Eduardo de Urbano, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, propone modificar el artículo 117 de la Constitución para hacer una referencia a los medios.
El magistrado De Urbano propone reformar el artículo 117 de la Constitución introduciendo una referencia a los medios necesarios
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28/5/2018 12:48
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Actualizado: 28/5/2018 12:48
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El magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, Eduardo de Urbano Castrillo, propone reorganizar la Administración de Justicia bajo un nuevo paradigma para que sea más eficaz, reformando el artículo 117 de la Constitución Española, introduciendo la frase «Se dotará a la Justicia de los medios necesarios para que los procedimientos sean eficaces y se sustancien en un tiempo razonable”.
El citado artículo dice en su primer punto que «La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independiente, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la Ley».
Para el magistrado la gran asignatura pendiente de la Justicia es proporcionar una respuesta que aúne celeridad y eficacia a las controversias que desembocan en los tribunales de Justicia. Por eso considera que la frase es capital.
«Todo lo demás, son palabras», afirma.
Y añade, en «La Reforma del artículo 117 de la Constitución Española», capítulo que forma parte del libro «La reforma Constitucional», que será presentado esta tarde en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y en el que han colaborado 17 expertos, «Es indispensable para dotar a la Justicia de un impulso nuevo y regenerador, que con independencia de medidas legislativas específicas, ha de integrarse en un Sector Público más eficiente y de mayor calidad»,
Considera que esta reforma es viable pues hay precedentes, como el de 2011, cuando se reformó el artículo 135 de la Constitución, por el que se limitaba el déficit.
Actual estado de cosas
«Sabido es que la falta de previsibilidad de un pleito, en su duración, costes e incluso resultado, produce inseguridad jurídica por lo que es preciso que a normas y reglas procesales suficientemente claras se acompañen medios personales y materiales en cantidad y calidad razonables, para contar con una Justicia eficiente», avanza el magistrado en su texto.
Para combatir ese estado de cosas, De Urbano Castrillo propone, además, «modificar el Estatuto del Empleado Público, introduciendo movilidad, flexibilidad e incentivos en los contratos existentes y aprobando un nuevo marco legal para los nuevos contratos, más parecido al sector privado, en contratación, despido o remuneración, para equipararlo al modelo del sector público de países como Reino Unido, Dinamarca o Suecia».
Y añade: «Reservar el estatus de funcionario para aquellos puestos de responsabilidad dentro de las Audiencias Provinciales cuya estabilidad e independencia sean necesarias para el buen funcionamiento de las instituciones, como ocurre en otros países; y regenerar el servicio público, con un nuevo ideario, para conseguir una Administración pública al servicio de los ciudadanos, que no se perciba como un conjunto de trabas, molestias y penalizaciones al ciudadano sino como oficinas que asesoren y ayuden, utilizando su recursos con eficiencia y eficacia, en acciones y políticas, que estimulen el crecimiento, al tiempo que proporcionen seguridad y que priorice las políticas de gasto, para las necesidades más esenciales y ajustando el gasto que se efectúe a los ingresos disponibles».
Justicia Restaurativa
El magistrado, quien durante su tiempo de servicio a la Justicia ha estado destinado dentro del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, considera que, dentro de las reformas que propone, una de ellas debería ser la implantación de la «justicia restaurativa».
De Urbano Castrillo apuesta por «superar el modelo clásico retributivo cuya esencia es la represión, esto es, la fijación e imposición de penas , en particular de las privativas de libertad, cuya duración es muy elevada».
La Justicia restaurativa se abre camino, cada vez con más fuerza, y demanda una regulación legal, cuya oportunidad podría ser su inclusión en la nueva ley de enjuiciamiento criminal que el proceso penal viene esperando desde hace tiempo, según el magistrado.
El juez, en su capítulo, hace asimismo referencia a las 14 propuestas realizadas por las 4 asociaciones judiciales para reformar la Administración de Justicia.
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