgullo» de España de formar parte de la UE un «fallo» que no se tuvo en cuenta cuando se elaboró el artículo 93 de la ley de leyes, y en el que además se especifique quiénes forman parte del Estado.

Pero también apuntó que se debe articular la estructura institucional europea en nuestro sistema político para que se dote de carácter normativo a la voluntad de participar en los procesos de decisión de la UE.

Por contra, el expresidente ‘popular’ del Parlamento europeo entre 1997 y 1999, José María Gil-Robles, quien también intervino en la comisión, puso en valor los 40 años de vigencia de la Constitución que, a su juicio, ha sabido «encajar» a España dentro del modelo europeo y ha defendido que «naturalmente» todas las cartas magnas, incluida la española, «pueden y deben» ser reformadas «cuando sea necesario».

Ahora bien, argumentó que en la actualidad su máxima en este sentido es ‘Virgencita, virgencita, que me quede como estoy’, es decir, que «más vale no tocar nada» si no existe un consenso como al menos el que alumbró la Constitución del 78.

«Es básico un consenso muy amplio porque, si no, las reglas no duran, se estropean», dijo.

Y lo mismo defendió en cuanto al modelo autonómico o «federalismo sui generis», como lo describió, donde en el que ha admitido echar en falta «la cooperación entre los entes federados». »

Y sin la participación de las comunidades autónomas no se puede reformar un sistema», advirtió.

Al respecto, señaló que el Senado debería ser un órgano «privilegiado» de cooperación entre autonomías, y también en relación con la tarea de cooperación europea.

Sobre esto último, subrayó que la «ineficacia» de la Cámara Alta se ha suplido por unas subcomisiones en las que «se ha estirado el chicle hasta donde ha sido posible».

«Pero ese chicle ya no da más de sí», puntualizó.

El veterano político ‘popular’ avisó de que en la UE lo que cuentan son los Estados y que las comunidades sólo tienen una representación «funcional», si bien indicó que es posible incrementar su participación pero, eso sí, recalcó que ha de hacerse siempre a través de los Gobiernos nacionales.

Durante su intervención, Gil Robles dijo que existe un «déficit importante» en el control que las comunidades deben hacer de la aplicación de los programas europeos y la ejecución de los fondos, y lamentó que los parlamentos autonómicos tengan «pocos incentivos» para un control «estricto» de los programas europeos.

Sin embargo, afirmó que el juicio de las autonomías en su relación con la UE es «globalmente positivo», ya que las tensiones «normales» de un Estado autonómico no ha dado lugar a «ningún problema» en las instituciones europeas en cuanto a la representación de España.

NO VE RAZONABLE QUE NO SE EXTRADITE A PUIGDEMONT

El político democristiano se ha referido, a preguntas de los comisionados, a la reciente decisión de la Audiencia territorial de Schweslig-Holstein de dejar en libertad bajo fianza al expresidente catalán Carles Puigdemont, pese a que el juez que instruye la causa del procés ha solicitado su extradición a España para que sea juzgado por los delitos de rebelión y de malversación.

El expresidente del parlamento europeo, Enrique Barón, no vio «razonable» esa decisión judicial, con la que, a su entender, el tribunal quiso «sentar la posibilidad de censurar a los jueces de otros países», y la enmarcó dentro de un problema más general, que es el «pulso» que se juega entre algunas jurisdicciones nacionales, como la alemana, para que sus leyes prevalezcan sobre la europea.

Gil-Robles consideró necesario que las colaboraciones judiciales en Europa sean «eficaces», al tiempo que cree «indispensable» que «las jurisdicciones de cada país respeten a la de los demás».

«Si no, no es posible que tengamos un espacio judicial europeo, que es cada vez más absolutamente necesario», concluyó. EP.